martes, 2 de noviembre de 2010

811. EL ESTADO EMPRESARIAL

Para:
tenepal de CACCINI
Arturo Chávez Carmona
Biólogo, poeta y asesor cultural.
Desde Morelia,
Michoacán.
México.

Si bien no es sólo a partir de lo económico que podemos intentar una crítica de los gobiernos panistas y sería más fácil hablar de las fallidas políticas de combate al crimen y de la inseguridad ciudadana reinante, la finalidad de nuestra crítica se dirige hacia lo económico por ser esto lo que está en la médula de nuestro interés, queriendo demostrar el actual estado de postración de la gran masa social de nuestro país ante la principal asimetría de nuestra régimen político económico: la concentración de la ganancia producto del trabajo social.

El actual modelo económico que denominaremos estado empresarial finca sus raíces en ideas económicas bien definidas. La escuela de Chicago que desde la década de los cincuentas inauguraron teóricos como Milton Friedman y George Stigler en aquella universidad norteamericana, como reacción a las ideas keynesianas del Estado de Bienestar. Sus principales postulados fueron el fortalecimiento macroeconómico, el libre mercado y la no intervención del Estado en las relaciones sociales de producción, para que las economías emergentes se sumaran al movimiento globalizador naciente de manera más coherente con los intereses del capitalismo financiero.

En nuestro país entramos en esa fase con el arribo de los economistas a la primera magistratura de la nación, cuando Miguel de la Madrid hurtado es electo presidente. Su auge se expresa con el arribo al Ejecutivo Federal del presidente Carlos Salinas de Gortari después del fraude de 1988 al Frente Democrático Nacional, que tenía como candidato al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Salinas de Gortari trajo a la política nacional la ideología del neoliberalismo, justificación de la aplicación de las ideas de la Escuela de Chicago para modernizar la economía nacional, dejando atrás el desarrollo estabilizador, -un modelo de sustitución de importaciones que buscaba la soberanía económica nacional, y el postulado ideológico del partido revolucionario institucional denominado Nacionalismo Revolucionario.

La obra modernizadora y neoliberal de CSG tuvo su momento cumbre en 1994 al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estableciendo el libre intercambio comercial entre México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. A la par que privilegió el libre mercado y adelgazó la economía estatal privatizando centenas de empresas paraestatales, generó una singular política social asistencialista, apropiándose del término solidaridad acuñado por el movimiento obrero polaco de esos años. En el discurso salinista México había ingresado así al final de su sexenio a los países del primer mundo, colocándose entre las veinte primeras economías desde el punto de vista estadístico, atendiendo a los indicadores macroeconómicos e ignorando las condiciones microeconómicas del gran conglomerado social.

La marginalidad social, el ingreso diferenciado, -pocos ganando mucho y muchos ganando poco-, el abandono del campo y la emigración de la joven fuerza laboral hacia las grandes ciudades y a los países del norte del continente, la omisión de una política de modernización y diversificación industrial y del apoyo a la industria petroquímica que había realizado José López Portillo en su momento, dibujaron el verdadero rostro de la mascarada política que devino treinta años después en una nación asolada por el crimen organizado, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para las jóvenes generaciones; conduciendo a la quiebra de las instituciones de seguridad social y del modelo de educación pública, laica y gratuita, limitando además los apoyos a las universidades públicas y autónomas, por su carácter crítico y gran capacidad de movilización política contestataria.

Estas instituciones de educación superior, verdaderos motores del desarrollo técnico y científico, soportes del avance de las fuerzas productivas, son ignoradas en sus demandas y generadoras de una fuerza laboral calificada sin colocación, ha venido agudizando la reacción política contraria a este modelo privado de guiar una nación, el Estado empresarial. Un estado ya no de bienestar como lo establecía la economía neoclásica, sino de privilegio a los grandes intereses empresariales, produciendo en esas mismas tres décadas la mayor de las contradicciones en México: el empresario más rico del mundo y 50 millones de habitantes viviendo en la pobreza, con menos de tres salarios mínimos como ingreso diario. El noventa por ciento del ingreso nacional se concentra en no más de trescientas familias y las demás sobreviven tan solo con las migajas del diez por ciento del pastel. El producto económico del trabajo social, -de la gran masa de asalariados-, se concentra en una oligarquía económica aliada con el poder político de derecha en el gobierno.

En la base de estos resultados esta la subestimación del valor del trabajo productivo, ya sea calificado o manual. Los sueldos de arranque de los profesionistas recién egresados van de los cuatro mil a los seis mil pesos mensuales, los ejecutivos de experiencia en la cadena básica de mando no rebasan los doce mil pesos de salario al mes. Así también el valor del trabajo manual se conserva al filo de uno a dos salarios mínimos diarios, y los jornaleros agrícolas y urbanos no rebasan el ingreso de los doscientos pesos diarios. En la
industria de la construcción el trabajo a destajo es lo que prevalece, un modelo que esconde la sobreexplotación de un trabajador ya calificado: del albañil, el carpintero, el plomero y el electricista.

El estado empresarial vigente se mantiene y genera su capital sobre los hombros del trabajador asalariado, profesionista u obrero, y aquí se expresa la injusticia social que le es inherente. La renta de la propiedad, de la maquinaria, de la tecnología, del capital financiero, es lo que predomina en el modelo neoliberal, impulsando al empresariado generador si bien de empleos, pero no con salarios justos. Justos en el rasero del salario que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en su artículo 123: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”. La reivindicación política del trabajo asalariado, de los derechos laborales, del valor del trabajo social en su papel central de generador de riqueza, sentaría las bases de una sociedad igualitaria, fraterna y libre, de un Estado social y democrático.

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