Enviado por SINEMBARGO.
Desde México, D.F., para
Tenepal de CACCINI
Por Daniela Barragán.
Agosto 13, 2015 - 00:00 hrs.
Los índices de corrupción, violencia y pobreza –los tres jinetes del
Apocalipsis mexicano– se han disparado en los últimos años. De acuerdo con
diferentes encuestas, esos tres son los temas que más preocupan a los mexicanos
y también son también los que les quitan más recursos. En 2014, esos rubros le
costaron a México 34 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); es decir,
aproximadamente 6 billones 086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza
del país.
Desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien
declaró la guerra a los cárteles de la droga, y ahora bajo el mando de Enrique
Peña Nieto, la corrupción, la violencia y la pobreza han ganado terreno en la
vida diaria de los mexicanos. La corrupción, a decir de especialistas
consultados por SinEmbargo, es la que manda y se convirtió ya en la gran piedra
en el zapato del Gobierno federal, pues de ahí se desprenden las otras dos
grandes problemáticas.
El año pasado, el 2 por ciento de las averiguaciones previas presentadas
por delitos cometidos por servidores públicos tuvieron como castigo la cárcel,
según datos del Censo de Impartición de Justicia. Además hay en total 281 mil
personas desplazadas por violencia y 57 mil 899 averiguaciones previas por
homicidios en los primeros 20 meses de Peña Nieto. Aunado a esto, el número de
pobres se incrementó a 55.3 millones de pobres, lo que significa que 2 millones
personas entraron al umbral de la pobreza desde el inicio de la actual
administración a la fecha.
La corrupción, la violencia y la pobreza generan
cuantiosas pérdidas para México.
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de
México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El 34 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) de México equivale a lo que se gasta en corrupción, violencia y pobreza.
Es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de
la riqueza nacional.
La Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que los problemas
que los mexicanos consideran más importantes son inseguridad y delincuencia (70 por ciento),
desempleo (51 por ciento), corrupción (48.5 por ciento), seguidos de pobreza y
el mal desempeño del gobierno.
El informe
“Perspectivas económicas: Las Américas”, realizado por el Foro Económico
Mundial, reconoce que en América Latina
es notorio el débil crecimiento económico. Esto se debe en gran medida a los
factores externos que han tenido fuertes consecuencias en el debilitamiento de
la confianza de las empresas, en gran medida provocado por los actos de
corrupción y violencia de los países y eso “apunta a que las perspectivas
económicas en la región se enfriarán aún más”.
El conjunto de
estos factores ha mermado el crecimiento económico del país, inhibe las
inversiones, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la
asignación de recursos y profundiza la desigualdad social.
Estos tres
escenarios son problemáticas –que los académicos han calificado como
“multidimensionales”, al tener un inicio y una serie de consecuencias en
diferentes ámbitos y que van desde lo político y económico hasta lo cultural–
tienen un punto de conjunción que es la corrupción.
“La corrupción
tiene costo y es el uso ineficiente de los recursos en una economía en la que
las empresas interiorizan los costos de operar bajo reglas corruptas que les
ayudan a superar ciertas regulaciones o
inversiones. Los costos son aquellos que refieren a la inversión extranjera perdida.
Todo eso erosiona la competitividad del país, en el que estas prácticas están
muy extendidas. Hay un uso ineficiente de los recursos públicos, tanto a nivel
federal como estatal, que deberían ser utilizados para el bienestar de la
sociedad”, dijo el investigador asociado de México Evalúa, Marcos Fernández.
El Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), realizaron el informe “México: Anatomía de la
corrupción”, en el que se señala que este fenómeno se presenta ya en todos los
escenarios del país; la penetración es tal que ha llegado a modificar las
formas de vida de sus habitantes. Repercute de manera negativa en la economía
familiar y ha profundizado la desigualdad.
“Además del
crecimiento, la corrupción también impacta al desarrollo […] la OCDE
[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] concluye que se afecta negativamente algunas variables
del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible,
salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social como es la
confianza”, dice el estudio.
Por su parte, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que este problema es un elemento
determinante en el crecimiento de un país y que los números negativos en este
rubro se deben a eso.
Tan sólo para
2015, el estimado de crecimiento para el país se ha corregido en varias
ocasiones a la baja. En agosto, el Banco de México (Banxico) ajustó la cifra de
2.0 a 3.0 por ciento a 1.7 y 2.5 por ciento; para 2016, pasó de 2.5 y 3.5 por
ciento.
Una de las
consecuencias del desempeño económico fue el aumento en el número de personas
en pobreza: De 2012 a 2014, se incrementó esa cantidad 0.7 por ciento para
sumar un total de 55.3 millones de pobres en el país.
En conclusión,
el 34.1 por ciento de la riqueza del país
se ocupa en corrupción, violencia y para la inversión a la erradicación
a la pobreza.
Para Eduardo
Bohórquez López, director del think thank Transparencia Mexicana, esta cantidad
es preocupante al considerar la caída en los ingresos petroleros que se esperan
para 2016, el tipo de cambio y los recortes presupuestales y agrega: “Si la
inversión en corrupción es permanentemente grave, en 2016, año con pocos
recursos fiscales, se pensarán en otras cosas en las que se debió invertir. Los
recursos serán pocos y escasos, la situación es preocupante”.
EL GERMEN DE LA CORRUPCIÓN
México ocupa de los primeros lugares en los índices de corrupción mundial.
Foto: Cuartoscuro
El Banco de
México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9
por ciento del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El
Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse
con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron
utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos
indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron
32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo destinan
al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción.
De acuerdo con
el Barómetro Global de la Corrupción, en 2013 el 90 por ciento de la población
consideró la corrupción un problema y el 88 por ciento lo consideró una
situación frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los actos
de corrupción aumentaron significativamente en los últimos años, son ya un acto
normal, cotidiano y hasta un “hábito”.
En el Reporte
del Índice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro Económico
Mundial, México ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado de buen
tamaño y un ambiente macroeconómico estable, pero tiene resultados negativos en
el ámbito de “desempeño institucional”, es decir, en el marco administrativo y
legal donde “los individuos, las empresas y el gobierno interactúan
económicamente […] la baja calificación perjudica la competitividad del país”.
Los costos de la
corrupción pueden ser directos o indirectos, pero ambos, son un obstáculo a la
productividad, a la competitividad, a la inversión, y dentro de todo, al
crecimiento.
México tiene
otras calificaciones reprobatorias en desviación de recursos públicos, pagos
extraoficiales y sobornos, favoritismo de funcionarios. En las calificaciones
del Banco Mundial, México tiene una evaluación de 39 (sobre 100 lugares) en su
control de corrupción, además es el cuarto país de América Latina en donde es
más común el pago de sobornos.
En las
principales actividades en las que se suele recurrir a los actos de corrupción,
de acuerdo con la ENCIG, son para trámites (con autoridades de seguridad
pública y permisos de propiedad, principalmente), y por sectores, es más común
que se realice con policías, Partidos Políticos, Ministerios Públicos,
Gobiernos estatales, Diputados y Senadores, y en el Gobierno Federal.
Una de las
características de la corrupción en México es la impunidad. “¿Qué debe pasar
para que un acto de corrupción sea castigado o esclarecido en México? El 95 por
ciento de los actos de corrupción no se castigan”, puede leerse en el documento
“México: Anatomía de la corrupción” realizado por la investigadora María Amparo
Casar.
Para Bohórquez
López, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –que contempla
la modificación de 14 artículos de la Constitución, aproximadamente 14 leyes
federales y varias modificaciones en estados y municipios– significó una seria
revaloración del tema.
“2014 fue el año
en que se puso en duda el paradigma anterior de lucha contra la corrupción, y
se dio paso al Sistema Nacional, que tomará entre tres y 10 años en
establecerse.[…] Se está en el periodo de transición, pero la sociedad todavía
no ve ni cosechará ningún cambio. La sensación de impunidad persiste, la
sensación de que en México no pasa nada está en todas las sobremesas, y
mientras esa idea no cambie, mientras no haya responsables por los actos de
corrupción que se exhiben, la gente no cambiara su percepción y no se le puede
pedir que la cambie por una modificación institucional, tiene que ver resultados
inmediatos”, comentó en entrevista para SinEmbargo.
Marcos
Fernández, también profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador
visitante del Woodrow Wilson Center, advirtió que la tarea de México no será
fácil y señaló la posibilidad de que por una mala implementación no se obtengan
los resultados deseados.
Consideró tres
elementos “fundamentales” para que eso no ocurra y que escapan de una reforma
legal: una prensa libre, que denuncie eficazmente actos de corrupción y que
impulse a actuar sobre esos actos; un poder judicial independiente y
profesional que aplique el marco jurídico federal y estatal; y finalmente, un
servicio civil que funcione y resista las presiones políticas de las
instituciones públicas, que tienen funcionarios nombrados por criterios
políticos que caen en la tentación de querer influir en las investigaciones de
casos de corrupción.
“En estas tres
áreas hay retos sustantivos en México. Con franqueza estamos lejos de estar en
una situación óptima para que estos tres pilares del Sistema Nacional
Anticorrupción funcionen. Hay que
fortalecer aún más esos tres elementos que en nuestros días, merman
sustantivamente la posibilidad de tener el SNA que tanto hace falta al país”,
sostuvo.
LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA
El costo de la violencia durante 2014 fue de 3
billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del
PIB, según el Índice de Paz Global 2015.
Foto: Cuartoscuro
El informe
“Peace and Corruption 2015”, sostiene que en la mayoría de los países donde se
incrementan los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de
paz.
Para la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los factores que afectan
a las instituciones gubernamentales están los costos del terrorismo, costos de
la violencia y el crimen, crimen organizado, y confianza en los servicios
policiales. México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores.
El costo de la
violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es
decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra
contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la
organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por
ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197
mil millones de pesos.
El costo a largo
plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
“Los costos de
la violencia son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son todas las
actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia, como
inversiones, gastos y pérdidas materiales, así como actividades para identificar
y castigar a quienes incurren en delitos relacionados con la violencia. Los
costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que incluyen estimados de la
pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la conducta y en los
traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y de capital social
a causa del miedo, así como la pérdida de libertad”, puede leerse en el reporte
“Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México”,
realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Esos costos son
anticipados, de reparación y de contención. Para el año 2000, de acuerdo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas económicas por violencia
fueron de 12.3 por ciento del PIB, o mil 45 millones de pesos; esto en atención
médica, psicológica, de rehabilitación, gastos en seguridad, procuración de
justicia y seguridad privada (en empresas y hogares).
El aumento de un
homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye
los ingresos municipales en 1.2 por ciento. En 2010, el gasto en seguridad
representó el 6.2 por ciento del total del gasto programable (197 mil millones
de pesos) y para 2011, el gasto fue el equivalente al 15 por ciento del PIB.
Insyde ha
señalado que en el plano microeconómico, ha habido consecuencias como una menor
inversión extranjera y nacional, un desaliento en el ahorro nacional y menos
confianza de un mejor panorama económico a futuro.
Se han
modificado los modos de vida por los hechos de violencia que se viven tanto en
pequeñas colonias como en las ciudades más importantes del país, lo que permea
también las actividades económicas locales: 62 por ciento no dejaron que sus
hijos salieran, 55.1 por ciento dejaron de salir de noche, 44.5 por ciento llevaron
menos dinero en la cartera, 29.4 por ciento dejaron de salir a caminar.
Empresarios
pueden pasar a la informalidad, abandonan los negocios o fingen deterioros, no
amplían operaciones (aunque tengan recursos o existan oportunidades).
MAYOR NÚMERO DE POBRES
El número
absoluto de mexicanos en pobreza aumentó de los 53.3 millones que había en 2012
a los 55.3 millones que se contabilizaron al 2014, lo que representa un aumento
de casi 2 millones de personas, esto de acuerdo con las cifras más recientes
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
La pobreza
extrema bajó de 11.5 millones registrados en el 2012 a 11.4 millones
contabilizados en el 2014. Una reducción de aproximadamente 90 mil personas.
El factor
central del incremento de la pobreza en México son los bajos ingresos y afecta
principalmente a quienes trabajan. En total son 63.8 millones de mexicanos en
pobreza por ingresos que sirven para satisfactores básicos, es la “población
con ingreso inferior a la línea de bienestar”.
México destina
el 3.1 por ciento del PIB a la atención y erradicación de la pobreza a través
de programas sociales, esto es 565 mil 542 millones 986 mil 416 pesos anuales,
de acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Organizaciones
civiles han señalado que México carece de políticas de estado que reduzcan de
manera eficaz la pobreza y la desigualdad, y que por el contrario, se tienen
programas en los tres niveles de gobierno que promueven prácticas clientelares.
Hay 48 programas
federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y
servicios para la empleabilidad y cuestan 120 mil millones de pesos (casi lo
mismo que se destina a Prospera y Seguro Popular). Sin embargo, estos programas
tienen altos costos administrativos y no tienen la cobertura mínima.
Reportera.
