miércoles, 2 de marzo de 2016

7375. PROTECCIÓN A ADULTOS MAYORES ANTE ABUSOS Y DISCRIMINACIÓN.




Por Adriana Hernández Iñiguez.
Diputada por el distrito de La Piedad,
Michoacán. México. Para
Tenepal de CACCINI





Boletín Informativo GPPRI-086.
Morelia, Mich., a 2 de marzo de 2016.

Protección a adultos mayores ante abusos y discriminación: Adriana Hernández.

·       Presentó Iniciativa mediante el cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores

Es notoria la discriminación  y los abusos que enfrentan las personas adultas mayores en diversos espacios, por lo que es necesario fomentar un cambio cultural ante el envejecimiento, que involucre necesariamente el desarrollo de acciones de defensa y promoción de sus derechos fundamentales, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, al presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán.


Es necesario, dijo, crear una conciencia social que rechace el maltrato y abuso que sufren las personas adultas mayores, por eso es de suma relevancia otorgarles asesoría jurídica gratuita, cuando se pretenda afectar sus bienes ya que, el despojo patrimonial, es una modalidad de violencia que se enmarca en un contexto de por sí alarmante, pues el 54 por ciento de las personas de 60 años o más, reportan haber sufrido maltrato por parte de su pareja, familiares o personas cercanas.

La líder del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado sostuvo que la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación, pero es necesario que tal criterio sea, no solo reconocido, sino también hacerlo efectivo en la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.


Agregó que esta iniciativa propone velar por la protección de derechos de los adultos mayores, atendiendo a las necesidades de este sector vulnerable en la sociedad michoacana

Indicó que las reformas y adiciones tienen como objetivo principal, dar vida al Instituto Estatal de la Personas Adultas Mayores, reconociendo de esta manera la urgente necesidad de dar una atención primordial a las necesidades de este sector de la población, que favorecerá la insrumentación de políticas publicas transversales en su beneficio.


La legisladora por La Piedad, agragó que se busca proteger los derechos de los adultos mayores, estableciendo un piso mínimo de derechos que deben ser garantizados, en materia de salud, educación, servicios sociales, apoyos económicos, etc.

Por otra parte, esta iniciativa otorga nuevas atribuciones a las secretarías de Política Social y de Salud y modifica las atribuciones del Consejo Estatal, para que asuma plenamente sus funciones de carácer consultivo y de evaluación de los programas sociales dirigidos a los adultos mayores en todas las entidades y dependencias estatales y municipales.

Finalmente, Hernández Íñiguez resaltó que se presenta un mecanismo de participación ciudadana, por el que cualquier persona podrá presentar, ante las autoridades correspondientes, una denuncia popular por actos que atenten contra la integridad física o emocional, el patrimonio o cualquier derecho en favor de los adultos mayores.

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DIPUTADO RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.

Diputadas, Yarabí Ávila González, Eloísa Berber Zermeño, Adriana Campos Huirache, Rosa María De la Torre Torres, Rosalía Miranda Arévalo, Socorro de la Luz Quintana León, Xóchitl Gabriela Ruiz González y Adriana Hernández Iñiguez; Diputados, Raymundo Arreola Ortega, Juan Manuel Figueroa Ceja, Wilfrido Lázaro Medina, Roberto Carlos López García, Roberto Maldonado Hinojosa, Mario Armando Mendoza Guzmán, y Sergio Ochoa Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultades que nos confieren los artículos 36 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como los numerales 8 fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar ante ésta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente a nivel mundial existen más de 700 millones de personas adultas mayores de 60 años y en América Latina existen 57 millones, es decir, 8.3 de la población total mundial. Ahora bien, en México el 10.41 % del total de habitantes de nuestro país es adulta mayor. En Michoacán el acelerado proceso de crecimiento, la transición demográfica y los cambios poblacionales han incrementado la esperanza de vida y, en consecuencia, el aumento de la población de adultos mayores.

Las presentes reformas y adiciones a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, tienen como objetivo principal dar vida al Instituto Estatal de la Personas Adultas Mayores y desarrollar los objetivos de la política social en la materia para y así proteger sus derechos en lo relativo a sus condiciones y circunstancias personales relativas a su edad, género, estado físico, creencias religiosas, origen étnico, preferencia sexual, condición de salud, condición social o cualquier otra que atente a su dignidad,  de ser marginada o discriminadas en los espacios públicos o privados, así como la protección de su patrimonio personal y familiar, con el fin de evitar el despojo patrimonial por parte de los familiares de los Adultos Mayores.

Asimismo esta iniciativa pretende modificar las atribuciones del Consejo Estatal, toda vez que al crearse el Instituto como instancia ejecutiva, dicho consejo asumiría sus funciones de carácter consultivo.

Según datos obtenidos en encuestas sobre discriminación en México, existe un 35 por ciento de la población, que ha sentido que la edad ha sido motivo para que no se les respeten sus derechos y suelen sentirse desprotegidos y vulnerables, siendo importante garantizar los derechos de este sector de la población así como la protección de sus derechos fundamentales.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), en sus Proyecciones de la Población de México, 2000-2050, plantea que los adultos mayores abarcan cada vez más una parte significativa de la población.  La proporción de la población total de este grupo se incrementó en el año 2010 en 8.84%, y en este 2015 en 10.41%, para el 2020 en 12.45% hasta llegar en el año 2050 a un incremento de casi 28%. Este escenario trae consigo una serie de desventajas, no solo para este sector en particular, también para la población en general, siendo necesario fomentar, el desarrollo de una profunda cultura ante el envejecimiento que involucre necesariamente el desarrollo de acciones de promoción y difusión de los derechos humanos, con el objetivo de generar el reconocimiento, protección y respeto de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores en toda la población. El 50% de los adultos mayores en Michoacán viven en pobreza, pobreza alimentaria y vulnerabilidad, de los 300 mil mayores que se tienen del último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 65% no cuenta con pensión ni jubilación. Pero la cifra real de quienes viven en marginación y vulnerabilidad oscila en los 150 mil “mayores”.

Es así que el envejecimiento poblacional es el resultado de una profunda transformación socioeconómica que plantea nuevos desafíos en la economía, el tratamiento de las necesidades específicas de la población adulta mayor, el replanteamiento de las políticas públicas y la planeación del futuro que reflejen este cambio en la estructura poblacional.

En otras épocas y culturas, las personas adultas mayores eran tratadas como gente sabia y muy bien valorada debido a su experiencia y conocimientos transmitidos a otras generaciones. En la actualidad, nuestra realidad contrasta con el pensamiento de otras épocas ya que ahora los adultos mayores son comúnmente asociados con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad lo cual los ha dejado en situación de abandono, maltrato, exclusión y víctimas de discriminación, lo cual ha restringido su acceso a derechos fundamentales establecidos en Convenios Internacionales y en nuestra Carta Magna.

Es notoria la discriminación que enfrentan las personas adultas mayores en diversos espacios, y peor aún, la situación se agrava cuando son además mujeres, indígenas o llegan a padecer alguna discapacidad ya que eso los coloca en mayor grado de marginación, exclusión, rechazo y hasta violencia.

Es necesario crear una conciencia social que rechace el maltrato y abuso que sufren las personas adultas mayores y mostrar a la población que las personas adultas mayores pueden ser autosuficientes en todos los sentidos y que de no ser así, es necesario que los michoacanos los incluyamos en acciones donde puedan desenvolverse, aprovechar sus capacidades, experiencia y conocimientos para establecerse en un ambiente de cordialidad y respeto hacia su persona y con ello lograr una mejor calidad de vida en los aspectos económico, social y médico.

Como sociedad, debemos desplegar todas nuestras iniciativas, para que este tipo de situaciones, no sucedan, logrando un cambio social importante, con la intervención de muchos actores sociales en especial, con la irrupción inmediata de los Servicios Sociales, Asistenciales y rediseño de Políticas Públicas acordes con las necesidades concretas que hoy en día presenta este sector vulnerable,  para así evitar segregación social a este grupo importante de personas que, en algún momento, fueron personas económicamente activas y productivas en nuestra sociedad.

Así mismo se atiende a lo dispuesto en nuestra Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del Estado, que prohíbe todo tipo de discriminación, siendo necesario que tal criterio sea, no solo reconocido, sino también hacerlo efectivo en la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.

Es por ello que el presente Proyecto de Iniciativa vela por la protección de derechos de los adultos mayores atendiendo a las necesidades de este sector vulnerable en nuestra sociedad michoacana, considerando entre otros derechos, uno que consideramos de relevancia y que es el que cuenten con asesoría jurídica gratuita y un representante legal cuando se pretenda afectar sus bienes personales o familiares ya que, el despojo patrimonial, es una modalidad de violencia que se enmarca en un contexto de por sí alarmante, pues el 54 por ciento de las personas de 60 años o más, reportan haber sufrido maltrato por parte de su pareja, familiares o personas cercanas.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es que se somete a la consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción II del artículo 9, los artículos 28, 29, 31 y 36; y se adicionan: las fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII al artículo 2, un inciso k) a la fracción I, y una fracción IX al artículo 4, las fracciones de la XXXVIII a la XLVIII, recorriéndose en su orden la actual XXXVIII del artículo 9, un artículo 9 bis, las fracciones V y VI al artículo 15, una nueva fracción XXXII al artículo 16 recorriéndose la subsecuente en su orden, los artículos 18 bis, 18 ter, 18 quater, 18 quinquies, 18 sexies, 18 septies, 39 bis y 39 ter, todos de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2. Para efectos de la presente Ley se entendepor:

I a XXII….

XXIII. IEPAM. El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores;
XXIV. Integración social. Es la consecuencia de las acciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; las familias y sociedad organizada, orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral;
XXV.     Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio, la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;
XXVI.   Desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. Proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas e inequidades de género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente; y
XXVII. Reglamento. El Reglamento Interior del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores.


ARTÍCULO 4. La aplicación, seguimiento y observancia de las disposiciones de esta Ley corresponden:

I. Al Titular del poder Ejecutivo a través de las siguientes dependencias:
a)    al j)……
k) El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM).
II a VIII…
IX. Ciudadanos y Sociedad Civil Organizada.


CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO  9.  De  manera  enunciativa  y  no  limitativa,  esta  Ley  reconoce  y garantiza a las personas adultas mayores, así como los señalados en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:

I…
II. Recibir asesoría jurídica de manera gratuita por parte de las instituciones del Estado y de los gobiernos municipales en cualquier asunto administrativo, judicial o extrajudicial en que sea parte;
III a XXXVII…
XXXVIII. Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores, cuando se requiera;
XXXIX. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia;
XL.       A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades, en caso de no contar con una;
XLI.      A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo;
XLII.     A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio;
XLIII.    A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana;
XLIV.    Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso o acceso adecuado;
XLV.     A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros, y

XLVI. De la denuncia popular, es decir, toda persona, grupo social, organización gubernamental, asociación o sociedad, podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir un daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores;
XLVII. Atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público; y
XLVIII. Las des que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.


CAPÍTULO IV
DE LA POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ARTÍCULO 9 bis. Son objetivos de la Política Estatal sobre personas adultas mayores los siguientes:

I.                Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad como ser humano;
II.              Garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos, sean residentes o estén de paso en el territorio estatal;
III.            Garantizar igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses;
IV.           Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los programas y servicios que presten a este sector de la población, a fin de que cumplan con las necesidades y características específicas que se requieren;
V.             Impulsar la atención integral e interinstitucional de los sectores público y privado conforme a los ordenamientos de regulación; y vigilar el funcionamiento de los programas y servicios de acuerdo con las características de este grupo social;
VI.           Promover la solidaridad y participación ciudadana para consensuar programas y acciones que permitan su incorporación social, a efecto de alcanzar un desarrollo justo y equitativo;
VII.         Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de edad, género, estado físico o condición social;
VIII.       Promover la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y ejecución de las políticas públicas que les afecten;
IX.           Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores observando el principio de equidad de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres, así como la revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural y familiar, así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer;
X.             Fomentar la permanencia, cuando así lo deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario;
XI.           Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que permitan al país aprovechar su experiencia y conocimiento;
XII.         Impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores, y garantizar la asistencia social para todas aquellas que por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas;
XIII.       Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para ese sector de la población, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XIV.      Propiciar su incorporación a los procesos productivos emprendidos por los sectores público y privado, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes;
XV.        Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a la planta productiva del país, y en su caso a su desarrollo profesional;
XVI.      Fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población adulta mayor;
XVII.    Fomentar la realización de estudios e investigaciones sociales de la problemática inherente al envejecimiento que sirvan como herramientas de trabajo a las instituciones del sector público y privado para desarrollar programas en beneficio de la población adulta mayor;
XVIII.  Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las personas adultas mayores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general respecto a la problemática de este sector;
XIX.      Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos; y
XX.        Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores.

SECCIÓN V
DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL

ARTÍCULO 15. Corresponde a la Secretaría de Política Social en el Estado en materia de adultos mayores las siguientes atribuciones:

I a IV. …

V.   Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, seguimiento y financiamiento de los programas de atención a las personas adultas mayores; y
VI. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para acciones de atención dirigidas a las personas adultas mayores.

SECCIÓN VI
DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ARTÍCULO 16. Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, en materia de personas adultas mayores las siguientes atribuciones:

I. … a XXXI …

XXXII.   Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas, comprenderán los siguientes aspectos:
a.   Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad; y
b.   Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se generen.

XXIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

SECCIÓN IX
DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ARTÍCULO 18 bis. Se crea el IEPAM como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, el cual será el rector de la política estatal a favor de las personas adultas mayores.

ARTÍCULO 18 ter. Corresponden al IEPAM, las siguientes atribuciones:

I. Adoptar y fomentar medidas de prevención para que la familia participe en la atención integral de los adultos mayores;
II. Ampliar los mecanismos de información a la población a fin de que se conozcan alternativas alimentarias para las personas adultas mayores;
III. Asistir a las personas adultas mayores en situación de violencia, o vulnerabilidad con estancias temporales;
IV. Garantizar el derecho de ingresar voluntariamente a una casa hogar o albergue, o por el contrario, respetar su decisión a no ser internado;
V. Implementar programas de prevención y protección a quienes se encuentren en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar, albergarlos o canalizarlos a instituciones adecuadas;
VI. Procurar servicios de albergues y estancias, con el objeto de satisfacer las necesidades básicas de aquellas personas adultas mayores que carecen de hogar y de familia o con graves problemas de integración familiar;
VII. Brindar los servicios de asistencia social y atención integral que le corresponda;
VIII. Coadyuvar con la Procuraduría General de justicia del Estado, en la atención y tratamiento de las personas adultas mayores víctimas de cualquier delito;
IX. Presentar denuncias ante las autoridades competentes, cuando sea procedente de cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y en general, cualquier acto que perjudique a las personas adultas mayores;
X. Dar seguimiento respecto de las quejas y denuncias, sobre la violación de los derechos por maltrato, lesiones, abuso físico, psíquico, sexual, abandono, descuido, negligencia y explotación;
XI. Coordinar con la Secretaría de Educación en el Estado, la difusión de los programas que tiendan a promover una cultura de respeto y consideración hacia las personas adultas mayores;
XII. Difundir entre la población en general, de manera coordinada con otras instituciones competentes, la cultura de dignificación, respeto e integración al núcleo familiar y social de las personas adultas mayores, a través de los programas que para tal efecto diseñe;
XIII. Diseñar y aplicar en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, los programas de asistencia social;
XIV. Participar en coordinación con la Secretaría de Salud en el Estado, en la definición de los criterios para la atención de los padecimientos y enfermedades;
XV. Proporcionar la asistencia social en conjunto con el DIF a nivel municipal, previa la celebración de los convenios respectivos con la Delegación Estatal del INAPAM, para proporcionar esta asistencia a aquellas personas adultas mayores en situación de riego o desamparo;
XVI. Estimular a la sociedad en coordinación con la Delegación Estatal del INAPAM, para que participe en acciones concretas en beneficio de este sector de la población;
XVII. Establecer convenios con instituciones públicas y privadas dedicadas a la comunicación masiva, para la difusión de una cultura de aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores;
XVIII. Fomentar la creación de grupos de convivencia en el Estado;
XIX. Garantizar la prestación de servicios de asistencia social en forma gratuita, conforme al grado de vulnerabilidad y a los lineamientos específicos de cada programa, en especial en las áreas de seguridad de su patrimonio y asistencia alimentaria;
XX. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de sus derechos;
XXI. Integrar un sistema de información sobre las condiciones socioeconómicas de las personas adultas mayores, que contribuya al mejor diseño y planeación de los programas en la materia;
XXII. Vigilar a las instituciones que prestan cuidado y atención a través de mecanismos de seguimiento y supervisión;
XXIII. Organizar y difundir campañas de orientación e información nutricional de acuerdo a las condiciones físicas de este sector;
XXIV. Promover la coordinación con las instituciones federales y locales de salud así como de educación, para implementar programas de sensibilización y capacitación con objeto de favorecer la convivencia familiar;
XXV. Promover la creación de establecimientos destinados al cuidado, atención, enseñanza y entretenimiento;
XXVI. Proporcionar protección jurídica y psicológica a las personas adultas mayores que hayan sido afectadas por medio de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial;
XXVII. Proporcionar y canalizar instituciones que les faciliten en forma gratuita, servicios de asistencia y orientación jurídica que requieran, cuando sean parte de procesos jurisdiccionales o administrativos, especialmente en los relacionados con el patrimonio, alimentos y testamentos;
XXVIII. Realizar campañas de sensibilización en coordinación con la Delegación Estatal del INAPAM, para la prevención de la violencia, abandono y auto abandono;
XXIX. Rehabilitar a las personas adultas mayores con discapacidad en los centros especializados;
XXX. Ejercer y aplicar con responsabilidad y transparencia de los recursos asignados para los programas que tenga bajo su responsabilidad;
XXXI. Tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo;
XXXII. Vigilar que las instituciones públicas y privadas presten a las personas adultas mayores el cuidado y la atención adecuada;
XXXIII. El establecimiento de los programas asistenciales de apoyo a las familias para que la falta de recursos no sea causa de separación de las personas adultas mayores;
XXXVIV. Expedir su Estatuto Orgánico;
XXXV. Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores; y
XXXVII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 18 quáter. El IEPAM tendrá un Director General y los servidores público–administrativos, operativos y técnicos que requiera para el cumplimiento de su objeto.

El Director General será nombrado por el Gobernador del Estado y deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán.

El Director General tendrá las atribuciones a que se refieren los artículos 19 y 20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán.

ARTÍCULO 18 quinquies. El patrimonio del Instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Política Social, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado;
III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras;
IV. Los ingresos que obtenga por las actividades que realice, conforme a las disposiciones legales aplicables;
V. Las aportaciones de los ayuntamientos, así como del Distrito Federal, por la prestación de los servicios a su cargo; y
VI. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

El IEPAM contará con un órgano de control público cuya integración y facultades corresponderán a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.

ARTÍCULO 18 sexies. Las relaciones de trabajo entre el IEPAM y sus trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.

SECCIÓN X
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ARTÍCULO 18 septies. Corresponde al Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, garantizar:

I.              Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella; y
II.      El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.


CAPÍTULO X
DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ARTÍCULO 28. El Consejo estará integrado por:
I. El Titular del Poder Ejecutivo o la persona que este designe, quien lo presidirá;
II. Conformarán el cuerpo colegiado los representantes de las siguientes dependencias estatales:
a) Secretaría de Política Social;
b) Sistema DIF Estatal;
c) Secretaría de Salud;
d) Secretaría de Educación;
e) Secretaría de Desarrollo Económico; y
g) Secretaría de Cultura.
III. El Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado.

ARTÍCULO 29. El Titular del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores fungirá como Secretario Técnico del Consejo.

ARTÍCULO 31. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en acciones y programas que tengan por objeto proporcionar apoyo, atención y servicios a las personas adultas mayores de la Entidad;

II. Proponer estudios e investigaciones que contribuyan a identificar los problemas más frecuentes en los adultos mayores para elevar su calidad de vida;

III. Organizar grupos de trabajo multidisciplinarios;

IV. Promover campañas interinstitucionales de sensibilización a la población a fin de fomentar la cultura de protección, comprensión, cuidado y respeto a los adultos mayores;

V. Ser un órgano de consulta y asesoría para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de los gobiernos municipales y en su caso para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o ejecuten programas para los adultos mayores;

VI. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las personas adultas mayores;

VII. Fomentar las investigaciones y publicaciones gerontogicas;

VIII. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, estancias o cualquier otro centro, se realice con calidad y cumpla con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo integral;

IX. Participar en la evaluación de programas para la población de personas adultas mayores, así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, los lineamientos y mecanismos para su ejecución;

XI. Fomentar la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la plena integración de las personas adultas mayores en la vida económica, política, social y cultural;

XII. Aprobar el plan anual de trabajo del IEPAM;

XIII. Conocer, analizar y en su caso formular observaciones sobre el informe anual de trabajo que presente el IEPAM detro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal corespondiente,

XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las anomalías que se detecten en el mal uso de los recursos blicos destinados para este sector;

XV. Impulsar ante las instancias que correspondan, la ejecución de políticas y acciones de fomento educativo, de salud, de asistencia y desarrollo social;

XVI. Proponer que se integre en los planes y programas estatal y municipales de desarrollo urbano, así como en lo referente a las construcciones, se realicen obras  e  infraestructura  acorde  a  las  necesidadede  las  personaadultas mayores; y

XVIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 36. El Consejo sesiona semestralmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando a lo decidan la mayoría sus integrantes.

CAPÍTULO XI Bis
DE LA DENUNCIA POPULAR

ARTÍCULO 39 bis. Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos humanos que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores, la cual podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I.    El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y en su caso, de su representante legal;
II.   Los actos, hechos u omisiones denunciados;
III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora; y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

ARTÍCULO 39 ter. Los procedimientos se regirán conforme a los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán expedirá el Reglamento Interior del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores dentro de los ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado instruirá que se realicen los trámites correspondientes a fin de que se transfieran al IEPAM los recursos humanos, materiales y financieros actualmente destinados a la atención de las personas adultas mayores, y proveerá lo neesario para que en el proyecto de presupuesto de egresos para ejercicio 2017 se consideren los recursos suficientes para su operación.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a los 29 veintinueve días del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis.


ATENTAMENTE



DIP. YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ
DIP. ELOÍSA BERBER ZERMEÑO



DIP. ADRIANA CAMPOS HUIRACHE



DIP. ROSA MARÍA DE LA TORRE TORRES



DIP. ROSALÍA MIRANDA ARÉVALO
DIP. SOCORRO DE LA LUZ QUINTANA LEÓN



DIP. XOCHILT GABRIELA RUIZ GONZÁLEZ
DIP. ADRIANA HERNÁNDEZ IÑIGUEZ





DIP. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
DIP. JUAN MANUEL FIGUEROA CEJA



DIP. WILFRIDO LÁZARO MEDINA
DIP. ROBERTO CARLOS LÓPEZ GARCÍA



DIP. ROBERTO MALDONADO HINOJOSA
DIP. MARIO ARMANDO MENDOZA GUZMÁN




DIP. SERGIO OCHOA VÁZQUEZ






La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

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