domingo, 20 de marzo de 2016

7441. LAS REDES CRIMINALES DE WASHINGTON.

Reporte Z

Por Rafael Gomar Chávez.
Filósofo y periodista.
Desde Michoacán.
México. Para
Tenepal de CACCINI

Las redes criminales de Washington

El poder y la fuerza son diferentes, la fuerza es coercitiva, es violenta, es doctrinaria y necesita un móvil, una causa, un punto de apoyo; ejemplos de la fuerza son el ejército, las armas, la ley. El poder es silencioso, invisible, no requiere móviles ni argumentos, no necesita puntos de apoyo, el poder es energía espiritual.

“Recordad que a lo largo de la historia, siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre.”
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Político y pensador indio.


Documentos desclasificados revelan la conexión del gobierno de Estados Unidos con los golpes militares en Chile y Argentina en los años 70. El secretario de Estado en ese tiempo, Henry Kissinger, dio luz verde a los militares argentinos y los apresuró a actuar manifestando su apoyo a los represores abiertamente. Durante la represión fueron torturados, desaparecidos y asesinados más de 20 mil ciudadanos argentinos.

Kissinger está relacionado con el golpe de Estado en Chile y en otros países y nunca ha sido siquiera citado a declarar ante la justicia. El judío-norteamericano fue asesor de la actual pre candidata del partido demócrata Hillary Clinton y ha tenido influencia en el gobierno desde los años 70s cuando desde Washington se planearon los ataques a las democracias sudamericanas.

Organizaciones de derechos humanos argentinos apoyados en la Ley de Libertad de información lograron que en 2002 el gobierno de Estados Unidos desclasificara documentos “secretos” de la relación del gobierno estadounidense con los militares golpistas sudamericanos. Sólo la CIA y el Pantágono no han entregado los documentos.

Henry Kissinger es un perverso judío estadounidense ligado a organizaciones secretas que controlan áreas estratégicas del gobierno norteamericano; es promotor y autor del plan de despoblación mundial que pretende reducir drásticamente la población mundial.

La política depredadora de Estados Unidos no ha terminado, pero ahora no apoya abiertamente a dictadores y militares,  detrás de la ola represiva contra luchadores sociales y ambientalistas de toda América, la auténtica América, están los grandes corporativos con capitales norteamericanos, principalmente estadounidenses. El último asesinato contra líderes sociales que defienden los recursos naturales de sus pueblos se registró esta semana en Guatemala en donde la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) denunció el asesinato a balazos de uno de sus dirigentes, Walter Campos, opositor a la deforestación y a proyectos hidroeléctricos en la región fronteriza con México y Belice.

Apenas hace unos días en Honduras la luchadora indígena ambientalista Berta Cáceres y el dirigente campesino Marleny Reyes fueron asesinados. El ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, que se encontraba en la casa de la víctima cuando fue asesinada, todavía permanece detenido en Honduras sin que el gobierno mexicano haga algo por proteger su vida e integridad.

No se trata de asesinatos aislados, las muertes violentas de luchadores sociales que defienden la naturaleza es parte de un plan que se aplica sistemáticamente desde México hasta Argentina. Los activistas sufren el acoso de sus gobiernos, cómplices de los corporativos trasnacionales. Los activistas son asesinados y las comunidades indígenas sufren la represión legal y por la fuerza de las armas.

Miguel Concha relata el caso de Juan Carlos Flores Solís que es “es un ejemplo emblemático de este preocupante fenómeno de criminalización. Portavoz del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, se ha opuesto a la construcción del gasoducto Morelos desde 2006, parte del megaproyecto de energía Morelos, liderado por empresas españolas e italianas. Dicho proyecto ha sido fuertemente criticado por no haber consultado previamente a las comunidades afectadas, y por suponer violaciones a sus derechos a la vida, salud y agua. Sin embargo, como resultado de la labor de documentación y defensa de las comunidades aledañas al volcán Popocatépetl afectadas por el megaproyecto, Juan Carlos fue detenido y privado de la libertad en un centro de reclusión por los delitos de oposición a obras públicas y ataques a obras hidráulicas. Su caso evidencia la falta de una política de protección efectiva de los defensores amenazados, así como la falta de independencia e imparcialidad de las instancias judiciales. En efecto, éstas contribuyen a su criminalización, pues en ocasiones privilegian los intereses de poderes políticos y económicos por encima de los de las comunidades.”

El caso de Juan Carlos (Foto) es sólo uno de muchos que pasan desapercibidos y que muestran la complicidad entre el Estado y los grandes corporativos. De esto se desprende la urgencia de tener gobiernos libres y jueces honestos que representen los intereses de los ciudadanos, no de los corporativos.

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