jueves, 28 de julio de 2016

7861. MEDIDAS CAUTELARES.

Por ERNESTO REYES FLORES.
Abogado sindicalista.
26/julio/2016. 
Desde Morelia, Michoacán. 
México. Para
Tenepal de CACCIN

Medidas Cautelares.

Como lo comenta Exposición de Motivos, de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, nos comenta lo siguiente, cito textual (sic):  

I. “Antecedentes”. 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes consolida las sucesivas reformas que desde 2005 han tenido lugar en México para garantizar una adecuada implementación de las obligaciones previstas en el derecho internacional de los derechos humanos que han sido asumidas por el país desde hace ya algunas décadas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y que entró en vigor para México en 1990, establece sendos apartados que consolidan la doctrina de la protección integral a favor de niñas y niños en conflicto con la ley penal. Son diversos los instrumentos de derecho emergente (soft law) que dieron lugar a este cambio de paradigma para el procesamiento de adolescentes en conflicto con la ley que sustituyó a la pertinaz e influyente doctrina de la situación irregular, misma que justificaba la intervención preventiva sobre la base de predicciones sobre la delincuencia juvenil. Entre los instrumentos normativos internacionales que sirvieron de antecedente a la Convención sobre los Derechos del Niño cabe citar a la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de menos en 59; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (en adelante, Reglas de Beijing) aprobadas el 28 de noviembre de 1985; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños Privados de Libertad (en adelante, Conjunto de Reglas) adoptadas el 14 de diciembre de 1990; las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (en adelante, Directrices de Riad) de 14 de diciembre de 1990. 

El país atravesó por distintos momentos para terminar de consolidar un nuevo modelo de garantías para adolescentes acusados de cometer conductas tipificadas como delito en la ley. La ley de 1990 que creó el Consejo tutelar de menores, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, buscó adoptar los estándares internacionales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño pero incurrió en irregularidades diversas y retrocesos hacia el modelo tutelar propio de la doctrina de la situación irregular. 

A partir de la reforma constitucional de diciembre de 2005 y de su consecuente revisión en junio de 2015, ha sido posible ir decantando cuál es el marco general que debe ser utilizado para enfrentar el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de forma tal que sus derechos sean respetados. Ahora, con la exposición de un Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes  que prevea procedimientos homogéneos aplicables por todas las autoridades de la República mexicana, el sistema experimentará un punto de quiebre para lograr la implementación completa del sistema. 

Esta iniciativa de Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes fue elaborada y promovida por organizaciones de la sociedad civil como Institución Renace A.B.P., Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C., el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Cauce Ciudadano A.C., el Centro de Colaboración Cívica; expertos en la materia como el Mtro. Carlos Ríos Espinosa, el Dr. Daniel González, el Dr. Carlos Tiffer, la Mtra. María Maltos Rodríguez, el Mtro. Alejandro Magno González Antonio, la Mtra. Susana Camacho Maciel y la Lic. Cristina Reyes Ortiz; y observaciones de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y UNICEF México.
 
Estas organizaciones, en conjunto con las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Justicia del Senado de la República y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, organizaron el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, los días 29 y 30 de septiembre de 2015, en la Antigua Sede del Senado de la República. En este Foro se discutieron los puntos fundamentales que deben ser tomados en cuenta para la elaboración de la legislación única procedimental de esta materia, así como para dar a conocer el proyecto de iniciativa de Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes elaborado por sociedad civil. 

Las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas buscaron el apoyo de las y los senadores que subscriben la presente iniciativa, quienes se comprometieron a presentar ante este Honorable Órgano Legislativo, para su discusión, dictaminación y eventual aprobación.  

II. Sobre la denominación. 
Se ha decidido designar a este instrumento como Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, en lugar de Ley Especializada de Justicia para Adolescentes por el carácter comprensivo que tienen sus normas. Si bien los procedimientos previstos en esta legislación recurren con frecuencia a la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, su especificidad y su volumen permiten clasificarlo como Código y no como una ley especial.  

III. Sobre la estructura del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. 
El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes está integrado por cuatro libros. El primer libro contiene las disposiciones generales, las reglas relativas a el ámbito de aplicación y objeto, los principios y derechos en el procedimiento para adolescentes; un capítulo encargado de regular las competencias de las autoridades, instituciones y órganos encargados de la aplicación del instrumento. Por su parte, el libro segundo se ocupa de los mecanismos alternativos de solución de controversias y de las formas de terminación anticipada; el libro tercero se dedica a la regulación del procedimiento para adolescentes en aquellos aspectos en los que no aplica supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde el inicio de la investigación hasta los recursos. Finalmente, el libro cuarto se ocupa de la ejecución de las medidas sancionadoras regulando los procedimientos tanto administrativos como jurisdiccionales. 

Libro Primero. Disposiciones generales Como se acaba de señalar, el Libro Primero regula todo lo relativo a las reglas generales y principios que disciplina el sistema integral de justicia para adolescentes, así como los derechos que son propios de este sector de la población en el ámbito de la justicia penal; igualmente, se agregó regulación puntual de las facultades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal para adolescentes y que, en su esencia, conforman el sistema integral de justicia para adolescentes establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este Libro del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, se hace la especificación de que el ordenamiento es de observancia general en toda la República Mexicana y, en razón de los sujetos, se aplicará a quienes se les investigue, procese, atribuya y compruebe la realización de uno o varios hechos señalados como delitos por las leyes penales y tenga al momento realización entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Esta norma, detalla los contenidos previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño respecto al establecimiento de una edad mínima y máxima para la posibilidad de intervención penal (artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y también el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Lo anterior genera certidumbre jurídica respecto de cuáles son, sobre la base de la edad, los supuestos de aplicación de la ley. También se prevé la necesidad de prohibir absolutamente la posibilidad de que la persona adolescente sea juzgada en el sistema de justicia para adultos precisamente con la idea de establecer el principio de especialidad de intervención de autoridades específicas para procesamiento de adolescentes.  

La creación de un sistema especial se justifica porque se estima que la reacción penal frente al delito cometido para adolescentes puede llegar a tener consecuencias indeseables al aplicar modelos y patrones de conducta que son usuales en caso de adultos. La competencia del sistema integral de justicia para adolescentes se extiende incluso para adultos jóvenes que hayan cometido delitos tipificados en las leyes penales cuando eran adolescentes, atendiendo por supuesto a las normas sobre la prescripción. 

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes también regula la situación de niñas y niños menores de 12 años a quienes atribuye la comisión o participación en un hecho señalado como delito en la ley previendo que están exentos de responsabilidad penal. Con el objeto de no reproducir los vicios de la doctrina de la situación irregular, por lo que hace a los menores de 12 años, el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes prevé que, en caso de que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de un niño o niña en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección competente, para que, en caso necesario ésta pueda solicitar las medidas necesarias para su protección integral, asistencia social y restitución de derechos en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, La intervención de la Procuraduría de Protección nunca deberá darse con una lógica de responsabilidad penal ni tutelar sino, como su nombre lo indica, de protección y restitución de sus derechos. 

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, al igual que otros precedentes estatales, realiza una distinción por grupos etarios a efecto diferencial la respuesta penal que debe seguirse hacia ellos siempre con la intención de paliar los elementos negativos que toda intervención penal supone. Los tres grupos a los que se refiere el Código son los adolescentes con 12 años cumplidos y hasta menos de 14 años; aquellos que tienen 14 años y menos de 16 y, finalmente, quienes cuenten con 16 años cumplidos y menos de 18 años. 

Evidentemente, existirá también la posibilidad de aplicar este ordenamiento aquellas personas mayores de edad a quienes atribuye una conducta tipificada como delito en la ley, y que hayan cometido el hecho cuando eran adolescentes. Se hace una especificación respecto de que los adultos jóvenes que estén compurgando penas privativas de la libertad deberán estar colocados en espacios diferentes a quienes sean menores de 18 años, así como espacios diferentes a los destinados para el sistema penal de adultos. Esta disposición se hace precisamente para evitar que el sistema se convierta en un modelo mixto que procese a adultos y adolescentes lo que implicaría vulnerar el principio de especialidad. Se establecen presunciones a favor de las personas adolescentes y se señala que la edad deberá comprobarse con documentales públicas. Las presunciones siempre favorecerán a la persona procesada de acuerdo con la edad o grupo etario al que pertenezca, en caso de que exista duda respecto de la edad.

Este Código otorga la competencia a las entidades federativas para la persecución de delitos federales cometidos por adolescentes, sin perder de vista que la Federación deberá otorgar a las entidades los recursos suficientes para ello. Múltiples razones justifican que la justicia para adolescentes sea únicamente competencia de las entidades federativas.    

El marco constitucional, contemplado en los artículos 4 y 18 de ese texto fundamental, establece que el sistema integral requiere una atención multidisciplinaria y que su objeto está dirigido no sólo a atender la dimensión jurídico-penal o garantista de la delincuencia juvenil, sino a atender y cuidar también la dimensión humana (psicológica, afectiva, médica) del adolescente.   

Para cumplir a cabalidad con todo lo anterior, se precisa la especialización (tal y como se puntualiza en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional) de las instituciones, tribunales y autoridades encargados de la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Especialización que se desdobla en dos aspectos: i) que los operadores (policías, ministerios públicos, juzgadores, defensores, personal de los centros de detención, entre otros) tengan una capacitación especial en la materia; y ii) que los órganos y los espacios físicos que estos ocupan estén destinados, de modo exclusivo, a la atención de la justicia para adolescentes. 

Es claro entonces que, desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los adolescentes, el Estado Mexicano tiene la obligación de contar con una estructura –física y humana– específicamente diseñada para atender los asuntos propios de este rubro. En la tendencia actual, esa especialización en términos ideales conlleva contar con instituciones exclusivas –sólo para conocer de esta materia– y excluyentes –no conocer de ninguna otra asignatura– tanto en sus instalaciones como en el personal que labora en ellas, y comprende desde la primera intervención de la autoridad y los sitios de detención de los adolescentes, hasta la solución de la controversia. 

Considerar que se trata de una especialización total, en términos de un racional uso de los recursos públicos (sobre todo considerando el actual estado de la economía nacional) basta para justificar que únicamente ese entramado se establezca en el marco de la competencia estatal. Esto es así, pues los recursos invertidos deben corresponderse con las necesidades globales del servicio, y aun en los sectores sensibles –como lo es el de la impartición de justicia– debe haber una distribución armónica de éstos privilegiando la dignidad de la persona. Y la realidad en el ámbito federal evidencia que hay pocos asuntos; las estadísticas de los últimos años revelan que en la mayoría de las entidades, la carga de trabajo por delitos del fuero federal en materia de justicia para adolescentes es menor a diez asuntos por mes. 

Realidad que se acentúa de cara al nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, pues es parte misma de esta materia el procurar –como una de las manifestaciones del principio de alternatividad en esta rama de la justicia– que la menor cantidad de asuntos se judicialice (particularmente en los casos en que el delito se deba a las circunstancias propias de las personas adolescentes, tales como afectaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales) de modo tal que resultaría inadecuado que el juzgador impusiera una sanción gravosa, si la persona adolescente no puede hacer nada en contra de sus circunstancias cotidianas, además de que esta vertiente tiene la pretensión de que la normativa correspondiente a menores amplíe la gama de posibles sanciones, las cuales deberán basarse en principios educativos. 

De otra manera, la implementación a nivel federal, además de generar per se un gasto extraordinario (frente a la cantidad de asuntos que se espera que ingresen), supone escenarios para su implementación, no del todo plausibles:
 
1) En cada entidad federativa instalar un órgano de impartición de justicia exclusivo para operar esta materia (sin dejar de lado que también implica la instalación de unidades de procuración de justicia, así como aquellas de la reinserción social), supone sólo como aparente ventaja que la justicia se mantiene en el lugar, pero eso en muchas entidades incluso no basta, por ejemplo en los casos de Veracruz, Sonora, Tamaulipas, dado que su geografía ameritaría al menos la instalación de otra unidad lo que sería demasiada inversión, considerando la cantidad de asuntos ( y así evitar el traslado de un adolescente de, por ejemplo, Nogales a Hermosillo) que recién se precisó;  

2) Por regiones, instalar un órgano de impartición de justicia en un grupo de entidades exclusivo para operar esta asignatura, con ello se optimiza la aplicación de los recursos, pero existe una afectación sensible a los derechos fundamentales del adolescente, debido a que sólo para su procesamiento hay un desarraigo de su localidad,  que se suma a los obstáculos que presupondría su traslado y comunicación con las autoridades, que son afectaciones a las cuales ni siquiera se somete a los adultos que enfrentan un proceso penal; o 

3) Un mismo sistema de justicia penal para adolescentes y adultos; con esto ciertamente se haría un adecuado uso presupuestal, y la oferta de justicia no presupondría alejar a las personas adolescentes de sus sitios de origen, sin embargo con ello no se ofrece el entorno diferenciado exigido por el texto constitucional –líneas atrás expuesto– ya que las unidades de impartición de justicia habrían de seguir la pauta –primordialmente por razones de seguridad– de la justicia para adultos, con lo que directamente se alteraría la lógica que rige el sistema de justicia integral para adolescentes cimentada en principios de menor lesividad y de menor impacto en su desarrollo. 

Revisadas las distintas alternativas, el camino adecuado es asignar la competencia en el fuero común, para de esta manera atender la demanda de justicia para adolescentes mediante la instalación de unidades especializadas cercanas, haciendo así un adecuado uso de los recursos públicos sin generar una infraestructura innecesaria no sólo por la cantidad de asuntos, sino también poco adecuada –en términos de su ubicación geográfica y/o de diseño físico–, y a la vez consecuente con la necesidad de que el adolescente que deba ser llevado a la justicia, no sea extraído de su entorno. 

Resulta una aparente desventaja –sólo normativa– que el hecho de mantener la competencia en el ámbito estatal podría considerarse una transgresión a las reglas del federalismo mexicano, pero esto no es así a partir de la experiencia con que se cuenta, de la cual es posible tomar diversos ejemplos en que tratándose de conductas de conocimiento exclusivo de la Federación al día de hoy se permite intervenir directamente a las entidades, como lo son las materias de narcomenudeo, secuestro, trata de personas, y desaparición forzada de personas. De este modo las reglas tradicionales han sido modificadas para así contar con herramientas más óptimas para enfrentar ciertos fenómenos delictivos, como justamente es necesario efectuar en el caso de los adolescentes a quienes se les atribuye una conducta descrita en la norma como ilícito. 

En el caso de la regulación de esos fenómenos delictivos, el órgano legislativo ha manifestado que afectan directamente al tejido social de las comunidades, por lo que conviene incorporar los esfuerzos de las autoridades que tienen una mayor cercanía con la población afectada: las autoridades locales. El caso del narcomenudeo es sumamente ejemplificativo pues la reforma previó un régimen distinto a los farmacodependientes y consumidores, así, el consumo de narcóticos se trata como un problema social y de salud, no criminal, previendo políticas públicas y asistencia con instituciones especializadas, sin “criminalizar a los jóvenes que consumen narcóticos […, priorizando] la prevención del consumo y el tratamiento de los farmacodependientes, más que reprimirlos”] - Exposición de Motivos de una de las dos iniciativas a la Ley General de Salud; en específico la de los senadores René Arce Islas y Gustavo Madero. La reforma fue publicada el 20 de agosto de 2009). Los competentes para llevar a cabo estas labores son las autoridades locales, que conocen las problemáticas particulares de las comunidades y tienen una relación más cercana a ellas.  

Similares son los problemas que surgen en materia de justicia para adolescentes: las personas de entre doce y dieciocho años, son personas que han de ser protegidas por el Estado. Por ello, si bien este sistema no es tutelar ni de asistencia social, sino penal y coercitivo, tiene como directriz la protección del adolescente; lo responsabiliza según su grado de desarrollo, bajo un régimen especial y de una forma que intenta ayudarlo a su resocialización e integración a la comunidad.  
Con esta medida que estataliza la justicia para adolescentes, además de la optimización de recursos se aprovecha la actual capacidad instalada del Estado Mexicano para atender esa rama de la justicia, la cual radica en sede local; y sin dejar de mencionar, que adicionar este tipo de asuntos al trabajo cotidiano de las entidades federativas, no es de esperarse que en modo alguno trascienda a la normal operación de sus instituciones de procuración e impartición de justicia, pues como se mencionó la cantidad mensual de asuntos federales es marginal y, sobre todo, hasta el día de hoy ya se hacen cargo de ella.

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes da criterios interpretativos de conformidad con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, de forma tal que los operadores deberán favorecer en todo momento a las personas adolescentes para maximizar sus derechos y minimizar los efectos negativos de la aplicación del sistema de justicia para adolescentes. 

Las reglas de supletoriedad se refieren a las leyes especiales en materia penal como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, se puntualiza que no podrán ser aplicadas si contradicen los principios previstos en la ley. 

Este Código Nacional prevé una serie de principios dirigidos a disciplinar las normas que deben ser aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley penal. En primer lugar, establece una cláusula de apertura que permita la aplicación de otras directivas que resulten más protectoras que las previstas en el propio Código. Ello con la intención de reconocer el carácter evolutivo del sistema integral de justicia para adolescentes y de la necesidad de que los intérpretes apliquen principios progresivos. De ahí que las anotaciones del ordenamiento no sean limitativas. 

Otro de los principios fundamentales de todo el sistema integral de justicia para adolescentes, que se encuentra recogido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 18; es el Principio de Interés Superior de la persona adolescente. El ordenamiento alude a la necesidad de considerar, para determinar los alcances del interés superior del adolescente; la opinión del propio adolescente; su condición como de persona en desarrollo y en proceso de formación; y las consecuencias que para su vida futura tendrán las determinaciones que se adopten o medidas que se impongan. No debe olvidarse que, como han reconocido distintos expertos en el tema, la aplicación de las normas de responsabilidad para el adolescente inevitablemente tiene consecuencias criminógenas, y, uno de los principios del sistema es intentar paliar esos efectos. El principio de interés superior del adolescente reclama también hacer una ponderación del equilibrio entre los derechos y garantías de la persona adolescente y su responsabilidad, así como el equilibrio con el interés público. 

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes reconoce el principio de indivisibilidad, integralidad e interdependencia de los derechos previstos a favor de los adolescentes, al igual que ocurre tanto con la Convención sobre los Derechos del Niño como con el resto de instrumentos internacionales ratificados por México. Este principio supone considerar adecuadamente el enfoque diferencial en atención a las distintas condiciones que pueda tener el adolescente, por ejemplo, el género, la condición de discapacidad, si pertenece a un grupo indígena, si se trata de una persona migrante, entre otros. Se recoge expresamente el principio de no discriminación por todas las diversas categorías sospechosas previstas en el artículo primero constitucional. 

Este Código recoge el principio de mínima intervención y subsidiariedad prevista en los artículos 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello supone que los conflictos sociales que revistan características penales deberán resolverse privilegiando mecanismos que no recurran a procedimientos judiciales, por lo que cabe la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad respecto de conductas que no tengan graves consecuencias para la comunidad y que sean manifestación del proceso de desarrollo y formación del propio adolescente, o bien, la aplicación de la remisión a mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la ley de la materia y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

La incorporación del principio de autonomía progresiva en este Código busca que el desarrollo de ciertas prerrogativas de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo libertades de acuerdo con su desarrollo y madurez en las diferentes etapas de la niñez y adolescencia. Este principio está respaldado por el artículo 5° de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Un componente esencial del sistema de responsabilidad especial que se deriva tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño como el artículo 18 constitucional es el de responsabilidad. Uno de los elementos definitorios del sistema que precisamente lo distingue de los modelos tutelares vigentes hasta hace poco en México es que el sistema pretende fincar responsabilidades de naturaleza penal a los adolescentes. La discusión respecto de si las medidas son de corte tutelar o de responsabilidad ha quedado zanjada cuando la corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 37/2006 interpuesta por la Comisión estatal de derechos humanos de San Luis Potosí en la que la Corte se pronunció precisamente para clarificar que el sistema integral de justicia para adolescentes, previsto en el artículo 18 constitucional tiene naturaleza penal. Se trata de sanciones penales y en tanto tales deberán estar implementadas, en su caso, de acuerdo al principio de culpabilidad por el acto y no de la calidad de sujeto. Ninguna medida puede ser adoptada, en este orden de ideas, atendiendo a la personalidad del autor. 

La gestión de conflictos en la que el estado, como parte neutral y con carácter técnico, independiente de los actores institucionalizados del proceso ordinario, e imparcial ayuda a las personas implicadas en un conflicto derivado de la comisión o probable comisión de un delito, en especial al adolescente en conflicto con la ley, a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias y a elaborar acuerdos sobre el modo de reparación tanto material como simbólica. 

El propio Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes autoriza a aplicar directamente otras normas internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificadas por el Estado mexicano.

En lo tocante a los principios procesales se reproducen las características que tiene el nuevo proceso acusatorio, el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe recordarse que, de conformidad con los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los adolescentes deben contar con los mismos derechos que cualquier persona adulta que sea sujeta a un proceso penal, más aquellos que específicamente le son atribuibles por el simple hecho de ser adolescente. En este orden de ideas, también son aplicables a los adolescentes los principios generales del proceso y las reglas que lo disciplinan tendrán que ser igualmente observadas.  

Asimismo, se incluye una norma específicamente planteada para regular el principio de especialización que también forma parte de la doctrina de la protección integral, cristalizada en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de especialización se refiere a que todas las actuaciones y diligencias deberán estar encargadas a órganos especializados en materia de justicia para adolescentes. 

El principio de especialidad no debe limitarse a que las autoridades tengan competencias y destrezas específicas para procesar los casos en los que estén involucrados adolescentes. Todo el sentido de contar con autoridades especiales se relaciona con la necesidad de considerar un horizonte específico que permita visualizar al sistema desde la perspectiva de lo que significa estar en proceso de desarrollo. 

El derecho penal sustantivo es pensado por los legisladores desde la perspectiva de la persona adulta y si bien los adolescentes también tienen la responsabilidad de respetar las normas sociales y de no lesionar los bienes jurídicos, existen dimensiones del derecho penal que muchas veces sobre criminalizan conductas que, tratándose de adolescentes, sólo son manifestación de su proceso de crecimiento. El sistema muchas veces sobre reacciona a conductas que son parte del proceso de desarrollo de los adolescentes. El principio de especialidad tendría que traducirse en adoptar las interpretaciones del derecho penal sustantivo a la situación concreta que vive un adolescente. Este Código incluye, evidentemente, el principio de reserva de ley (legalidad), de conformidad con el cual ningún adolescente puede ser sometido a un proceso o a una medida sancionadora si no es por la imputación de un delito previamente establecido en la legislación penal. Se trata de una garantía básica que con el desarrollo del modelo tutelar, o de la doctrina de la situación irregular, se vulneraba sistemáticamente, toda vez que se estimaba que determinadas conductas, aun no siendo delictivas, eran sintomáticas de que algo estaba mal con el adolescente y se reclamaba una intervención estatal para la prevención y para la protección de la persona.

Como ya se indicó más arriba, los adolescentes gozan de los mismos derechos que tiene cualquier adulto y, en ese sentido, también les son aplicables los principios del debido proceso entre los cuales cabe mencionar el de presunción de inocencia. Este principio se encuentra ahora expresamente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y evidentemente es también aplicable a los adolescentes. 

En el capítulo relativo a principios, se incluyen los que resultan aplicables para la procedencia de medidas cautelares y las medidas sancionadoras señalando que deberán ser proporcionales y atender a máximas de racionalidad. La proporcionalidad por cuanto hace a las medidas cautelares debe ser distinguida de la que corresponde a la aplicación de las medidas sancionadoras. La proporcionalidad de la media cautelar atiende al riesgo procesal que específicamente exista en el caso concreto; la medida sancionadora, en cambio, debe ser proporcional a la gravedad del hecho cometido y a la edad del adolescente y a las condiciones generales de exigibilidad de la conducta. 

A pesar de que las medidas sancionadoras son sanciones penales y no medidas de protección o mecanismos para el ejercicio de derechos, su aplicación debe ser compatible con la posibilidad de que el adolescente comprenda el sentido de la medida y que le permita fortalecer los vínculos socialmente positivos. Este Código Nacional prevé como obligación que las medidas sancionadoras no tengan un carácter puramente punitivo. 

Evidentemente, las medidas privativas de la libertad deberán ser aplicadas como último recurso y por el tiempo más breve que proceda. Esta es una garantía prevista tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y permite definir al sistema integral de justicia para adolescentes como un modelo de derecho penal mínimo. 

El Capítulo II, del Título II, regula los derechos que deberán ser preservados a favor de las personas adolescentes. Para empezar se prevé la necesidad de salvaguardar el derecho a la confidencialidad de la privacidad, estableciendo que durante todas las fases del proceso de ejecución de las medidas sancionadoras, en su caso, las autoridades del sistema deberán proteger el derecho de las personas adolescentes a la intimidad personal y familiar, así como toda la información que se refiera a la vida privada de la persona adolescente y sus datos personales. Para todos es conocido que el derecho penal es inevitablemente estigmatizante, por más que se adopten medidas para prevenir los efectos negativos. Una medida más para evitar esta característica socialmente negativa consiste en establecer la prohibición de difundir información sobre la persona adolescente. De ahí que, este Código Nacional que se propone, establezca que los procedimientos que se siguen adolescentes deberán seguirse a puerta cerrada, a menos que el propio adolescente, en consulta estrecha con su defensor, estratégicamente decidida que las audiencias sean públicas. Esta posibilidad permite salvaguardar el principio de publicidad en su dimensión de derecho fundamental subjetivo.  

La publicidad en el proceso penal tiene dos dimensiones, una está referida al derecho de la sociedad de conocer la manera en que los asuntos son procesados; la otra, en cambio, se relaciona con el derecho de la persona para ser sometida a un juicio público cuando se le impute una conducta definida como delictiva. El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes propone que se preserve esta segunda dimensión, sin embargo, cuando el adolescente en consulta con su defensor decida que la publicidad redundaría en perjuicio de la justicia o del bienestar personal del adolescente, podrá adoptar para que las audiencias se sigan a puerta cerrada. 

En todo caso, se deberán salvaguardar los datos de la persona adolescente o incluso cualquier rasgo que pueda permitir su identificación pública. Esta obligación también debe ser respetada por los medios de comunicación y su violación entraña la aplicación de las reglas de retractación previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También es importante incorporar la sanción por divulgar información sobre personas adolescentes procesadas, sobre todo cuando se trata de servidores públicos por lo que este Código remite a las leyes penales para que dichas conductas sean consideradas como delitos  contra la administración de justicia.  

En lo atinente a los registros de los procesos en los que estén involucrados adolescentes, este ordenamiento establece, para evitar que la reacción penal se convierta en una forma de estigmatización, que no deberán generarse antecedentes penales para tomarlos en cuenta en contra de la persona en un nuevo juicio por hechos diversos. En este orden de ideas, si la persona reincide por alguna razón, incluso siendo adulta, los datos obtenidos en el sistema de justicia para adolescentes, no podrán ser utilizados en el nuevo proceso. 

Respecto de la preservación de los registros, en este ordenamiento se propone que sean destruidos de inmediato en caso de que el adolescente fue absuelto, mediante sentencia firme, en un plazo no mayor a los tres meses. Se podrá solicitar su preservación por parte de los adolescentes procesados, cuando estimen que ello redunde en su beneficio.

Para el caso en que los registros deriven de la aplicación de alguna de las medidas alternativas de resolución de conflictos, la preservación de los registros sólo podrá durar hasta dos años después de haberse cumplido con el acuerdo preparatorio o el plan de reparación de la suspensión condicional del procedimiento.  

Para el caso de la ejecución de medidas sancionadoras, los registros deberán ser completamente destruidos pasados tres años de que la medida impuesta se hubiere extinguido o pasados tres años de haberse extinguido la prescripción. Los registros que contengan la sentencia se preservarán, salvaguardando los datos personales de las partes, de los peritos y de los testigos en el proceso. 

El marco que regula el proceso penal de adolescentes tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece la necesidad de que los plazos de su tramitación, sean lo más breves posible, salvaguardando por supuesto el adecuado derecho a la defensa de la persona adolescente.

En lo atinente a las garantías de la detención, los adolescentes gozarán de los mismos derechos que prevé el derecho internacional de los derechos humanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y, de manera señalada, los plazos recortados que establece este Código. El adolescente debe contar con la posibilidad de comunicar su detención a cualquier persona por cualquier medio de comunicación en efectivo, ya sea por teléfono u otro medio disponible. Existe una obligación de las autoridades aprehensoras de facilitar esta comunicación. Una garantía básica es separar los sitios detención destinados a personas adolescentes de aquellos que corresponden a adultos. 

Otro derecho fundamental de las personas adolescentes es el de ser informado de manera inmediata y completa, en un lenguaje que comprenda, sobre las razones de la detención y sobre las incidencias del proceso, es decir, del hecho específicamente imputado, los derechos que le asisten, las personas que declaran en su contra  –siempre que salvaguarden los derechos de las víctimas-, y el derecho a disponer de una defensa jurídica gratuita. 

En el nuevo sistema procesal penal acusatorio la defensa adecuada constituye uno de los ejes centrales. Si ello es verdad el sistema de adultos, más aún lo es por lo que hace adolescentes. Además de las competencias específicas de carácter técnico que deben tener los defensores, en el caso de adolescentes, deberán tener también las competencias de especialización a las que ya se aludió al exponer el principio de especialidad en apartados anteriores. En caso de que el adolescente no designe defensor o no quiera hacerlo, desde el inicio de procedimiento, el Ministerio Público u órgano jurisdiccional, en su caso, notificará al de la defensoría pública para que se le designe uno. El juzgador tiene calidad de garante respecto de la defensa técnica adecuada del adolescente.

Todos los derechos que son los propios del proceso penal en cuanto a conocimiento de la información de los registros de la investigación, son también aplicables a las personas adolescentes. Lo mismo puede decirse respecto del derecho a contar con un intérprete. Cuando la persona adolescente pertenezca a un grupo o comunidad indígena, sea extranjero, tengan alguna discapacidad, deberá ser asistida, si se requiere, por un intérprete que comprenda plenamente su idioma, lengua y cultura, incluso mediante la aplicación de ajustes de procedimiento. El criterio para determinar la persona adolescente indígena será la auto identificación. 

Se deberá permitir que los padres, tutores o personas que ejerzan la patria potestad o, incluso, la persona de confianza del adolescente, siempre que no tenga conflicto de intereses, puedan estar presentes durante la tramitación del procedimiento.

Al igual que las personas adultas, los adolescentes tienen el derecho a la defensa material y pueden participar directamente en el procedimiento de acuerdo con las características del principio de autonomía progresiva, es decir, de conformidad con su desarrollo evolutivo, cognoscitivo y su madurez. 

Este ordenamiento, al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en los casos en que el adolescente tenga alguna discapacidad, podrá solicitar, por sí o por medio de su defensor, un ajuste de procedimientos para asegurar su efectividad plena participación. La garantía de ajustes de procedimiento es un derecho nuevo previsto en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene una semejanza importante con el concepto de ajustes razonables. Los ajustes de procedimiento consisten en las modificaciones y adaptaciones necesarias que sean idóneas para permitir que la persona participe de manera efectiva en el procedimiento, incluso desde la investigación. Se trata de una garantía complementaria a las obligaciones que tiene el Estado de hacer accesibles y con diseño universal los procedimientos. Se trata de ajustes que un individuo requiera en lo personal para garantizar el acceso a la justicia, siempre que dichos ajustes por donde en una carga desproporcionada o que desnaturalicen el procedimiento como tal. 

La persona adolescente cuenta al igual que cualquier persona con la garantía de no declarar o no autoincriminación, para que su silencio no pueda ser interpretado como presunción de culpabilidad. Si los adolescentes deciden hacer declaraciones, o entrevistarse con el Ministerio Público, deberán estar acompañados por su defensor y tener la oportunidad de entrevistarse en privado con éste. 

Este ordenamiento regula, de manera detallada, los derechos de los adolescentes que están sujetos a medidas cautelares o medidas sancionadoras privativas de la libertad. Para la regulación puntual de los derechos que tienen los adolescentes privados de su libertad, este ordenamiento incorporó las directrices de las reglas de Tokio. Entre los derechos específicos que se prevén a su favor figura el de no ser privados sino en los términos previstos por la medida impuesta; a ser ubicados en los centros de internamiento de acuerdo a las necesidades de protección, tomando al efecto características como la edad, el género, las necesidades de salud y, por supuesto, la necesidad de que estén completamente separados de las personas adultas. 

Asimismo, se establece el derecho del adolescente, de conocer directamente el plan individualizado de ejecución de la medida sancionadora impuesta, en su caso. Igualmente, se prevé que no deben existir traslados arbitrarios y establecer la necesidad de que los centros de internamiento estén en domicilios próximos al lugar en que el adolescente tiene su círculo social, o el asiento habitual de su familia. Los adolescentes deberán permanecer, incluso cuando adquieran la mayoría de edad, en los centros especiales de internamiento, aunque en secciones separadas para adultos jóvenes. 

Las personas adolescentes que sean privadas de su libertad por una medida sancionadora o por alguna medida cautelar deberán tener la posibilidad de recibir visitas frecuentes de sus familiares y de su círculo social y de tener acceso con instituciones en el exterior, así como contar con información oportuna respecto de los hechos de la vida social, política y que resulta de especial trascendencia. Asimismo, para la protección de su salud, deberán tener la posibilidad de salir del centro de internamiento para recibir atención médica especializada. Por razones humanitarias, el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece la posibilidad de que se permita adolescente concurrir, tomando las medidas de seguridad pertinentes, al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina o concubinario, así como para visitarlos en su lecho de muerte. 

Los adolescentes privados de su libertad deberán contar con adecuados servicios de salud (equivalentes a los que recibirían en la comunidad), servicios educativos adecuados a su edad y a sus grados académicos, servicios psicológicos que permitan aminorar los efectos negativos de la privación de libertad, servicios ginecológicos y la posibilidad de contar con servicios para que las adolescentes que sean madres, puedan conservar a sus hijas o hijos hasta la edad de seis años. 

Finalmente, también como un derecho fundamental del adolescente privado de la libertad, se prevé el derecho a presentar un recurso efectivo ante órganos independientes de derechos humanos. El principio de equivalencia para la preservación del derecho a la salud consiste en establecer que las personas privadas de su libertad deberán contar con servicios de salud oportunos y de igual calidad de los que encontrarían si no estuvieren privadas de libertad. Es muy importante señalar que la salud no sólo debe ser entendida en un sentido restringido como ausencia de enfermedad, sino como un “estado de completo bienestar físico, mental y social”.  

Los órganos internacionales de derechos humanos tales como la Comisión interamericana de derechos humanos, la Corte IDH, así como los órganos de tratados de las Naciones Unidas, ha reconocido la relación especial de sujeción que existe entre el Estado y las personas privadas de su libertad, de la cual se deriva una obligación reforzada para preservar los derechos que de por sí ya tienen todos los gobernados que están en libertad. El derecho a la salud, en el contexto de la relación especial de sujeción asume también características potenciadas, de forma tal que, el Estado, se debe mayormente obligado a preservarlo. En el caso del “Instituto de reeducación del menor”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profundizó en el tema de la relación especial de sujeción entre el interno y el Estado y concluyó que, este último, debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de la libertad y que, por tanto, no es permisible restringir. 

La equivalencia de la atención médica es un principio que aplica para todas las personas privadas de libertad, quienes tienen el derecho al más alto nivel posible de salud y de recibir la misma calidad de cuidados médicos que los que están disponibles en la comunidad. El pacto internacional de derechos civiles y políticos establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (artículo 10).  

Asimismo, existe una multiplicidad de instrumentos de derecho emergente que también resultan aplicables para regular las condiciones de las personas privadas de libertad tales como las recientemente revisadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

La obligación de realizar ajustes razonables para adolescentes privados de su libertad también es una obligación que ha adquirido México a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Respecto de los derechos de las víctimas, también se debe considerar que tienen consideración específica en este ordenamiento. Puntualmente se les debe informar sobre las características del sistema integral de justicia para adolescentes, así como su derecho a participar en los procedimientos. 

El Título III de este ordenamiento regula todo lo relativo a las autoridades, instituciones y órganos encargados de la aplicación del sistema.

El primer planteamiento que cabe hacer es la integración misma del sistema integral de justicia para adolescentes, el cual, de acuerdo con este instrumento está integrado por el Ministerio Público, el Juez de control, el Juez de juicio oral, el Juez de ejecución, los magistrados de las salas superiores de los tribunales superiores de justicia, los defensores públicos, los facilitadores de los mecanismos alternativos y el órgano administrativo. Se precisa aquellos órganos deberán ser exclusivos para la aplicación de la justicia para adolescentes. 

También se hace un desarrollo puntual de las características del principio de especialización, aplicado a la formación de los funcionarios públicos que integran el sistema de justicia para adolescentes. Entre los rasgos más destacables está contar con conocimientos específicos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, conocer los derechos específicos que a los adolescentes en conflicto con la ley les otorga el sistema integral, así como conocimientos específicos sobre las características del sistema acusatorio. 

Se establece la obligación general de que el sistema cuente con un servicio profesional de carrera que deberá ser desarrollado por las entidades federativas en materia de justicia especializada para adolescentes, para lo cual deberán desarrollar criterios homogéneos para la organización, capacitación, certificación y actualización continua de sus funcionarios y operadores. 

Respecto del Ministerio Público especializado se señala que todas las procuradurías de las entidades federativas deberán contar con agentes del Ministerio Público o fiscales especializados de justicia para adolescentes que, aunado a las competencias con las que deben contar para la operación del sistema, deberán garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas adolescentes y asegurarse de que, en cuanto un adolescente detenido en los supuestos autorizados por la ley, sea puesto bajo su responsabilidad, se activen las garantías que es necesario preservar para personas que están en proceso de desarrollo y formación. Los medios públicos especializados tienen deberes puntuales que son desarrollados específicamente en el Código. 

En lo tocante a los defensores públicos especializados, también deberán contar con los certificados de especialización propios del sistema integral de justicia para adolescentes. Los defensores, además de llevar a cabo una defensa efectiva, en términos de asesoría e intervención en los procedimientos, tienen la obligación de informar a todas las autoridades respectivas cuando exista un riesgo para la violación de los derechos fundamentales de las personas adolescentes. Al igual que en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, este ordenamiento autoriza al Juez especializado a advertir a los adolescentes imputados sobre la mala calidad técnica de sus representantes. Se entiende que la falta de pericia técnica incluye no solamente, los rasgos específicos del sistema acusatorio, sino también las destrezas necesarias para poder representar idóneamente a personas adolescentes. 

En torno a las obligaciones de los órganos de mecanismos alternativos, se establece la necesidad de contar con los suficientes operadores y facilitadores certificados tanto en la operación de los mecanismos alternativos como en la especialización requerida para el sistema integral de justicia para adolescentes. 

Asimismo, se prevé la necesidad de que tanto las fiscalías que cuenten con operadores del sistema de medios alternativos, como los tribunales superiores de justicia, lleven a cabo convenios de colaboración para el establecimiento de redes de apoyo y coordinación con instituciones públicas en materia de justicia para adolescentes. Muchas veces, los riesgos de reiteración de conductas, se deben más a falta de apoyo social y comunitario que a atributos del propio adolescente, de ahí que exista la necesidad de generar una red para la prestación comunitaria de servicios. Los Centros de Medios Alternativos de las Fiscalías y los Tribunales deberán contar con registros adecuados para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y también adecuada estadística para generar estudios sobre el tema de la justicia para adolescentes.

Los facilitadores en materia de justicia para adolescentes, además de cumplir con los requerimientos especiales del sistema alternativo, también deberán tener la especialización en sistema integral de justicia para adolescentes. 

En lo atinente a los jueces y magistrados especializados, estos funcionarios deberán contar con las destrezas y habilidades específicas requeridas para el desarrollo de sus funciones de acuerdo a la etapa procesal en las que estén llamados a intervenir, incluidos los jueces de ejecución. 

Las entidades federativas tienen la obligación de conformar un órgano especializado en ejecución de medidas para adolescentes, con una sección específica para los adolescentes privados de libertad. Entre las obligaciones específicas que tendrán estará el coordinarse con otras autoridades del sistema integral para el logro de los fines específicos establecidos por la medida sancionadora; elaborar protocolos y medidas específicas para proteger la integridad física y psicológica de las personas adolescentes; conformar un registro actualizado de instituciones públicas y privadas que puedan colaborar con la ejecución de las medidas; supervisar los centros de internamiento y medidas de seguimiento y celebrar convenios de colaboración que coadyuven al cumplimiento de las medidas cautelares y de las obligaciones derivadas de la suspensión condicional del proceso prueba. 

Con el objeto de permitir distintos esquemas de organización en las entidades federativas, este ordenamiento abre la posibilidad de que la unidad encargada del seguimiento y evaluación para la aplicación de medidas cautelares puede estar ubicada en la unidad administrativa encargada de proporcionar dicho servicio, a condición de que cuente con un área especializada en materia de adolescentes, o bien, hay que ser propio órgano especializado en la ejecución de las medidas quien cuente con una sección especial para la evaluación y el seguimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad. En cualquiera de los casos, los funcionarios encargados de la evaluación deberán recabar toda la información necesaria, incluida la entrevista voluntaria con los propios adolescentes, para hacer la evaluación del riesgo procesal que éstos tienen que proporcionar la a las partes. En caso de que el Juez especializado determine la necesidad de aplicar una media cautelar no privativa de la libertad, esta unidad estará encargada de hacer de supervisión respectiva de informar a las partes respecto de cualquier incidencia que pueda dar lugar a la revisión de la medida o ajustar la que ya ha sido impuesta para propiciar que el adolescente pueda cumplir con sus obligaciones procesales. Entre las atribuciones de los funcionarios encargados de hacer la supervisión de medidas cautelares no privativas de libertad está la de llevar a cabo, si así lo dispuso el Juez de control, las visitas domiciliarias sin anuncio previo para verificar el cumplimiento de los alcances de la medida impuesta. 

En lo tocante a las atribuciones de las Unidades de Ejecución de Medidas Sancionadoras no Privativas de Libertad, las cuales estarían adscritas dentro de los órganos administrativos especializados de medidas, está la de diseñar, conjuntamente con el adolescente y su defensor, un plan individualizado de ejecución de la medida, con el objeto de poder rendir los informes específicos al Juez que la impuso. Esas autoridades estarán obligadas a informar a las autoridades competentes sobre cualquier violación a los derechos de las personas adolescentes, así como sobre cualquier circunstancia que pudiese llegar a afectar su ejercicio, deberá, asimismo, propiciar la vinculación del adolescente con otros servicios sociales que puedan conducir a lograr un efectivo cumplimiento de la medida y a facilitar su reinserción, sin estigmatización, en la sociedad. Esta Unidad del Órgano Administrativo Especializado en Ejecución de Medidas deberá hacer informes trimestrales sobre los avances en la ejecución de la medida. 

Los Centros de Internamiento para la aplicación de medidas privativas de libertad a adolescentes son unidades específicas que deberán estar dentro de la jurisdicción supervisión del órgano administrativo de ejecución de medidas. Estos centros deberán ejecutar las medidas de privación de libertad en los términos señalados por el Juez. Deberán asimismo diseñar un plan de individualizado de ejecución de la medida y cumplir con las obligaciones comunes que tienen las autoridades de ejecución de medidas en libertad. Las condiciones de internamiento, deberán evitar la estigmatización del adolescente y propiciar los vínculos del adolescente con el mundo exterior. 

Si bien, esta iniciativa tiene el carácter de una legislación de carácter nacional y por lo mismo no busca imponer algún tipo específico de organización a las instituciones estatales, en este Código se proponen las funciones que mínimamente se deben atender en aras de generar un sistema nacional y armónico de justicia para adolescentes. Por lo que de acuerdo a las funciones descritas para el órgano y unidades que se proponen en este Código (que por otra parte pueden ubicarse orgánicamente donde se considere pertinente en cada entidad federativa), se sugiere un tipo de organización como la que se describe en el siguiente diagrama:  

Como se puede observar lo relevante para la implementación del Código será que los órganos que operen el sistema de justicia para adolescentes hagan una clara separación de las unidades que se encargan de ejecutar el internamiento -derivado de medidas cautelares o sentencias-, respecto de aquellas unidades que llevarán a cabo el seguimiento de todo tipo de medidas o condiciones que no son privativas de libertad y que en principio se buscará que sean la generalidad, basados en el principio de mínima intervención que opera para la justicia de los adolescentes. 

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula también lo relativo a órganos auxiliares, incluidos órganos de policía, a efecto de establecer que también deberán contar con especialización para la investigación de los delitos en los que estén involucrados adolescentes. 

Por último, en el Título III, se contempla el capítulo respectivo al Sistema Nacional de Información Estadística del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Este sistema de información tiene el propósito de sistematizar los datos estadísticos relativos sobre los delitos, procesos; medidas cautelares; mecanismos  y salidas alternativas; y ejecución de medidas sancionadoras no privativas y privativas de libertad. De la misma forma, recolectará información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso, entre otras cosas. Para esto, las Procuradurías, Fiscalías y los Tribunales Superiores de Justicia, las instituciones de Seguridad Pública, las Unidades de Medidas Cautelares, los Órganos de Mecanismos Alternativos y los Órganos Administrativos de las Entidades, deberán recopilar y sistematizar la información estadística en materia de justicia para adolescentes que corresponda en sus áreas. Estas autoridades deberán colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para obtener los datos que sean requeridos por este último.

En este capítulo se regulan también las obligaciones del INEGI respecto a la información que deberá recabar con el apoyo de expertos en materia de justicia para adolescentes. Se prevé también que, en caso de realizarse encuestas a personas adolescentes, se deberá capacitar al personal que ejecutará dichas encuestas conforme a los principios del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

En materia de Seguridad, se establece la obligación del Sistema de Información de compartir sus registros al INEGI, para el desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en lo relativo a la Justicia para Adolescentes.

Así también, se prevé la realización periódica de una Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, que tendrá como fin la generación de información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas adolescentes privadas de la libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. El gobierno federal deberá proveer los recursos presupuestales necesarios al INEGI para la realización de dicha Encuesta. Asimismo, las Unidades de Internamiento seleccionadas en la muestra determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades requeridas. Cabe mencionar que la Encuesta no podrá tener efectos negativos ni positivos en el proceso penal o el cumplimiento de la medida de la persona adolescente, quien deberá expresar su consentimiento informado antes de que le sea aplicada. 

Libro Segundo. Mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada.
 
El Segundo Libro de esta propuesta de ordenamiento regula los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada. Además de hacer alusión a los principios generales que también están previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, tales como los principios de voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad, honestidad, y enfoque diferencial especializado; este libro del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes se refiere a las características que deberán tener los mecanismos de mediación, y los procesos restaurativos, a saber, reunión víctima con ofensor, junta restaurativa y círculos. Asimismo, también se prevén reglas especiales para las soluciones alternas que específicamente se refieren a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso. Por su parte, también se establece la procedencia del procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada. 

El procedimiento de mediación se define como el mecanismo mediante el cual la persona adolescente, asesorada por su representante, y la víctima u ofendido, buscan y construyen opciones de solución a la controversia. En este procedimiento hay un papel activo del facilitador, quien busca propiciar la comunicación y crear un clima de entendimiento mutuo entre los intervinientes para que, por sí mismos, alcancen una solución al conflicto. Al inicio de las sesiones de mediación, el facilitador hace una presentación general y encuadra el propósito de la sesión así como la función que le compete cumplirá, las reglas y principios que rigen la sesión en sus distintos momentos y lleva a cabo la formulación de una serie de preguntas facilitadoras a fin de que los intervinientes puedan exponer el conflicto desde su perspectiva, plantea sus percepciones y retenciones y velocidad posibles soluciones a la controversia existente. Este procedimiento entraña que el facilitador elimina los rasgos emocionales negativos, las descalificaciones mutuas y resalta áreas que puedan propiciar consensos. En caso de que la sesión sea exitosa, el facilitador está llamado a preparar el acuerdo específico que se llegara. El procedimiento de mediación se debe llevar a cabo de manera oral y solo habrá registro del acuerdo o plan de reparación alcanzado. 

El procedimiento de conciliación admite una pluralidad de sesiones cuando se estime que una sola sesión será insuficiente para alcanzar el acuerdo. Sin embargo, ello no deberá ser la regla general, pues los sucesivos momentos en los que no se logra un resultado conducen a agravar las tensiones y a dificultar el consenso entre los intervinientes. 

En lo atinente a los procesos restaurativos se pueden aplicar los ya mencionados modelos de reunión víctima- ofensor, junta restaurativa y círculos.

La reunión víctima adolescente es un procedimiento bilateral, sin que medie participación de la comunidad afectada pero con el apoyo familiar de esta última. Al igual que en el procedimiento de mediación, el facilitador hace una presentación general explica el propósito de la sesión, da la palabra a los intervinientes, empezando por la víctima, para que exponga las perspectivas personales del conflicto y los daños ocasionados. Posteriormente, permite que la persona adolescente y su representante se expresen y facilita la comunicación para que puedan alcanzar un resultado restaurativo. En caso de que los intervinientes consideren que se ha logrado alcanzar un resultado restaurativo, el facilitador debe preparar el acuerdo para su respectiva firma, de conformidad con lo previsto por la ley de mecanismos alternativos. 

La junta restaurativa es un mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido participan, conjuntamente con la comunidad afectada, respetando el ejercicio de la autonomía de cada uno de los intervinientes, para construir y proponer opciones de solución a la controversia. El antecedente más inmediato de este tipo de procedimiento son las juntas familiares que fueron diseñadas en Nueva Zelanda y que ha tenido resultados muy atractivos para la solución de conflictos comunitarios. El procedimiento para la junta restaurativa consiste en que el facilitador hace preguntas a la persona adolescente, posteriormente a la víctima u ofendido, y a otros intervinientes afectados y, finalmente, a los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a la sesión. Una vez que los intervinientes hubieren contestado a las preguntas del facilitador, éste propondrá formas específicas para solucionar el daño causado, de forma tal que éste quede satisfactoriamente reparado. El facilitador deberá dar la palabra al adolescente para que manifieste qué acciones está dispuesto a tomar para reparar el daño, así como los compromisos que asume frente a los intervinientes. El facilitador debe preparar el acuerdo definitivo de conformidad con lo previsto en la ley de mecanismos alternativos. 

Finalmente, el método de los círculos restaurativos, consiste en un modelo mediante el cual la víctima u ofendido, la persona adolescente y la comunidad afectada y, en su caso, operadores del sistema de justicia para adolescentes, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. Este tipo de procedimiento se utiliza cuando se requiera la intervención de operadores para alcanzar un resultado restaurativo o cuando el número de participantes es muy extenso. 

En la sesión conjunta del círculo, el facilitador hace una presentación general del propósito de la sesión, formula preguntas idóneas atención al encuadre de la controversia que ha sido preparado previamente para dar participación a las personas presentes, a fin de que conozcan las distintas perspectivas y las repercusiones que sus vidas ha tenido el hecho. Posteriormente, a preguntas del facilitador, se dirigen las posibilidades de reparación del daño para alcanzar un resultado restaurativo. 

La aplicación de los mecanismos recién explicados debe conducir, de ser el caso, si resulta la voluntad de todos y todas quienes en ellos participaron, a la celebración de un acuerdo reparatorio, o bien, a la determinación de condiciones por cumplir por la persona adolescente en la suspensión del proceso. El documento definitivo permitiría concretar las obligaciones alcanzadas que pueden ser de cumplimiento inmediato, de naturaleza pecuniaria, o bien en obligaciones de hacer, plasmadas en un plan de reparación sujeto a seguimiento, en el que se expresen las condiciones a las que se obliga la persona adolescente. 

El Título II del Libro II del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula todo lo relativo a las soluciones alternas. En materia de justicia para adolescentes, las soluciones alternas deben ser de uso prioritario, precisamente para cumplir con los principios y directivas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Para cumplir con esa directiva de uso prioritario, tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional, deberán exhortar a los interesados a utilizar las soluciones alternas cuando ellas resulten aplicables, así como explicar qué medios se encuentran disponibles y cuáles serían sus efectos. 

Como se señaló con anterioridad al explicar los principios de los mecanismos, se deberá estar al principio de voluntariedad, es decir, al consentimiento expreso e informado de la persona adolescente y de la víctima u ofendido.  

Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y la persona adolescente y una vez aprobados por el Ministerio Público y por el Juez, así como cumplidos en sus términos, tiene como efecto la conclusión del procedimiento. La celebración de acuerdos no entra en el reconocimiento de culpabilidad. A diferencia de lo que ocurre en sistema de adultos, este tipo de acuerdos, si proceden por violencia familiar, sujeto siempre a la realización de una valoración sobre supervivencia cuando se trate de violencia de género y siempre que se aseguren las condiciones de seguridad de la víctima. Para estos casos será obligatoria la aplicación de atención psicológica tanto para la persona adolescente como para la víctima. El facilitador debe hacer una proyección sobre la idoneidad de aplicar el proceso restaurativo en estos casos. Asimismo, con independencia del momento en que se lleve a cabo el mecanismo alternativo respectivo, deberá ser el Juez de control especializado quien apruebe en definitiva el acuerdo. 

El momento específico para determinar la procedencia de acuerdos reparatorios, al igual que ocurre en procedimiento ordinario para adultos, correrá desde el inicio de la investigación hasta antes de la emisión del auto de apertura juicio oral. 

Tanto el Ministerio Público, como el Juez invitaron a los interesados a participar en mecanismo alternativo de solución de controversias y, en caso de que los intervinientes acepten participar, se remitirá el caso al órgano de mecanismos alternativos especializado en adolescentes, para que se lleve a cabo el procedimiento respectivo. En caso de que el procedimiento no sea exitoso se continuará con el proceso ordinario y ninguna información podrá reproducirse. La aprobación de los acuerdos reparatorios corresponderá al Ministerio Público o por el Juez de control especializados, de conformidad con la etapa en la que se encuentre el procedimiento. Hasta antes de la vinculación a proceso será competencia del Ministerio Público y del Juez de control una vez que haya sido rebasado ese término. Se conserva sin embargo la posibilidad de que quien haya quedado inconforme con la autorización realizada por el Ministerio Público, concurra ante el Juez de control en un plazo de tres días contados a partir de que se aprobó el acuerdo. 

Para la aprobación del acuerdo, tanto el Ministerio Público como Juez de control especializados, en su caso, deberán verificar que los intervinientes han participado en el mecanismo alternativo en forma voluntaria, en pie de igualdad, y sin haber estado sometidos a condiciones o a cualquier otra forma de intimidación, amenaza o coacción.

Cuando así lo estime pertinente, el Juez de control podrá suspender hasta por 60 días el trámite de procedimiento, plazo durante el cual la prescripción quedará interrumpida, para efecto de que los intervinientes puedan negociar. Dado que el correr del tiempo siempre pone en riesgo la recopilación de información, el Ministerio Público deberá asegurarse de que durante la suspensión del plazo se recabe la información urgente para la continuación del procedimiento y, en ningún sentido, ello implica interrumpir la investigación siempre que ello no signifique un acto de molestia para el adolescente.

Dado que el nuevo sistema integral de justicia para adolescentes busca que estos sean responsables de su propia conducta, la celebración de acuerdos reparatorios no debe significar el traslado de la responsabilidad hacia sus padres o tutores y se deberá fomentar que los recursos provengan del esfuerzo de la persona adolescente. 

En caso de que exista un cumplimiento cabal del acuerdo, la autoridad competente deberá resolver la terminación del procedimiento y ordenará el no ejercicio de la acción penal o su sobreseimiento, según sea el caso. No se podrá ejercitar acción penal cuando la determinación de su no ejercicio derive del cumplimiento pleno de un acuerdo reparatorio avalado por la propia víctima u ofendido. En caso de que se produzca un incumplimiento, el procedimiento continuará como si no se hubiera celebrado el acuerdo pero la individualización de la medida tomada en cuenta las obligaciones que ya se hubieren cumplido. 

Otro de los resultados que pueden esperarse de la aplicación de los mecanismos alternativos reseñados más arriba es el plan de reparación que se puede concretar en una determinación de suspensión condicional del proceso. Este mecanismo reúne básicamente las mismas características que tiene el modelo de adultos, pero con adecuaciones puntuales para el caso de las personas adolescentes. Al igual que en todos los supuestos de procedencia, la suspensión condicional del proceso requiere que se haya dictado auto de vinculación a proceso por un delito que no merezca medida sancionadora de internamiento y no exista oposición fundada de la víctima. Tampoco procederá a la suspensión cuando el adolescente haya incumplido con una suspensión dictada previamente y no haya transcurrido un plazo no mayor a dos años. 

A diferencia del caso de los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional no se puede dictar antes de que haya sido emitido el auto de vinculación a proceso, sin embargo, el plazo máximo de procedencia también se establece hasta el dictado del auto de apertura juicio oral. 

Con respecto a las condiciones y al plan de reparación, la persona adolescente deberá proponer un plan de reparación del daño causado por el hecho tipificado como delito, así como el plazo que estima conveniente para cumplir, así como las condiciones que estaría dispuesto a cumplir. La víctima u ofendido, de acuerdo con las características del mecanismo alternativo elegido, también participará en la elaboración del plan de reparación y sugerirá condiciones por cumplir. Si llegara a aprobarse por el Juez de control la suspensión, se levantarán las medidas cautelares impuestas hasta ese momento y se sujetará la determinación de suspensión al seguimiento respectivo. 

Las condiciones por cumplir en la suspensión son las mismas que para el caso del procedimiento regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicando siempre el enfoque especializado a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La autoridad de evaluación de las medidas y de suspensión condicional del proceso deberá llevar a cabo un estudio objetivo respecto de las condiciones que tiene el adolescente y de si le será posible cumplir con las mismas. Las condiciones deberán ser proporcionales a la conducta imputada y tener relación con la misma, siempre con el ánimo de establecer directivas de mínima intervención y tener un efecto positivo sobre la educación del adolescente, de acuerdo con los principios generales del sistema integral. 

Al igual que en el caso de los acuerdos reparatorios, el Ministerio Público especializado deberá preservar los datos y medios de prueba necesarios para continuar el proceso en caso de que se dé un incumplimiento de las obligaciones a las que el adolescente se comprometió al determinar la suspensión condicional del proceso. Asimismo, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso prueba, deberá empezar con el monitoreo de la determinación de suspensión, tan pronto sea acordada por el órgano jurisdiccional. 

En el curso el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional, si la persona adolescente incumple de manera reiterada las obligaciones pactadas, las partes podrán solicitar una audiencia al Juez de control respecto de discutir las razones del incumplimiento y la posibilidad de revocar la medida para continuar con el proceso ordinario. El Juez puede determinar la ampliación del plazo de la suspensión condicional hasta por seis meses o de plano resolver la revocación de manera inmediata. En caso de que exista revocación, los pagos parciales que por concepto de reparación haya erogado el adolescente, se abonarán al cumplimiento de la reparación del daño en caso de que fuese encontrado responsable el juicio oral respectivo. 

Al igual que ocurre con los acuerdos reparatorios, el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Juez en la suspensión condicional del proceso y su respectivo plan de reparación, tienen como consecuencia la extinción de la acción penal en contra del adolescente por la vía del sobreseimiento del proceso principal. Se entenderá que queda interrumpida la prescripción durante la vigencia de la suspensión condicional del proceso. 

Dentro de este mismo libro se prevé, para el caso de los adolescentes, la procedencia del denominado procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una forma de ejercitar las facultades discrecionales del Ministerio Público para lograr articular una política de persecución penal que sea consistente con las necesidades que se dan en un entorno social determina. El procedimiento abreviado no es un derecho del adolescente, sino un ofrecimiento del Ministerio Público en virtud de las necesidades de persecución penal que se planteen en el caso concreto. De ahí que, al igual que ocurre en el procedimiento penal para adultos, una de las condiciones básicas de su procedencia es que exista una solicitud expresa por parte del Ministerio Público. 

Para determinar la procedencia del procedimiento abreviado el Juez deberá verificar que exista la voluntad expresa del adolescente a no someterse al procedimiento y que éste entiende los alcances de dicho mecanismo, es decir, el hecho de que está renunciando expresamente a ser juzgado con todas las garantías respectivas de un juicio oral. Asimismo, se deberá cerciorar que existe una solicitud del Ministerio Público para aplicar el procedimiento respectivo. Se deberá atender a la posición de la víctima sobre si se encuentra adecuadamente satisfecha la reparación del daño y se deberá rechazar la procedencia del procedimiento abreviado en caso de que se presente oposición fundada sobre este último aspecto. 

El procedimiento abreviado implica que la persona adolescente reconoce expresamente su responsabilidad en los hechos señalados como delito en el Código penal respectivo y acepta ser sentenciado únicamente sobre la base de este reconocimiento y los medios de convicción que permitan verificar su verosimilitud. 

A cambio del reconocimiento de responsabilidad, el Ministerio Público estará autorizado para solicitar al Juez de control una reducción de hasta en una mitad de la duración máxima de la medida sancionadora en el caso de delitos dolosos y hasta dos terceras partes del máximo de duración de la medida sancionadora en el caso de delitos culposos. 

Para que proceda del procedimiento abreviado tiene que estar dictado el auto de vinculación a proceso. El procedimiento abreviado sólo podrá solicitarse hasta antes del inicio del juicio. 

Libro Tercero. Procedimiento penal para adolescentes. El libro Tercero de este Código Nacional regula todo lo concerniente al procedimiento penal para adolescentes. La idea de la regulación es que se sigan los mismos principios y reglas que serían aplicables para un procedimiento para adultos, pero con algunas reglas específicas dirigidas a considerar que la persona adolescente está en proceso de desarrollo y formación. El procedimiento ordinario tiene el propósito de esclarecer si el adolescente al que se le ha imputado una conducta definida como delito en la ley, es autor o partícipe de la misma y cuál es su grado de responsabilidad, en su caso, para determinar las medidas sancionadoras que correspondan en caso de que se determine la responsabilidad del adolescente. 

Como se ha venido argumentando a lo largo de esta presentación, el procedimiento para adolescentes implica que las medidas restrictivas de la libertad tienen carácter excepcional. En este orden de ideas se deberá optar por la aplicación de medidas cautelares o sancionadoras diversas a las restrictivas de la libertad siempre que ello sea posible. En caso de que sea indispensable la aplicación de una medida restrictiva de la libertad, esta se determinará por el tiempo más breve que proceda. 

En el procedimiento para adolescentes los plazos siempre deberán abreviarse lo más posible con el objeto de evitar afectaciones al desarrollo psico-emocional de los sujetos. En este sentido, los plazos serán perentorios y será posible habilitar días y horas no laborables para conocer de las distintas causas, sobre todo si se trata de procedimientos impliquen o restricción de la libertad.

Los plazos de prescripción de la acción penal para el procedimiento de personas adolescentes serán de un máximo de tres años para los adolescentes que se encuentren entre las edades de 12 y 16 años y un máximo de cinco para los que estén entre los 16 años y los 18 años cumplidos. Se estima que se trata de plazos razonables para fincar responsabilidades a los adolescentes mientras están en la etapa de la vida correspondiente a la juventud. Las reglas generales de la prescripción por cuanto hace al momento en que deberá comenzar a contarse y las reglas de interrupción, son las mismas que se previenen del Código Penal. 

Como regla general, en caso de que se compruebe que la persona inicialmente imputada no era adolescente, la causa se remitirá al sistema de adultos, pero las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento, incluida la vinculación a proceso tendrá validez en aquella jurisdicción. Lo mismo aplicará en caso de que una persona haya sido imputada en el sistema de adultos y posteriormente se acredite que era adolescente. 

Es usual que en un mismo hecho se encuentren involucrados personas adolescentes con personas mayores de edad, en estos supuestos, los procedimientos seguidos contra unas u otras, se realizarán por separado ante las autoridades respectivas. 
El procedimiento seguido adolescentes, contado desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva no puede durar más de seis meses, salvo que la extensión de dicho plazo se ha solicitado por motivos defensivos. 

Por lo demás, todas las etapas del procedimiento penal para adolescentes serán las mismas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En lo atinente a las medidas cautelares se establece, además de las normas generales que son comunes también para el sistema de adultos, en cuanto a sujetos autorizados para solicitarlas, tipo de medidas cautelares que pueden imponerse, estándares de necesidad de cautela que deben ser aplicados, requisitos judiciales para la imposición de medidas, entre otros, la reglas que específicamente deberán respetarse en atención a ser los adolescentes personas en proceso de desarrollo y formación. La regla general es que no deben aplicarse medidas cautelares a menos que sean solicitadas por el Ministerio Público o la parte acusadora y siempre que se acredite la necesidad de cautela. A diferencia de lo que ocurre en el sistema de adultos, para el caso de adolescentes, no procede la prisión preventiva oficiosa. 

Las medidas cautelares no pueden aplicarse sino mediante resolución judicial y por el tiempo más breve que proceda. Al igual que el caso de los adultos no pueden dictarse sino para asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido del testigo o para evitar la obstaculización del procedimiento. Aquí será especialmente relevante la aplicación del principio de mínima intervención, idoneidad y proporcionalidad de acuerdo a las características del hecho imputado y a las condiciones objetivas del adolescente respecto al riesgo procesal que puede llegar a tener. 

En caso de que se decida la aplicación de la prisión preventiva la medida cautelar deberá ser revisada mensualmente de manera oficiosa, con el objeto de verificar si continúan actualizándose los supuestos por los que fue decretada en primer lugar. La revisión tiene propósito general de revisar si persisten los antecedentes, si la medida puede sustituirse por otra menos lesiva o si, en definitiva, puede ser cancelada. 

La aplicación de la prisión preventiva para personas adolescentes, tiene garantías reforzadas si se le compara con el régimen que actualmente está autorizado para personas adultas. Puede decretarse únicamente sobre la base de los principios de excepcionalidad y subsidiariedad, es decir, únicamente puede aplicarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia la persona adolescente en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Adicionalmente, el Juez de Control sólo puede ordenar la prisión preventiva cuando el hecho señalado como delito que se le atribuye a la persona adolescente se encuentre dentro de los supuestos en los que procede la medida sancionadora de internamiento. Ello conlleva que el órgano acusador siempre deberá solicitar la medida cautelar tomando en cuenta los criterios señalados y tener la carga de la prueba para acreditar la necesidad de la medida. 

Aunado a las reglas ya mencionadas, la prisión preventiva solamente puede ser aplicada por un plazo máximo de cinco meses. Si transcurrido este plazo no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad inmediatamente, aunque puedan imponerse medidas cautelares diversas, de acuerdo con la justificación que lleve a cabo el órgano acusador. Como se mencionó con anterioridad, en el caso de personas adolescentes no existe un catálogo de delitos no excarcelables, por lo que siempre se deberá justificar la necesidad de cautela para aplicar la prisión preventiva. Ello se debe a que sí se estableciera el catálogo se violaría la regla general prevista en la Convención sobre los Derechos del Niño, consistente en prever la restricción de la libertad como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda. 

La prisión preventiva no puede ser combinada con otras medidas cautelares y siempre debe cumplirse en lugares diferentes a los previstos para la ejecución de las medidas sancionadoras. Además, cuando una persona adolescente esté privada de su libertad durante el procedimiento, ésta deberá ser considerada de máxima prioridad, no se podrán decretar suspensiones o llevar a cabo diligencias dilatorias que interrumpan el desarrollo del procedimiento.

Al igual que en el caso de adultos, las autoridades encargadas de la evaluación de riesgos y supervisión de medidas cautelares, deberán recoger toda la información necesaria para contar con información objetiva que promueva que el adolescente cumpla con sus obligaciones procesales. El principio de especialidad también rige en su actuación, por lo que los funcionarios que integren tales unidades deberán recibir el entrenamiento profesional que les permita el trato cotidiano con personas adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. 

El Título III del Libro Tercero del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula las normas específicas que deben disciplinar la fase investigación en el marco del procedimiento aplicable para adolescentes. Cabe resaltar la prohibición de la medida de arraigo que prevé el ordenamiento. El arraigo ha sido cuestionado en cuanto a su consistencia con el derecho internacional de los derechos humanos por parte de prácticamente todos los órganos de tratados del sistema de Naciones Unidas. La prohibición para el caso de la justicia para adolescentes asume que se trata de un mecanismo de detención extraordinario y que no se compadece con la obligación de restringir la libertad de los adolescentes sólo como medida de último recurso. El arraigo implica que la persona es detenida para ser investigada y ello no se compadece con las reglas del debido proceso que se debe seguir a cualquier persona pero, menos aún, con respecto de adolescentes. 

Si en un hecho delictivo se detiene a diversas personas y entre ellas está un menor de 12 años, el Ministerio Público deberá ponerlo inmediatamente en libertad y lo entregará a sus padres o quienes ejerzan la patria potestad. En caso de que no exista ningún adulto que pueda hacerse responsable del niño, o bien cuando resulte notoriamente perjudicial entregarlo a los mismos, deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección competente, para que en su caso, esta pueda solicitar las medidas necesarias para su protección integral, asistencia social y restitución de derechos en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Queda terminantemente prohibido utilizar medios de contención hacia niñas y niños menores de 12 años. 

Ahora bien, al igual que en el caso de adultos, los órganos de persecución penal especializados en justicia para adolescentes, tienen las atribuciones de aplicar criterios de oportunidad durante el trámite de alguna causa. Además de las atribuciones generales para aplicar los criterios de oportunidad, el Ministerio Público especializado en personas adolescentes puede prescindir de la acusación penal cuando se trate de conductas atribuidas adolescentes que no lesionen o pongan gravemente en riesgo el bien jurídico tutelado y que puedan ser consideradas como parte de su proceso de desarrollo y formación. 

Como se ha mencionado con anterioridad, las normas penales por lo general están pensadas desde la perspectiva de personas adultas, por lo que muchas de las conductas consideradas criminalmente relevantes suponen un estándar medio de desarrollo y formación que, al ser aplicado a personas adolescentes, puede no estar ajustado a su condición. De ahí que si la conducta vulnera mínimamente bien jurídico y se estima sería desproporcionado aplicarlo con los mismos criterios con los que se haría tratándose de personas adultas, el Ministerio Público está legitimado para prescindir de la acción penal en estos casos. 

En lo atinente a la audiencia inicial, regulada por el Título IV del Libro Tercero del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, se destacan algunas reglas que es necesario considerar. Para empezar, el plazo de retención que tiene el Ministerio Público para poner a disposición al adolescente frente al Juez en los casos de flagrancia no puede ir más allá de 36 horas, precisamente para cumplir con la regla general de que los plazos que impliquen restricción a la libertad personal deberán ser acortados en su duración. Cabe señalar que no está admitida la retención de personas adolescentes en los supuestos de detención por caso urgente. La razón de ello es que el caso urgente no puede ser usado como una forma de detención para investigar la conducta y, en los supuestos de procedencia que plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público cuenta ya con todos los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión y, en su caso, solicitar la vinculación a proceso. De ahí que el plazo de retención no tenga ninguna justificación cuando se trata de caso urgente. 

Otro aspecto que es necesario destacar es la duración del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Para el caso de adultos procesados, el plazo de la investigación complementaria puede ir hasta los seis meses de duración, sin embargo, cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley, el plazo no puede ser superior a los tres meses, los cuales deberán ser computados en días naturales, contados a partir del dictado del auto de vinculación. Lo anterior, por supuesto no significa, que siempre se deberá determinar un plazo de cierre correspondiente a tres meses. Se trata de un plazo judicial que deberá determinarse sobre la base de las necesidades específicas de los actos de investigación, la complejidad de los hechos investigados y siempre considerando las razones de las partes que intervienen en el procedimiento. 

En casos excepcionales, antes de transcurridos los tres meses de duración de la investigación complementaria, el Ministerio Público tendrá la facultad de solicitar la prórroga de la duración de la investigación hasta por un mes más. Para tales efectos deberá justificar por qué el plazo se torna necesario y el Juez deberá emplear criterios restrictivos para decretar su ampliación, más aún cuando el adolescente se encuentra en prisión preventiva. 

En lo tocante a las reglas específicas de la etapa intermedia en el procedimiento para adolescentes cabe destacar que responde a la misma lógica prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de contar con un momento de preparación – fase escrita-y una parte de debate oral. 

La fase escrita incluye la presentación de la acusación y los medios de prueba, la toma de postura de la víctima y el asesor jurídico y la solicitud de corrección de vicios formales, así como la necesidad de que la defensa lleve a cabo el descubrimiento de las pruebas que pretenda ofrecer en el juicio oral. A diferencia de lo que ocurría en los Códigos de procedimientos estatales de estados como Chihuahua, Oaxaca, Morelos, entre otros, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como este ordenamiento establece la obligación de descubrimiento también por parte de la defensa, la cual deberá realizarse previo a la audiencia intermedia en la que el juzgador podrá imponerse de los medios de prueba que las partes pretenden se desahogan en el juicio oral y tenga la posibilidad de depurar las actividades probatorias después del contradictorio con información de calidad. 

En el curso de la audiencia intermedia, el Juez de control especializado puede determinar la acumulación de acusaciones por diversos hechos en contra de una sola persona adolescente o contra varias de ellas, para que sean desahogadas en una sola audiencia de juicio. Si estima que ello traería como consecuencia dilaciones indebidas o perjudica el derecho a la defensa, podrá también determinar que se procesen por separado. En ningún caso se podrán acumular en un mismo juicio hechos imputados a una persona adolescente y a una persona adulta. 

Por lo que respecta al Título VI del libro Tercero del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, relativo a la regulación del juicio, se establece la regla general de que se seguirá a puerta cerrada, salvo que la persona adolescente, en consulta con su defensor, soliciten al Juez o tribunal especializado que se lleve a cabo en público. La razones de la publicidad fueron ya explicadas en sus dos dimensiones, social e individual. Todas las normas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, son también aplicables para la tramitación del juicio, incluidos los estándares para condenar. 

En el Código se regulan específicamente los criterios para la individualización de la media sancionadora cuando la persona adolescente haya sido encontrada responsable en tanto autor o partícipe en el hecho. En atención al principio de reserva de ley, sólo son aplicables medidas sancionadoras expresamente previstas en el Código. Con el objeto de realizar la individualización el Juez debe atender a la forma de autoría del adolescente; a su intencionalidad; al grado de ejecución y a las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión; los medios empleados así como las posibilidades que pudo haber tenido para ajustar su conducta a las exigencias de la norma y su comportamiento hacia la víctima después de realizado el hecho. Dentro de los componentes que tienen que ser tomados en cuenta se debe atender a la edad; el nivel educativo; las condiciones sociales, económicas y culturales; los motivos que lo impulsaron a realizar el hecho; su grado de desarrollo y madurez; si pertenece a un grupo étnico o indígena, así como las necesidades particulares de la persona adolescente y las posibilidades efectivas de cumplir con la media sancionadora. 

El juicio oral supone la cesura del debate en dos partes. La primera parte tiene por cometido determinar si el adolescente tuvo responsabilidad en los hechos que se le imputan y, en caso afirmativo, en un segundo momento, en la individualización, el Juez de control deberá determinar concretamente, después de la audiencia en que se desahogarán pruebas para efecto de determinar el tipo de medidas sancionadoras resulten idóneas. La audiencia individualización debe tener dentro de los tres días siguientes de que se hubiere determinado el fallo de culpabilidad. La audiencia sólo es prorrogable a solicitud de la persona adolescente y de su defensor, por un plazo máximo de tres días. 

En la audiencia de individualización, después de escuchar a las partes, el Juez especializado, determinará la media sancionadora aplicable y explicará a la persona adolescente, en un lenguaje llano y sencillo cuáles son sus alcances, las motivaciones que ha tenido para ello, así como las características generales de ejecución, las consecuencias de su incumplimiento y, en general, todas las incidencias que sea necesario considerar. El Juez puede imponer dos medidas sancionadoras de distinta gravedad para que, se ejecute la de menor gravedad y sólo en caso de incumplimiento, aplicar la de mayor entidad. 

El Juez sólo podrá imponer un máximo de dos medidas, siempre que entre ellas no exista incompatibilidad, de forma que su cumplimiento pueda ser simultáneo y nunca sucesivo. Además también lo condenará a la reparación del daño, en caso de que resulte procedente. 

En lo atinente a la redacción de la sentencia, el Juez está obligado a redactarla en un lenguaje que pueda ser comprendido por el público y por la persona adolescente. 

El Título VII del Libro Tercero del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes regula todo lo concerniente a las medidas sancionadoras aplicables a personas adolescentes. Las medidas sancionadoras que se pueden imponer a las personas adolescentes se dividen en tres grandes categorías: medidas sancionadoras no privativas de la libertad, medidas sancionadoras privativas de libertad y la reparación del daño.

Entre las medidas sancionadoras no privativas de libertad figura la amonestación; la libertad asistida; la prestación de servicios a la comunidad; la obligación de residir en lugar determinado; la obligación de frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; abstenerse de consumir narcóticos, psicotrópicos o bebidas alcohólicas; asistir a programas especializados para la prevención y tratamiento de adicciones; la obligación de aprender un arte u oficio, inscribirse en cursos de capacitación en los lugares o instituciones que determine el Juez; incorporarse o reincorporarse al sistema educativo; someterse a tratamientos médicos psicológicos en instituciones previamente designadas; orientación y supervisión; no poseer ni portar armas; no conducir vehículos; abstenerse de viajar al extranjero; integrarse a programas de educación sexual con perspectiva de género en los casos de delitos sexuales. 

En materia de Justicia para Adolescentes la privación de la libertad se establece como una medida de último recurso, ya que “tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo armonioso del adolescente y dificulta gravemente su reintegración a la sociedad”1, pues lo extrae de su núcleo familiar y social, además, genera en él un sentimiento de pérdida de identidad comunitaria y obstaculiza el establecimiento de nuevos sistemas de aprendizaje.

En este sentido, las medidas no privativas de la libertad constituyen en sí mismas una respuesta preventiva ante la práctica de hechos tipificados como delitos de las personas adolescentes. Además: 

a) Garantizan el principio de intervención mínima y el interés superior del niño. 

b) Permiten a la persona adolescente reinsertarse en los ámbitos propios de su etapa de desarrollo, como son: la escuela, el trabajo, la familia y la comunidad; fortaleciendo las redes sociales de apoyo para su reintegración social.  

c) Generan la creación del sentimiento de compromiso y responsabilidad en la persona adolescente hacia la víctima y su comunidad, concientizándose sobre las consecuencias de su conducta. 

d) Promueven la reparación del daño real o simbólico, a través de acciones en beneficio no sólo de la víctima y de la comunidad sino también de la persona adolescente. 

Promueven el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida, a través de la identificación de las situaciones de riesgo que favorecieron la comisión del hecho tipificado como delito. 

En lo atinente a las medidas privativas de la libertad, estas pueden ser de dos tipos: privación de libertad en el propio domicilio o internamiento en centro especializado. Finalmente, también se regula lo relativo a la reparación del daño, la cual es una medida que debe ser siempre aplicada cuando resulte procedente y la persona adolescente sea hallada responsable del delito imputado.

Por lo que hace a la regulación de las medidas sancionadoras privativas de la libertad, en sus dos modalidades, las mismas solo serán procedentes por delitos del orden federal que específicamente señala este ordenamiento: secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión con violencia, delitos contra la salud en su modalidad de uso, acopio, portación la introducción de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea. En lo atinente a los delitos del fuero común por los que podrá en principio proceder pena privativa de la libertad están: el homicidio doloso, violación – en todas sus modalidades y agravantes-, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida tarda en sanar más de 60 días y robo con violencia contra las personas utilizando cualquier tipo de arma.

1. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 10.

2. Las tentativas de estos delitos también podrán ser consideradas para la posibilidad de imponer una medida sancionadora privativa de la libertad. En todo caso sólo se puede aplicar a adolescentes mayores de 14 años. 

3. La privación de la libertad domiciliaria únicamente podrá imponerse hasta por un máximo de un año con independencia del grupo etario al que la persona adolescente pertenezca. 

4. En cuanto a la duración de las medidas privativas de la libertad e internamiento, su duración máxima para las personas adolescentes de 16 a 18 años será hasta por un máximo de cinco años; respecto de los adolescentes entre los 14 y los 16 años, sólo se podrá aplicar hasta por un máximo de tres años. 

5. La finalidad de las medidas sancionadoras es lograr la reinserción y reintegración de la persona adolescente encontrada responsable la comisión de un hecho delictivo y dimensionar los alcances y afectaciones producidas por la conducta realizada. Las medidas sancionadoras, deberán limitarse, en su duración y finalidad a los alcances establecidos en la sentencia, y no podrán, superar el máximo previsto para cada una de ellas. Existirá siempre la posibilidad de terminar anticipadamente el cumplimiento de la medida o de modificarla en beneficio de la persona adolescente, en los términos previstos en este Código. 

6. El Título VIII del Libro Tercero se refiere a los Recursos. Plantea específicamente que los recursos solamente pueden ser admisibles si son interpuestos por la parte a la que le cause agravio y siempre que expresamente se le dé la posibilidad de recurrir. El procedimiento para adolescentes admite los recursos de revocación y apelación. 

7. El recurso de revocación procede en cualquier etapa del procedimiento penal en la que intervenga la autoridad judicial y sólo respecto de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. La revocación implica que el propio Juez revoca la resolución impugnada, en caso de que el recurso esté fundado. Se interpone oralmente en las audiencias o por escrito por actos que se tramiten fuera de audiencia, en un plazo de dos días. Se deberá resolver el recurso, cuando se trate de actos fuera de audiencia, en un plazo máximo de tres días. Si el recurso se interpone durante la tramitación de la audiencia la resolución deberá ser inmediata. 

8. La apelación, por su parte, procede contra las resoluciones del Juez de control que se establecen en la ley nacional de ejecución penal. Con respecto al juicio oral, procederá en contra de la sentencia definitiva o el sobreseimiento dictado en juicio oral.

9. Durante la ejecución de la medida sancionadora también serán procedentes los recursos de revocación y apelación. En este último caso procederá en contra de la modificación o extinción de las medidas sancionadoras, la sustitución de la medida sancionadora, la aplicación de medidas de seguridad, el cumplimiento de la reparación del daño y de ejecución de sanciones disciplinarias. 

10. Como medios específicos para lograr la reintegración y reinserción social, se deberá dar garantía a los derechos de la persona adolescente, así como potenciar las posibilidades de su desarrollo personal, y considerar sus opiniones para involucrar la persona activamente en la implementación del plan individualizado de ejecución de la media sancionadora. También se deberá tener conciencia de los posibles efectos negativos que pueda tener la media sancionadora para la vida futura del adolescente e implementar estrategias para minimizarlos. 

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece condiciones específicas para cumplir con la reparación del daño, de forma tal que ésta pueda cumplirse mediante la aplicación de un procedimiento restaurativo. Este procedimiento debe conducir a que no haya un traslado de la responsabilidad de las personas adolescentes hacia sus padres o tutores, y que sean ellos quienes se encarguen de hacerse cargo de los hechos por los que fueron declarados responsables. Por acuerdo entre las partes, puede modificarse la obligación de hacer, por una reparación de índole pecuniario. 

Libro Cuarto. Ejecución de Medidas.

El Libro Cuarto regula todo lo relativo a la ejecución de las medidas sancionadoras.

La etapa de ejecución de las medidas sancionadoras comprende todas las acciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las mismas y a lograr los fines que se persiguen con su aplicación. 

En este ordenamiento se regula de manera detallada cuáles son los derechos de las personas adolescentes que están sujetas a medidas sancionadoras, entre los que cabe destacar el no ser privado limitado de los derechos sino en los términos previstos en la medida impuesta, el derecho a conocer de manera directa y por medio de sus representantes legales, la finalidad de la medida impuesta y participar en la implementación del plan individualizado de ejecución. 

También se prevé una serie de normas dirigidas a la protección de los adolescentes sujetos a medidas de seguridad que implican privación de la libertad y que recogen en buena medida las reglas de Tokio y otros instrumentos de derecho internacional emergente. 

Cabe destacar entre los derechos de personas adolescentes sujetas a privación de libertad, el de ser ubicados en centros de internamiento que sean próximos al domicilio de las personas adolescentes, con el objeto de beneficiar su contacto con la comunidad y para no perder la vinculación personal y familiar de la persona adolescente. La misma regla deberá ser observada respecto de potenciales traslados que pudiera llegar a verificarse. 

También deberán considerarse los derechos que tienen los adultos jóvenes, es decir, aquellos que cumplen la mayoría de edad al estar compurgando una medida sancionadora impuesta o que son procesados por algún hecho cometido cuando eran adolescentes. En estos casos, los adultos jóvenes no deberán ser trasladados a un centro de reclusión para adultos. 

En general, la ejecución de las medidas privativas de la libertad deberá estar provista de todas las salvaguardas establecidas tanto en los instrumentos de derecho emergente, como las recientemente revisadas Reglas de Mandela, que sustituye las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, como por el conjunto de principios, las reglas de Tokio y la propia Convención sobre los Derechos del Niño. 

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes  abre la posibilidad para que otras instituciones públicas y privadas coadyuven con la autoridad responsable para ejecutar las medidas sancionadoras, para la cual deberán firmar convenios que permitan sentar las bases de colaboración. 

El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece una jurisdicción especializada en materia de ejecución de las medidas sancionadoras, el cual es responsable del control y supervisión de la legalidad de la aplicación y ejecución de las mismas y tiene la encomienda de resolver cualquier incidente que se presente durante la fase de ejecución y garantizar el cumplimiento de las finalidades de cada una de las medidas sancionadoras. 

El Juez de ejecución es la única autoridad legitimada para decretar la modificación, sustitución o cumplimiento anticipado de la medida sancionadora impuesta. 

Con el objeto de garantizar la salvaguarda de los derechos de la persona adolescente las oficinas administrativas de ejecución deberán integrar un expediente electrónico de ejecución de las medidas sancionadoras y cautelares con datos específicos respecto de las incidencias en la ejecución de las mismas. 

En el capítulo de ejecución también se regulan los supuestos en los que se deben cumplir de manera concurrente medidas sancionadoras aplicadas a las personas cuando eran adolescentes y, penas que hayan podido llegar a aplicarse cuando el adolescente estaba compurgando una medida sancionadora pero ya como adulto joven. En esos supuestos, la medida y la pena se ejecutarán sucesivamente, a menos que se determine, por parte del Juez especializado que la ejecución de la medida sancionadora carece de relevancia o es incompatible con la pena que se impondrá en el sistema penal para adultos. 

A pesar de que el principio de no trascendencia implica que los familiares del adolescente no tienen por qué sufrir la carga del castigo, el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes  prevé la posibilidad de conminar a los familiares o tutores de la persona adolescente para que participen en programas de apoyo especialmente dirigidos a ellos. Se trata de programas de soporte para personas cercanas adolescentes en conflicto con la ley. 

Dentro del capítulo de ejecución se regula el contenido y alcances del plan individualizado de ejecución que consiste precisamente en detallar las acciones que deberán seguirse respecto de las medidas sancionadoras que hayan sido impuestos. Este plan tiene que sujetarse a los fines y objetivos de las medidas que haya decretado el Juez y ser elaborado conjuntamente con el adolescente para que, el plan, puede reflejar las características específicas de la persona a la que van dirigidas y la posibilidad de cumplir el plan en sus términos. El plan deberá proveer la continuidad de actividades y estudios que haya estado llevando a cabo el adolescente para entorpecer en la menor medida posible su desarrollo social. 

El contenido del plan individualizado debe especificar los datos de identificación de la persona adolescente, cuáles fueron las medidas específicamente impuestas, los objetivos particulares que se persiguen con las mismas, la determinación de actividades educativas deportivas culturales laborales formativas en las que deberá participar el adolescente y los objetivos que se persiguen con ellas. También deberá establecer los casos en que se requiera asistencia especial para la persona adolescente, la atenuación de los efectos de la medida y la preparación para la conclusión de la misma. 

Este título del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes también contiene un apartado específico sobre autoridades auxiliares, instituciones privadas y organizaciones civiles que pueden coadyuvar en la ejecución de medidas sancionadoras no privativas de la libertad. 

Lo que se pretende con esta regulación es incentivar la participación de la sociedad civil en los asuntos concernientes a los adolescentes en conflicto con la ley, con el objeto de que puedan coadyuvar en el cumplimiento de los programas de reinserción. De lo que se trata es de fomentar el diseño e implementación de programas orientados a la protección de los derechos e intereses de las personas adolescentes que estén sometidos a proceso o en cumplimiento de medidas sancionadoras privativas de libertad, así como a las víctimas de los hechos perpetrados por adolescentes. 

El sistema integral de justicia para adolescentes deberá contar con un registro de aquellas instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, que estén interesadas en contribuir en el apoyo o ejecución de programas o proyectos para el cumplimiento de medidas sancionadoras y cautelares no privativas de la libertad. Con el objeto de profesionalizar la intervención de las organizaciones civiles, se deberá garantizar que sean especializadas y que estén certificadas en materia de justicia para adolescentes y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En la realización de estas actividades, los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, estarán cumpliendo funciones de autoridad, por lo que sus actos podrán ser escrutados por los organismos públicos de derechos humanos como si se tratase de actos llevados a cabo por autoridades. 

En su tarea de coadyuvantes, las organizaciones civiles deberán rendir informes periódicos a la autoridad judicial sobre la ejecución de las medidas sancionadoras o cautelares. Los informes, cuando den cuenta de medidas sancionadoras, deberán ser detallados por cuanto hace a los mecanismos instrumentados y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan individualizado de ejecución. El informe contendrá solicitudes y recomendaciones para que se sustituyan las medidas cautelares, las condiciones de las medidas sancionadoras, de la suspensión condicional del proceso siempre en beneficio de la persona adolescente. 

Cada año, el presupuesto de egresos de la Federación deberá contemplar una partida para el apoyo financiero a las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro dedicadas a apoyar los programas y proyectos para el cumplimiento de medidas sancionadoras y cautelares no privativas de la libertad, así como de mecanismos alternos. 

Para los efectos de estar en posibilidades de operar, las organizaciones e instituciones privadas deberán obtener un certificado que avale su capacidad jurídica, material y de personal. 

En el Libro Cuarto, Capítulo III, también se prevé la posibilidad de instrumentar la justicia restaurativa en la ejecución de las medidas sancionadoras, con independencia del delito por el que éstas hayan sido impuestas. En este respecto, no tienen el carácter de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues no sustituyen a la medida sancionadora, pero si pueden contribuir de manera decidida a cumplir con la reparación en beneficio de la víctima. El momento de aplicación de estos mecanismos puede hacerse desde que la sentencia condenatoria quedará firme. 

Para los efectos de implementar los mecanismos previstos en este capítulo también serán aplicables las reglas sobre procesos restaurativos previstos en el capítulo respectivo de este ordenamiento. 

Finalmente, el Título II del Libro Cuarto del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes contiene una regulación puntual sobre los procedimientos administrativos y jurisdiccionales para la ejecución de la medida. Señala entre otros aspectos cuando se tendrá por iniciado el cumplimiento de la medida sancionadora, la forma en que se deberá revisar periódicamente el plan individualizado por el órgano encargado de supervisión y los informes que se deben rendir hacia la familia de la persona adolescente con el objeto de que pueda intervenir y participar en la ejecución de la medida y brindar apoyo al adolescente. 

Este Título regula tanto el procedimiento administrativo como el jurisdiccional. El procedimiento administrativo permite que la persona adolescente y sus allegados más directos formulen peticiones ante las autoridades de ejecución por hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Dichas peticiones deberán sustanciarse con las reglas del debido proceso y deberá concluir en la determinación de si hubo o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura reclusión para las personas adolescentes privadas de libertad o para las personas afectadas y para que adopte las medidas que permitan subsanar dicha afectación. 

El procedimiento administrativo regula las peticiones, los acuerdos de inicio y el trámite de todo el procedimiento, también prevé la posibilidad de acumular peticiones. Finalmente, también determina las características que tendrá que tener las resoluciones administrativas que recaigan a las peticiones. 

En lo tocante a procedimiento jurisdiccional, éste se establece para regular las controversias que pueden ser tramitadas ante el Juez de ejecución. Entre las materias sobre las que podrá conocer el Juez de ejecución están las relativas a las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, las condiciones y cuestiones la reducción de medidas de libertad que afecten derechos fundamentales, la duración, modificación y extinción de la medida sancionadora. 

Ahora bien, respecto del régimen transitorio para la entrada en vigor del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, se llevará a cabo de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo de cada entidad federativa. En todos los casos, entre la declaratoria y la entrada en vigor deberá mediar un plazo de 60 días. 

Con el objeto de garantizar un funcionamiento adecuado del sistema integral de justicia para adolescentes regulado en el nuevo Código Nacional, se establece la política de sustanciación de casos a partir del día siguiente la entrada en vigor de la declaratoria, con el objeto de garantizar que el sistema inicie con carga cero”.

Las medidas cautelares se aplican con base en los principios de racionalidad y proporcionalidad. Lo anterior con base en el artículo 29 del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que a la letra dice; “Racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y sancionadoras. Las medidas cautelares y sancionadoras que se impongan a las personas adolescentes deberán atender a los principios de racionalidad y proporcionalidad.  

Para la imposición de las medidas cautelares, se deberá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de Control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para la persona adolescente. 

La racionalidad y proporcionalidad implican que todas las medidas sancionadoras deben corresponder a la afectación causada por el hecho, tomando en cuenta las circunstancias personales del adolescente”.

Los derechos de las personas adolecentes sujetas a medidas cautelares son los siguientes, con base en el artículo 44 del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que dicta lo siguiente (sic): “Derechos de las personas adolescentes sujetos a medidas cautelares o sancionadoras privativas de libertad. Las personas adolescentes sujetas a medidas cautelares o sancionadoras privativas de libertad establecidas en este Código tienen los siguientes derechos: I. No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y garantías, sino en los términos previstos en la medida impuesta; II. A que se implementen ajustes razonables en caso de personas adolescentes con discapacidad que estén privadas de su libertad; III. A ser alojados en Unidades de Internamiento, de acuerdo con su edad, género, salud física y mental y separados de los adultos; IV. Conocer el propio adolescente, representantes legales, sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, y en su caso, la persona en quien confíe, la finalidad de la medida sancionadora impuesta, el contenido del Plan Individualizado y lo que se requiere de la persona adolescente para cumplir con el mismo; V. No ser trasladados de una Unidad de Internamiento a otra injustificadamente en términos de la legislación aplicable. Cuando proceda el traslado deberá hacerse a Unidades de Internamiento ubicados lo más cerca posible del lugar de residencia habitual de su familia o de quienes ejerzan sobre él la tutoría, patria potestad o custodia. Los traslados se realizarán respetando la dignidad y derechos humanos de la persona adolescente y garantizando su seguridad; VI. No ser trasladados a un Centro de Internamiento para adultos al momento de cumplir los dieciocho años en cualquier etapa del procedimiento; VII. Ser escuchado en la elaboración y revisión del Plan Individualizado que  va a cumplir;  VIII. Recibir información sobre las leyes, reglamentos u otras disposiciones que regulen sus derechos, obligaciones y beneficios, el régimen de la Unidad de Internamiento en la que se encuentren, las medidas disciplinarias que pueden imponérseles, el procedimiento para su aplicación y los medios de impugnación procedentes; IX. Recibir visitas frecuentes, de conformidad con el Reglamento aplicable;  X. Comunicarse por cualquier medio disponible con las personas de su elección, de conformidad con el Reglamento aplicable; XI. Tener acceso a medios de información tales como prensa escrita, radio y televisión que no perjudiquen su adecuado desarrollo y de conformidad con el Reglamento aplicable;  XII. Tener contacto con el exterior a través de los programas y actividades desarrollados por la Unidad de Internamiento; XIII. Salir de la Unidad de Internamiento para: a. Recibir atención médica especializada, cuando ésta no pueda ser proporcionada en el mismo. b. Acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina o concubinario, así como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan, de conformidad con el Reglamento aplicable. En ambos casos, las salidas serán bajo la vigilancia  que determinen las autoridades de la Unidad de Internamiento; XIV. Cursar el nivel educativo que le corresponda y recibir instrucción técnica o formación práctica sobre un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en diversas áreas del conocimiento;  XV. Que se mantengan en la Unidad de Internamiento condiciones de seguridad e higiene para la conservación de su salud; XVI. Recibir servicios de salud y asistencia por profesionales debidamente capacitados y en condiciones que garanticen su adecuado desarrollo físico y psicológico; XVII. Las madres adolescentes tendrán derecho a permanecer con sus hijos menores de seis años mientras dure la medida de privación de la libertad, en lugares adecuados para ella y su descendiente y a recibirlos insumos y servicios necesarios para su desarrollo; XVIII. Realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, bajo supervisión especializada; XIX. Recibir atención médica y cualquier otro tipo de atención vinculada con la protección de la salud, siempre en razón de su género y circunstancias particulares. Este derecho será extensivo a las y los hijos menores de seis años de edad que permanezcan con sus madres adolescentes en los términos de este Código; XX. Recibir en todo momento una alimentación nutritiva, adecuada y suficiente para su desarrollo; así como vestimenta suficiente y digna que garantice su salud y formación integral; XXI. Tener una convivencia armónica, segura y ordenada en la Unidad de Internamiento en la que permanezca; XXII. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos o ponga en peligro su salud física o mental;  XXIII. No ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo las excepciones que determine este Código y de acuerdo a los protocolos previamente establecidos sobre el uso legítimo de la fuerza;  XXIV. No ser aislados salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para evitar o resolver actos de violencia, generalizada o amotinamiento en los que la persona adolescente esté directamente involucrado. En ningún caso el aislamiento implicará incomunicación; XXV. Ser recibidos en audiencia por los servidores públicos de la Unidad de Internamiento, así como formular, entregar o exponer personalmente, en forma pacífica y respetuosa, peticiones y quejas, las cuales se responderán en un plazo máximo  de tres días, y XXVI. Los demás derechos establecidos en la Ley de Ejecución y demás leyes aplicables”.

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