martes, 16 de mayo de 2017

9106. PENSIONES DE TRABAJADORES SON USADAS PARA FINANCIAR NEGOCIOS DE HIGA Y DEL CUÑADO DE SALINAS.

Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI

Por Sandra Rodríguez Nieto
SinEmbargo. Mayo 15, 2017. 12:05 am.

La Consar reportó el financiamiento de Infraestructura Institucional por 2 mil 737 millones de pesos, y de ese monto el 83 por ciento lo aportaron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores); es decir, los proyectos fueron financiados con el dinero que los trabajadoras guardan para su jubilación. Dichos préstamos han beneficiado a empresarios poderosos, particularmente en este sexenio, como es el caso de Jerónimo Gerard, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto.

El que las Afores inviertan en proyectos y fondos de inversión para aumentar su rentabilidad es común. Sin embargo, especialistas alertan que, en estos casos, el problema es que las inversiones se hagan en proyectos de infraestructura no rentables o que enfrenten entornos volátiles e incluso crisis económicas, por lo que no está claro quién asume las pérdidas ni quién protege los ahorros de los trabajadores.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo). –Parte de los fondos de ahorro para el retiro que administran diversas entidades bancarias (Afores) se han destinado al financiamiento de negocios de personas vinculadas con el poder político.

El fondo de inversión Infraestructura Institucional, que presidió el cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, Jerónimo Marcos Gerard Rivero, ha recibido miles de millones de pesos a través de instrumentos denominados “Certificados de capital de desarrollo”, o CKDs, y que en su gran mayoría proceden de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos.

Este fondo de Infraestructura Institucional, luego, se convirtió en operador de un 50 por ciento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, cuya obra quedó, entre otras empresas, a cargo de la constructora Teya, del empresario Juan Armando Hinojosa, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto y mismo que financió la residencia en la que vive su familia, conocida como la Casa Blanca.

“Infraestructura Institucional es una firma privada de inversión fundada en 2010, enfocada en proyectos de infraestructura. Ha recaudado más de un billón de dólares en capital a través de dos fondos (CKD, listados en la Bolsa Mexicana de Valores) con una base de inversionistas compuesta sobre todo de fondos de pensiones (Afores) y otros inversionistas institucionales”, dice un boletín de la agencia PR Newswire.

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El boletín es de 2014, cuando se dieron a conocer los planes de inversión en el nuevo sector energético mexicano de una de las empresas a su vez fondeadas por Infraestructura Institucional, Sierra Oil and Gas, en la que, entre otros, participa como consejero el ex director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) entre 2003 y 2007, Salvador Beltrán del Río.

“La inversión en Sierra representa una oportunidad importante para el capital institucional de México, particularmente los fondos de pensiones (Afores) que invierten en nuestros Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), para ayudar a financiar el desarrollo del naciente sector privado mexicano de energía al participar en los proyectos de exploración y producción desbloqueados por la Reforma Energética”, agrega el mismo boletín, citando a uno de los socios de Sierra.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), por su parte, reportó también en 2010 el financiamiento de Infraestructura Institucional por 2 mil 737 millones, de los cuales el 83 por ciento provenían de las Afores (Administradoras de Fondo para el Retiro).

“Infraestructura Institucional colocó un CKD por un monto de dos mil 737 millones de pesos, de los cuales dos mil 270 millones de pesos fueron adquiridos por las Afores; es decir, el 83 por ciento de la emisión. Esta colocación tendrá como finalidad inversiones en proyectos de infraestructura medianos de baja complejidad en México, libramientos, potabilización, distribución y tratamiento de agua; así como infraestructura social como hospitales y escuelas”, dice el boletín de la Consar.

El 30 de noviembre de 2015, Infraestructura Institucional se fusionó con la firma internacional de inversión BlackRock Inc, que en diciembre de 2015 enlistó al Hospital Regional de Zumpango entre sus negocios.

“Contrato de prestación de servicios a largo plazo para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango”, dice la descripción de la “actividad” en la que Black Rock posee el 50 por ciento, y contenida en uno de sus reportes a la BMV.

“Las actividades de inversión reportaron una aplicación de recursos por $656,387,442 pesos como resultado principalmente del vencimiento de instrumentos financieros a más de 90 días de $279,790,779 pesos, el desembolso para inversión de deuda y capital en los proyectos en marcha por $984,093,745 pesos, de los dividendos recibidos del proyecto Hospital de Zumpango por $38,827,807 pesos, y los rendimientos cobrados de las inversiones en instrumentos financieros por $9,087,717 pesos”, agrega el reporte anual de 2015 de Black Rock a la BMV.

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CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO

Los Certificados de Capital de Desarrollo, o CKD, de acuerdo con la definición de la Consar, son títulos fiduciarios que se destinan a la “inversión o al financiamiento de las actividades o proyectos dentro del territorio nacional, de una o varias sociedades”.

En 2015, de acuerdo con la misma comisión, hasta un 6.1 del total de los fondos para el retiro de los trabajadores mexicanos se destinaba a este tipo de instrumentos, mientras que, en 2016, la proporción bajó a 4.5 por ciento debido a la entrada de otro modelo de inversiones con recursos de las Afores, denominadas “Fibras”.

La Consar permite a las administradoras de los fondos para el retiro invertir en este tipo de instrumentos financieros desde 2008, mientras que, desde 2009, los CKD aparecen en los listados de la Bolsa Mexicana de Valores.

“Como se recordará, la primera emisión de un CKD se realizó en octubre de 2009, después de un arduo esfuerzo coordinado entre la BMV (Bolsa Mexicana de Valores) y las autoridades financieras para la definición del marco normativo aplicable a este instrumento. Desde entonces y a la fecha se han colocado 13 emisiones por $33 mil 584 millones de pesos”, dice un informe de la BMV de 2010, cuando este organismo estaba presidido por Luis Téllez Kuénzler, integrante de los consejos de diversas firmas, como Grupo México, y también ex Secretario de Energía, de Comunicaciones y Transportes y, a la fecha, integrante del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

“Los certificados de capital de desarrollo (CKDes) continuaron presentando un crecimiento constante, siendo utilizados para financiar proyectos de infraestructura, inversiones en acciones de empresas promovidas y diversos proyectos de construcción de vivienda, principalmente”, agrega el reporte, que menciona el fondeo de Infraestructura Institucional.

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De acuerdo con José Nabor Cruz Marcelo, experto en política industrial y fiscal del Instituto de Investigaciones Económicas, el problema de este tipo de inversiones es que, en caso de que los proyectos de infraestructura no sean rentables o enfrenten entornos volátiles o crisis económicas, no está claro quién asumirá las pérdidas o protegerá los ahorros de los trabajadores.

“Si bien la idea es que se transfiera ese gran monto a diferentes mecanismos de inversión con la expectativa de que los trabajadores tengan mayores volúmenes de ganancia, no queda claro quién va a absorber las pérdidas. Eso es uno de los riesgos”, dice Cruz Marcelo.

“Si bien en teoría son buenas ideas, si se presenten, desafortunadamente, una contracción económica y eso se vuelve perdida, de alguna manera esas Afores servirán para absorber esas pérdidas”, agrega el también autor de “La Distribución del Ingreso y los modelos de desarrollo en México”.

De acuerdo con una presentación sobre este tipo de financiamientos, la transferencia de recursos de las Afores a los proyectos de infraestructura requiere de la creación de fideicomisos, que son los que emitirán los CKD ante la BMV.

Un ejemplo citado en “CKD’s: mecanismo adicional de financiamiento de infraestructura en México” –utilizada en un seminario sobre asociaciones público privadas (APP)– ilustra el esquema con la construcción del hospital regional de Tlanepantla, también en el Estado de México y a cargo de la empresa Marhnos.

Esta obra, muestran las gráficas, surgió a partir de un fideicomiso que inició con mil millones de pesos; 70.3 por ciento de éste, procedente de las Afores que administran los bancos Banamex, Banorte y Profuturo GNP.

La misma presentación menciona que los certificados de Infraestructura Institucional provinieron, en un 82.9 por ciento, de las Afores de Banamex, Bancomer, Coppel, ING, Pensionissste, Profuturo GNP.

En el negocio de la administración de este tipo de fideicomisos generados con los CKD participa también Evercore, una firma de asesoría financiera y casa de Bolsa fundada por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, y donde también trabajaron el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el ex Subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez.

“La desarrolladora regia Carza prepara una Oferta Pública Primaria de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) por 3 mil millones de pesos para el próximo año, de los cuales proyecta levantar 600 millones en la emisión inicial (…)  El Prospecto Preliminar no detalla la fecha de la emisión inicial ni de las subsecuentes, pero establece que el precio de colocación de cada certificado será de 100 pesos a un plazo de 10 años y que el agente colocador será Evercore Casa de Bolsa”, reportó el periódico Reforma el 9 de diciembre pasado.

Evercore ha participado también en el refinanciamiento de deudas estatales, como la de Chihuahua, Coahuila y Puebla, que han resultado, las primeras, entre las más elevadas de la República y, la segunda, entre las que registraron mayor cantidad de pasivos no reportados al Gobierno federal.

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Por Sandra Rodríguez Nieto.

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