Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI
Por
Sandra Rodríguez Nieto.
SinEmbargo. Junio 15, 2017. 12:05 am.
Ha
pasado un mes del asesinato de Javier Valdez y del reclamo a nivel nacional e
internacional por el crimen. La Fiscalía Genera del Justicia de Sinaloa y la
PGR realizan investigaciones que no han dado con un solo detenido y se ha
ofrecido una recompensa para que la ciudadanía dé información para dar con el
paradero de los responsables.
Abran este enlace relacionado con esta información.
El
director de Ríodoce, Ismael Bojórquez, medio para el que trabajaba y ayudó a
fundar Valdez, sostiene que parece que las autoridades “no tienen ellos mismos
una claridad respecto de dónde pudo haber venido el crimen”.
Alejandro
Sicairos Rivas, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de
Junio, considera que la apuesta oficial es que el caso quede en la impunidad.
“Salvo que ellos nos quieran tapar la boca presentando a los culpables
materiales e intelectuales ante los tribunales”.
Hoy,
una vez, más los periodistas saldrán a las calles paran exigir justicia no sólo
para el periodista sinaloense sino por todos sus colegas asesinados.
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Ni
Siria, ni Irak: en México matan a más periodistas que en cualquier país del
mundo, en guerra o no.
Ciudad de
México, 15 de junio (SinEmbargo).– A un mes del asesinato del periodista
sinaloense Javier Valdez Cárdenas, la investigación sigue en etapa de
integración, ninguna persona ha sido detenida y, como único avance oficial, se
ha reportado la trayectoria de las balas en el cuerpo de la víctima.
Desde el
pasado 15 de mayo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR)
indicó que abrió una carpeta de investigación paralela a la iniciada en Sinaloa
por la Fiscalía General del Estado.
Ninguna de
las dos instituciones, sin embargo, ha mostrado contar con más diligencias que
una “recreación de los hechos”, registrada la semana siguiente del crimen,
delante de los medios de comunicación y de la que sólo se desprendieron datos
de la necropsia.
“Lo
único que esquematizamos es la dirección del arma de fuego, en la anterior
versión señalaba que era la versión donde vieron ustedes a dos victimarios, era
la versión de las testimoniales por eso también se tiene que recrear; sin
embargo, lo objetivo es desde dónde le disparan y las distancias”, dijo el
titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, Anselmo
Apodaca Sánchez, el 22 de mayo, fecha del único reporte oficial sobre la
investigación.
Ante la
falta de avances, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, de
Sinaloa, decidió retirarse de una supuesta “mesa de seguimiento” a la
investigación que, sin embargo, dice el presidente de la organización,
Alejandro Sicairos Rivas, se reunió en sólo dos ocasiones y en ninguna
observaron indicios de que el Gobierno del Estado o la FEADLE fueran a
esclarecer el crimen.
Ni los
cuestionamientos de si tenían retratos hablados o citatorios para tomar
declaraciones pudieron ser respondidos por las autoridades ante los periodistas
de la mesa de seguimiento, dice Sicairos en entrevista, y ni aun si habían ya
descartado de manera oficial la línea del robo del vehículo como móvil del
asesinato.
“No
hemos regresado porque, ahora, en el cierre de junio, preguntaron si queríamos
reunirnos con ellos, y yo le pregunté (al Fiscal del Estado) ‘tienen avances
concretos’ (dijo) ‘no, queremos escucharlos a ustedes’. ‘A nosotros ya nos
escucharon mucho, porque estamos gritando todos los días, frente a catedral, a
través de mantas, a través de pintas de todo tipo, estamos gritando lo mismo. O
sea, no tiene caso reunirnos a decir otra vez lo mismo y que ustedes no hablen.
Ustedes son los que tienen que hablar y decir cómo va la investigación”, relata
Sicairos, también, como la víctima, fundador del semanario sinaloense Ríodoce.
“Entonces,
en estos momentos, por lo que tenemos de elementos, todo lo que sabemos es que
esto va directo a la impunidad; no hay ninguna señal o indicio de que estén
haciendo las cosas bien y creo que ya están apostando a que se olvide, que
atraiga la PGR el expediente y que aquí dejemos de estar moliendo y que esto
ya, pasen los años, los meses”, agrega.
Un
pequeño altar como homenaje al periodista Javier Valdez fue puesto en la mesa
de un cafe al cual solía frecuentar todas las mañanas en Culiacán, Sinaloa. Foto:
Cuartoscuro
De 50 años,
Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada y reportero de
Ríodoce, fue asesinado el pasado 15 de mayo en la calle Riva Palacio, de la ciudad
de Culiacán, generando reacciones de protesta tanto en Sinaloa como México y
diferentes partes del mundo.
Ocurrió a
menos de dos meses del asesinato de su compañera corresponsal de La Jornada, la
periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, a pocas horas de que un
grupo de foto-reporteros fueran emboscados en Guerrero y tres días antes de que
otro periodista, Salvador Adame Pardo, fuera secuestrado en el Estado de
Michoacán.
Antes,
también en 2017, habían sido asesinados los periodistas Cecilio Pineda Brito,
en Altamirano, Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, en Yanga, Veracruz; Maximino
Rodríguez, en La Paz, Baja California Sur, y Filiberto Álvarez Landeros, en
Morelos.
Después del
crimen de Javier Valdez, el mismo 15 de mayo, en Autlán, Jalisco, fue asesinado
el reportero Jonathan Rodríguez Córdova y, el 25 del mismo mes, fue asesinada
Yudith Paula Santiago, locutora de Radio Comunitaria Unión Zapata, en Oaxaca.
La
frecuencia de estos ataques, que suman más de cien desde 2000, convirtieron este
año a México en el país más peligroso para el periodismo en todo el mundo, con
más asesinatos de reporteros incluso que naciones en guerra, como Siria o Irak.
En el fondo
de la problemática, han advertido por años diferentes organizaciones defensoras
de la libertad de expresión, se encuentra la impunidad en la que han quedado
hasta el 99.7 por ciento de los asesinato de periodistas mexicanos.
Y fue
precisamente para evitar que el crimen de Javier Valdez siguiera el mismo
camino de la falta de castigo, dice Sicairos, que los periodistas de Sinaloa
exigieron y acordaron con el Gobierno del estado la creación de la mesa de
seguimiento a la investigación.
Pero, ante
la falta de resultados y los argumentos de secrecía alrededor de la
investigación dados por el Gobierno estatal, los periodistas advirtieron desde
la primera semana posterior al crimen que se retirarían de la “mesa”, por lo
que, el día 22, dice Sicairos, la FEADLE y el Gobierno del estado presentaron
la “recreación” de los hechos.
“Fue
un montaje, en efecto, para quitar la presión”, dice. “Fue algo para el manejo
mediático, pero no supimos qué resultado tuvieron; sólo sabemos que les tomaron
fotos ahí, que hicieron una especie de comedia y ya”, agrega el periodista.
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La
PGR ofrece recompensa de 1.5 millones por datos para hallar a los asesinos de
cinco periodistas.
“GUERRA
MEDIÁTICA”
Desde el 22
de mayo, el director de Ríodoce, el periodista Ismael Bojórquez, escribió en su
columna que la publicación había entrado en una “guerra mediática” iniciada por
los grupos del crimen organizado que operan en el estado de Sinaloa.
La incursión
en los medios había iniciado en un contexto de aumento de la violencia en la
entidad y que el periodista atribuyó a la disputa interna de la organización
criminal generada a partir de la reaprehensión de Joaquín “el Chapo” Guzmán, en
enero de 2016.
En febrero
de este año, una fracción de la organización, que Bojórquez identifica como
“los hijos del Chapo”, envió una carta al noticiero nacional del periodista
Ciro Gómez Leyva para acusar a la fracción contraria, atribuida a Dámaso López
Núñez, o “El Licenciado” –que habría ayudado en las dos fugas de “El Chapo”),
de un ataque a balazos el día 4 de febrero.
“El
Licenciado”, por su parte, escribió Bojórquez en su texto, “busca espacio en
dos impresos de Sinaloa, Ríodoce y La Pared, a quienes concedió entrevista vía
mensajes telefónicos, donde se deslinda del ataque que los Chapitos le
atribuyeron. La entrevista la hizo Javier, pues a él lo habían buscado”.
Los
síntomas de intimidación al medio y a Valdez llegaron en ese contexto, reportó
Bojórquez, debido a que “los hijos del Chapo se enteraron que habíamos
entrevistado a Dámaso y presionaron a Javier para que el trabajo no se
publicara”.
Ante la
negativa de Ríodoce, agregó el texto, los mismos presuntos delincuentes “le
hablaron porque querían comprar toda la edición, pero tampoco se les concedió.
Y entonces optaron por seguir —en Culiacán y Mazatlán— al personal que entrega
los ejemplares en las tiendas y en cuanto los dejaban contra recibo, ellos los
compraban”.
Los días
siguientes, informó Bojórquez, él y Valdez acordaron que éste debía salir de
Culiacán, y así lo planteó la víctima ante organizaciones internacionales –como
el Comité para la Protección de Periodistas– que le propusieron salir de
México, y con La Jornada, que luego del asesinato de Miroslava Breach le
propuso “algo semejante” pero sin que se concretara.
“Con los
días, las cosas parecían haberse calmado. La detención de Dámaso López Núñez
(el 2 de mayo) cargaría los dados hacia un lado y era de sentido común esperar
una pax narca. Lo comentamos el mismo lunes por la mañana antes de que lo mataran.
Pero estábamos equivocados”, escribió Bojórquez.
“Como nos
equivocamos también al entrevistar a Dámaso, porque de esa forma nos metimos a
una guerra mediática que no era nuestra, provocando el disgusto —sin que fuera
nuestra intención—de la otra parte. Por eso el decomiso de los ejemplares del
domingo 19”, agregó.
Periodistas
en la Segob reclaman justicia para Valdez y sus otros colegas asesinados. Foto:
Cuartoscuro.
En
entrevista, Bojórquez informó que, si bien esta información ha sido expuesta a
las autoridades ministeriales, sobre todo a la FEADLE, aún no tienen
conocimiento del curso que ha seguido esta línea de investigación.
“Nosotros
les ayudamos con eso y otras cosas, pero sobre cómo ha evolucionado el
seguimiento de esta línea de investigación no tenemos conocimiento, porque han
sido muy prudentes, no han querido, dicen ellos, generar expectativas en
nosotros sobre determinadas líneas; (dicen que) ‘todas las líneas están
abiertas’, ‘todas las líneas tenemos que agotarlas’, y vienen, nos piden
información, etcétera, pero no sueltan mucho porque dicen ellos que quieren
armar con mucho cuidado la carpeta para que en un momento, si hay un juicio, no
se les vaya a caer”, dijo Bojórquez.
–¿Qué tanta
confianza les genera la investigación? –se le preguntó.
“Nosotros,
en general, somos muy desconfiados de las instituciones. Tú sabes cuál es la
historia de las instituciones y sobre todo en los casos de alto impacto. Tenemos
Ayotzinapa, tenemos el asesinato mas reciente de Miroslava en Chihuahua y, en
la mayoría de los casos, las instituciones no han respondido, llámese Segob
[Secretaría de Gobernación], llámese PGR, llámese fiscalías estatales”, dijo.
Ni la
Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la FEADLE respondieron a las
preguntas específicas sobre este contexto de “guerra mediática” en el que se
registró el crimen de Javier Valdez, respecto al cual el titular de la fiscalía
especializada federal, Ricardo Sánchez del Pozo, sólo informó públicamente
durante la conferencia de la recreación de los hechos que “todo el trabajo
periodístico de Javier Valdez se ha analizado y se está analizando”.
Daniel
Gaxiola, vocero de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, dijo por su
parte que lo presentado durante la conferencia del 22 de mayo “es lo único que
se va a compartir” públicamente debido a la reserva en la que debe mantenerse
la carpeta de investigación.
Y, el pasado
martes, la PGR emitió el acuerdo por el que ofrece 1.5 millones de pesos de
recompensa a quien aporte información sobre el o los autores de este y otros
cuatro crímenes cometidos contra periodistas este 2017.
El monto por
cada uno de los periodistas afectados es de 1 millón 500 mil pesos, y que será entregado
de manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y
oportunidad que la información aportada haya representado para la localización
de los agresores, publicó la dependencia en el Diario Oficial de la Federación.
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El
Presidente debe dar la cara por el asesinato de periodistas: CPJ; que el
Congreso lo cite: RSF.
SINALOA:
VIOLENCIA Y EJÉRCITO
El crimen de
Valdez Cárdenas se registró en el que resultó ser el mes más violento de
Sinaloa desde al menos 2011. En una escalada de asesinatos que el Gobierno
federal también considera parte de la disputa interna en la organización
criminal denominada Cártel de Sinaloa, mayo cerró con 184 asesinatos dolosos, o
casi seis diarios, y un 84 por ciento más que los cien registrados en mayo de
2016.
Además de
esta disputa interna, en Sinaloa se registró desde enero pasado un aumento en
la presencia castrense posterior al cambio de mandos en la tercera Región
militar –donde el general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes sustituyó a Alfonso
Duarte Mújica– y que ha llegado a sumar dos mil 200 elementos.
El
reforzamiento militar, de acuerdo con lo que informó en febrero el Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se presentó a petición del nuevo
Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y “ante la debilidad institucional que se
tiene en muchos municipios y en muchos estados”.
La
violencia, sin embargo, no hizo más que incrementarse en la entidad: de 118
asesinatos dolosos en enero, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, a
124 en febrero, 143 en marzo, 148 en abril y 184 en mayo.
¿A
los periodistas les importan los periodistas? ¿Quién manda en las redacciones?,
preguntaba Valdez en un tuit de 2006. Foto. Twitter @jvrvaldez
“NOS
PEGARON EN EL CORAZÓN”
Javier
Valdez Cárdenas fue el periodista que, desde la entidad sede de la que se
considera una de las mayores organizaciones del narcotráfico en el mundo,
publicó la mayor cantidad de libros sobre esta problemática.
Miss Narco,
Los morros del narco, Con una granada en la boca, Levantones: historias reales
de desaparecidos y víctimas del narco y, el más reciente, Narcoperiodismo,
fueron algunos de los títulos editoriales que escribió desde 2007, a la par que
mantuvo su trabajo de corresponsal para La Jornada y de periodista en Ríodoce,
el semanario que fundó junto a Bojórquez y Sicairos en 2003 y donde también
publicaba su columna semanal titulada “Mala yerba”.
El
mensaje que escribió en su cuenta en la red social Twitter el 25 de marzo,
luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea, mostró su posición ante las
amenazas de muerte y ha sido utilizado como lema de las protestas contra su
asesinato: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si
esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.
El crimen
impactó en un amplio sector de la comunidad periodística mexicana, una de las
más golpeadas en el mundo por la violencia que ha cobrado la vida de más de
cien reporteros desde 2000.
“Hoy nos
pegaron en el corazón”, tituló Ríodoce un editorial el día del crimen. “Es un
golpe demoledor para nosotros, para su familia, pero también para el
periodismo, el sinaloense, el mexicano, sobre todo ese que investiga, escribe y
publica en libertad”, agregó el texto.
El Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, respondió el miércoles posterior al
asesinato con una reunión extraordinaria con los titulares de los Ejecutivos
estatales y el anuncio de una lista de “acciones para la libertad de expresión”
que, sin embargo, se basa en el reforzamiento de instancias ya existentes, como
el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación y la propia FEADLE,
que tiene un índice de impunidad mayor al 99 por ciento.
Esta
respuesta del Ejecutivo federal, además, no sólo fue considerada por
periodistas y organizaciones como tardía y superficial, sino tan poco efectiva
que, al día siguiente del anuncio, el periodista y propietario de un canal de
televisión local, Salvador Adame Pardo, fue privado de su libertad en el
municipio de Múgica, Michoacán, sin que a la fecha se conozca su paradero.
En Sinaloa,
mientras, los colegas de Javier Valdez ven lentitud en la investigación y, de
acuerdo con Sicairos, la apuesta oficial es para que quede en la impunidad,
como el resto de los casos. “Salvo que ellos nos quieran tapar la boca
presentando a los culpables materiales e intelectuales ante los tribunales”,
dice Sicairos.
“Lo
que podemos decir ahora, a la vuelta de casi un mes del asesinato de Javier, es
que no vemos claridad en cuanto a que el crimen se esté resolviendo. Nos parece
que van lentos, nos parece que no tienen ellos mismos una claridad respecto de
dónde pudo haber venido el crimen”, agrega Bojórquez.
ADEMÁS
La
complicidad Estado-dueños de medios alejaron a la sociedad de los periodistas,
dicen críticos.
Por
Sandra Rodríguez Nieto.
