jueves, 12 de abril de 2018

10,527. NUESTRO BINOMIO: POBREZA Y VIOLENCIA.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI

Por Darío Ramírez.
SinEmbargo. Abril 12, 2018. 12:00am.

La violencia y la pobreza van de la mano. Son una mancuerna inseparable. Foto: Cuartoscuro.

La sangre corre por todo México. Tal vez nos hemos acostumbrado. Tal vez nos han dicho que por más que intentemos el miedo jamás se destierra. Pero México no era así hace dos décadas. La neblina de la guerra se asienta imposibilitándonos mirarnos a la cara y reconocer el miedo que tenemos.

El miedo no viene en un personaje que hace campaña. El miedo ya está en todos los hogares de México. Los responsables son Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), junto con sus operadores políticos. Hechos son hechos. Habrá algunos que quieran seguir defendiendo la estrategia (obviamente fallida) de seguridad. El argumento de “no había de otra” se ha diluido durante los dos sexenios. Desde su séquito de guaruras, camionetas blindadas en zonas residenciales de alta plusvalía se les olvida para quien son las balas que lanzan como política pública.

En un año 3.9 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza. En 2008 se contabilizaba 49.5 millones de pobres en México. En 2016 la cifra aumentó a 53.4 de millones, según cifras del Coneval. Claramente los 6 mil 491 programas sociales federales, estatales y municipales tienen que entrar a una profunda revisión del gasto y su impacto.

La violencia y la pobreza van de la mano. Son una mancuerna inseparable.

La estrategia de seguridad provoca cada vez más muertos en nuestras calles. La violencia y muertos que hay en México son equiparables a lo que se conoce como conflicto armado interno.

Los datos que arroja el Índice de Paz México 2018 son lo suficientemente escalofriantes para que si cualquier candidato presidencial no propone algo diferente (o peor apoya lo que se ha hecho) sea éticamente descalificado por el electorado. Veamos unos datos:

2017 fue el año más violento del que se tiene registro, con un deterioro del nivel de paz en México de 10.7% en comparación con 2016. Es decir, el espiral de violencia crece gracias a la incapacidad del gobierno federal para reconocer que su estrategia genera más violencia.

Durante el año pasado hubo más de 29,000 asesinatos, lo que representa un aumento de 25% en la tasa anual de homicidios. El 69% de los homicidios se cometió con armas de fuego. De acuerdo al estudio somos una sociedad cada vez más violenta, la tasa de delitos con violencia subió en un año 15.2% en comparación con 2016.

Las entidades federativas más pacíficas, según el estudio son: Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chipas. Por el otro lado las menos pacíficas son: Zacatecas, Colima, Baja California, Guerrero y Baja California Sur. Solo 7 de los estados mejoró su nivel de paz, mientras que 25 empeoró.

Y para asegurarnos que la violencia impera en todos nuestros ámbitos y que la violencia dentro y fuera del hogar van de la mano, lo cual es un indicador de violencia en toda la sociedad, la tasa de violencia intrafamiliar se incrementó 32% en los últimos tres años.

He escuchado decir a más de un servidor público que la violencia es entre delincuentes. Al final la aquiescencia del gobierno va en ese sentido: que se maten entre ellos. Sin embargo, la violencia es generalizada y sistemática. Ya todos tenemos una historia cercana que contar.

Cuando Meade habla sobre el respeto a la estrategia de guerra o Anaya sugiere echar más balas para vencer a los delincuentes (y AMLO no se deslinda suficientemente del esquema actual) no caen en cuenta que su decisión va más allá de blindar ciudades y carreteras.

Uno de los elementos más interesantes que contiene el citado índice es el impacto de la violencia en la economía. Es decir, ¿cuánto nos cuesta –como país- seguir con el intercambio de balas, impunidad e incremento de la violencia?

El impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.72 billones de pesos (USD $249 mil millones) en 2017. Esta cifra representa el 21% del PIB del país. Lea bien: 4.72 billones. Esta cantidad representa a todo el gasto del gobierno federal anual, sí, todo.

El Índice remata “el impacto económico de la violencia fue ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces mayor que la inversión en educación en 2017”. Para dimensionar, el 1% en el impacto económico de la violencia en la economía representaría la inversión del gobierno federal en ciencia, tecnología e innovación durante un año.

La sangre corre y la violencia nos aniquila como sociedad y los discursos de los aspirantes presidenciales no están a la altura de la monstruosidad del problema que enfrentamos que nos implantó Calderón y Peña. Debe de ganar aquel que reconozca lo que no funciona y abra un nuevo camino de esperanza para que la violencia no termine por destruirnos.

Sin embargo, no veo esa intención en las casas de campañas de los candidatos (y menos de la candidata Zavala quien su asesor estrella es el belicoso de Felipe Calderón).

Hay dos temas principales que le preocupa a la población: corrupción y violencia. En ambos hemos caído constantemente en los últimos años. La caída constante debe significar que lo que hacemos no es suficiente para detener el deterioro. Estos dos temas deben de ser abordados en las campañas no a través de los dichos sin sustento o intenciones mentirosas (que de eso hay bastante), sino de propuestas serias e innovadoras que generen cambios importantes para la sociedad mexicana.

El miedo existe. El miedo tiene que vencerse porque éste solo sirve para que aquellos que se benefician con el sistema como está puedan seguir lucrando con el miedo, la pobreza y un débil Estado.

Por Darío Ramírez.
Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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