miércoles, 11 de julio de 2018

10,891. LA REFORMA ENERGÉTICA SE METIÓ A SU PATIO, A SUS LUGARES SAGRADOS. OTRA VEZ PIDEN “TIERRA Y LIBERTAD”.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI

Por Edmundo Velázquez Vargas.
SinEmbargo. Julio 11, 2018.

La Reforma Energética, impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se concretó en varios proyectos extractivos y de infraestructura, entre ellos 13 gasoductos. No han traído el desarrollo prometido, pero con sus pesadas y extensas obras han encajado inquietud en los pueblos originarios.

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En la sierra hidalguense y la sierra norte de Puebla, contra toda previsión, los pobladores otomíes, nahuas y totonacos han detenido, al menos por unos meses, el paso del gasoducto Tula-Tuxpan, obra de la empresa TransCanada que busca llevar gas natural entre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México a través de un tubo de 91 centímetros de diámetro que amenaza manantiales y cerros ceremoniales y la vida de 260 mil personas.

SEXTA PARTE DE UNA SERIE.

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Puebla/Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Imagina vivir con un ducto de gas que cualquier día, en segundos, podría acabar con tu familia, con tu casa, con tu vida. Para su construcción, los ríos y manantiales fueron contaminados, los centros ceremoniales y cerros sagrados fueron violados; todo para que pasen litros y litros de gas natural. Imagina vivir en esa incertidumbre.

Eso, imaginar, fue lo que llevó a indígenas otomíes, nahuas y totonacos a iniciar una resistencia en Puebla e Hidalgo y ahora, contra todo pronóstico, han detenido por unos meses el paso de lo que ellos llaman “proyecto de muerte”: el gasoducto Tula-Tuxpan, obra de la empresa TransCanada que busca transportar gas natural entre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México a través de un gran tubo de 36 pulgadas de diámetro (91 centímetros) que amenaza manantiales, destrozaría cerros ceremoniales y afectaría a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios en esas entidades.

El proyecto ya estaba por finalizar y debía arrancar operaciones en enero del 2018. Pero la lucha que ha dado el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo –que agrupa a los vecinos de poblaciones como Pahuatlán, Tlacuilotepec, Honey y Tenango de Doria– mantiene paradas las máquinas de Bonatti, la empresa constructora que debía realizar los trabajos.

El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo ha conseguido interponer cinco distintos procesos de amparo, tres en tribunales del estado de Puebla y dos más en el estado de Hidalgo, apoyados por asesores legales de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas, quienes lo auxilian sin cobrar un solo peso.

Oliveria Montes, una de las cabezas más visibles de la lucha contra el gasoducto Tula-Tuxpan. Foto: David Arroyo Ortega.

“Hemos logrado dos suspensiones definitivas. Una en San Pablito Pahuatlán, Puebla, en la cual se suspendió el permiso al manifiesto de impacto ambiental, a la evaluación de impacto social, a la construcción, al igual que se suspendió la consulta. Y otra más en Cuautepec, Tlacuilotepec, en Puebla, con lo que se tiene suspendida la consulta. Mientras estén las suspensiones definitivas la empresa no puede pasar, no puede continuar con el proyecto y no pueden seguir con la consulta. Estamos hablando de las empresas TransCanada y Bonatti”, relata Oliveria Montes Lazcano, una joven de 28 años de edad, una de las voceras y que además articula al resto de sus compañeros de lucha.

Oliveria Montes encabezó una gira de los activistas serranos por Europa entre el 24 de mayo y el 2 de junio por ciudades de Italia, España y Francia con habitantes y activistas de las organizaciones Gasactivists, 350.org y La Rosa Luxemburgo que se oponen a la instalación del ducto MidCat, que, así como ocurre en México, amenaza comunidades de Francia y España.

De regreso de su viaje, Oliveria Montes encabezó una reunión con más de 50 vecinos de las comunidades amenazadas en la Sierra Norte para mantener la lucha legal. En esta reunión SinEmbargo pudo hablar con varios de los vecinos de las comunidades amenazadas.

“Vamos a llegar hasta donde sea necesario, nosotros buscamos la cancelación de este proyecto, no queremos que se destruya nuestro hogar, no queremos que nuestras comunidades se vean afectadas no queremos el desplazamiento de nuestros pueblos. Hasta donde sea necesario nosotros pararemos esto”, advierte la joven activista.

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CUANDO NACIÓ LA AMENAZA.

Pahuatlán se encuentra localizado a más de 170 kilómetros de la Ciudad de México; la neblina, el aroma a tierra mojada y el ruido de las aves entre los árboles que copan las verdes barrancas indica que has llegado. Entre la quietud de la sierra fue muy fácil que los vecinos de las comunidades notaran la entrada de camionetas a inicios de 2016. En los vehículos se advertían los rótulos de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH).

María de Lourdes Hernández Sampayo, una ama de casa y artesana de la comunidad de Zoyatla, perteneciente a Pahuatlán, recuerda que la entrada de las camionetas no fue para nada sigilosa:

“Empezamos a escuchar camionetas que subían y bajaban. Por medio de las redes sociales, por los jóvenes de la comunidad, nos enteramos de que se trataba de que querían construir un gasoducto. Eso fue cuando lo supimos, fue ya casi en mayo y en julio del 2016”, recuerda María de Lourdes.

La obra consiste en un ducto privado de 91 centímetros de diámetro para transportar todos los días 886 millones de pies cúbicos de gas natural proveniente de los Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros.

El proyecto significa un tiempo de vida útil de 25 a 30 años, pero su trazo afecta a más de 260 mil personas de, al menos, 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.

De todos estos lugares, la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró que 15 localidades son comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto y, por tanto, sólo tenían que consultarle a ellas para echar a andar la obra para generar el gasoducto.

Jeremías afirma que ante la negativa de las autoridades municipales de Pahuatlán, los habitantes decidieron organizarse para frenar el megaproyecto. Foto: David Arroyo Ortega.

“Esto excluye a 444 comunidades, que para esta Secretaría, según sus criterios, no son indígenas o no resentirán los impactos del gasoducto”, explicó el abogado Raymundo Espinoza, uno de los asesores legales del Consejo Regional de Pueblos Originarios.

Cuando los pobladores comenzaron a investigar el proyecto atendieron primero a sus autoridades y buscaron al Alcalde de extracción panista, Arturo Hernández Santos, quien se dijo limitado para apoyarlos bajo el argumento de que la obra era planteada desde la Federación, por lo que salía de sus manos.

“Vino el Presidente Municipal a la comunidad y le preguntamos que qué estaba pasando y porqué pasaban las camionetas. Y nos dijo que ‘no había nada’. ‘No tienen por qué preguntar’, nos dijo. Además dijo que éramos unos pocos los que nos quejábamos y tenía que ser el pueblo completo si queríamos preguntar. De ahí nos empezamos a reunir más gente que comenzó a inquietarse por eso mismo”, relata el vecino de Zoyatla, Jeremías Castillo Santiago.

A mediados de junio de 2016, nuevamente los pobladores de Pahuatlán solicitaron al Alcalde que explicara el proyecto. Hernández Santos estuvo presente en la clausura de los cursos escolares de las cuatro escuelas del municipio en la localidad de Ahuacatitla, donde los vecinos, aun sin un comité que los organizara, lo encararon.

“En la clausura de cursos de las instituciones, ese día hizo presencia esa vez el Presidente Municipal y se le preguntó si tenía conocimiento del gasoducto que iba a construir. Él dijo que no tenía nada que ver, que no era de su competencia, que era un proyecto federal y que ni él ni nosotros podíamos hacer nada. Que ni nos moviéramos para nada”, recuerda María de Lourdes Hernández.

Lourdes Hernández aseguró que no solo es el gasoducto el que atentará contra la naturaleza y su forma de vida, pues otros proyectos como el fracking están en camino. Foto: David Arroyo Ortega.

Los vecinos comenzaron a perseguir a su Alcalde. El siguiente 16 de septiembre tuvo que cancelar los festejos patrios porque los pobladores de distintas comunidades organizaron una manifestación en la que lo esperaban para exigir explicaciones sobre el proyecto. No solamente se encontraban vecinos de Pahuatlán, también llegaron de poblaciones como Honey, Tlacuilotepec e incluso vecinos de Tenango de Doria, municipio de Hidalgo.

Pero las cosas se tornaron violentas la tarde del 25 de octubre del 2016. Desesperados, los vecinos de la comunidad indígena ñañu de San Pablito, en Pahuatlán, retuvieron al Alcalde Arturo Hernández cuando ingresó con otros funcionarios municipales. Con machetes y palos, los indígenas cerraron todos los accesos e impidieron la entrada de agentes de la Policía Municipal y Estatal cuando intentaron rescatar al funcionario.

En el lugar, los vecinos obligaron al Presidente Municipal a firmar un documento en donde se comprometió a no aceptar el paso del gasoducto por el municipio. El documento fue acompañado por mil 500 rúbricas de habitantes opositores al proyecto. Sin embargo, meses después desconoció la petición de la comunidad.

Tras el incidente, el ex Diputado federal priista, Carlos Barragán Amador, señaló al Alcalde de Pahuatlán por recibir un moche de 2 millones de pesos por parte de la empresa TransCanada para permitir el libre paso del ducto por las comunidades del municipio. Los dichos del ex legislador solamente provocaron más encono contra el representante municipal aunque hasta la fecha no se ha comprobado la entrega de dádivas de parte de la empresa.

Rogelio Marroquín Aparicio, presidente auxiliar y opositor al gasoducto. Foto:

Contrario a lo que ocurre con Hernández Santos, el presidente auxiliar de San Pablito, Rogelio Marroquín Aparicio, se ha mantenido al lado del pueblo que gobierna y se ganó respeto por sumarse al movimiento contra el gasoducto.

“Me pidieron que se hiciera una reunión para saber de qué se trataba ese trabajo de esas personas con las camionetas. Me dijeron que se trataba del gasoducto. Se reunió la gente, se hizo una asamblea general. Y la mayoría de la gente se preguntó, qué hacemos, cómo lo paramos. […] Yo soy el único presidente auxiliar que he estado con mi pueblo y con la gente, más que nada. Nos apoyamos porque ellos me eligieron como presidente auxiliar”, relató Rogelio Marroquín, quien ha pasado de ser autoridad a convertirse en uno de los activistas del movimiento y representante de la comunidad ñañu de Pahuatlán.

Tanto el Edil como los vecinos de las distintas poblaciones saben que el ducto será el primer paso de muchos proyectos de muerte. Tan sólo la construcción del ducto en la zona dañaría los afluentes de agua en la comunidad de Montellano, en Pahuatlán; el afluente subterráneo que pertenece a la cuenca del río San Marcos y los cerros sagrados en donde tres veces al año la gente de San Pablito, Zoyatla, y otras comunidades de la región acuden a dejar ofrendas ceremoniales.

“Para el pueblo de San Pablito es un riesgo que pase ese gasoducto porque afectaría tierra sagrada, un cerro sagrado muy significativo para el pueblo indígena otomí ñañu. Lo veneran tres veces al año. El 2 de febrero, 3 de mayo, 24 de diciembre, fechas importantes desde hace mucho. Veneran a los cerros, a la madre tierra”, recalca el servidor público convertido en activista.

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LA BATALLA LEGAL.

Al ver que al presionar al presidente de Pahuatlán no llegaban a ningún punto, los habitantes comenzaron a tocar otras puertas. Ahí entraron en juego los asesores de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas (ANAA), encabezados por Raymundo Espinoza Hernández.

“Al día siguiente de la retención del Alcalde comenzó a circular una lista de gente que podía ser detenida por privación ilegal de la libertad entonces eso genera los primeros problemas fuertes. A raíz de eso nos reunimos en San Pablito. Ya con toda la gente platicamos cómo estaba la situación y acordamos que el colectivo de abogados tomara la representación”, recuerda Raymundo Espinoza Hernández de la ANAA.

A través del catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Octavio Rosas Landa, informaron en asambleas a las comunidades de toda la región, pero por motivos políticos los asesores legales de mantuvieron escépticos en un inicio, pues temían que gente ligada a partidos políticos tomaran la bandera.

Protesta de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra contra los “proyectos de muerte”. Foto: Cuartoscuro.

Un grupo de mujeres de la región buscaron a Raymundo Espinoza en la UNAM, las encabezaba Oliveria Montes Lazcano y llevaban mapas de todo el trazo, así como representantes de todas las etnias que serían afectadas. Conocían el proyecto perfectamente y sabían todo lo que estaba en riesgo:

“Fue muy importante porque no partimos de cero. La gente había leído del proyecto, conocía todo y sabía las implicaciones. Fue impresionante porque las mujeres de Zoyatla eran las más activas”, subrayó Espinoza.

A partir de abril de 2017 acordaron eliminar cualquier tipo de movilización violenta o agresiva contra las autoridades para evitar procesos penales en su contra que quitaran tiempo o pusieran en amenaza a los vecinos activamente involucrados en la lucha. Todo se atacaría por la vía legal, en los tribunales federales.

El análisis de todos los documentos generados por TransCanada permitió encontrar que en los estudios de impacto ambiental se admite que hay 459 comunidades de totonacos, nahuas y ñañus en el área influencia del proyecto, la cual incluye todo aquellos situado a 2 mil 500 metros de donde pase el ducto. Casas, cerros, manantiales y todo lo que se encuentre en ese radio está en riesgo en caso de que haya una explosión.

Pahuatlán ganó temporalmente la batalla a TransCanada, pero no la guerra. Foto: David Arroyo Ortega.

“La defensa es muy complicada porque son tres áreas de influencia, municipal, estatal y federal. En mucho le toca a autoridades federales que estaban estrenando funciones por la Reforma Energética. Muchos desconocían leyes muy complicadas por la sofisticación que tiene la Ley de Hidrocarburos. Son un montón de leyes. En una demanda entregamos cajas y cajas porque fueron 200 documentos de actos reclamados. Eso lo complica”, explica el asesor Raymundo Espinoza.

En comunidades indígenas existían organizaciones muy fuertes que ya tenían sus propios comités y consejos que después fueron encabezados por el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo que logró articular a todos los vecinos afectados.

El asesor Raymundo Espinoza explica que, ante lo retorcido de las leyes mexicanas, tenían que entrar con un bombardeo de demandas de juicio de amparo indirecto ante los juzgados federales de Puebla e Hidalgo.

“Empezamos una primer batería de demandas. Una sola demanda habría sido echar un volado. Fueron cinco demandas que entraron en octubre de 2017. Dos en Hidalgo y tres en Puebla. Las dos demandas de Hidalgo incluyen representante de Huehuetla y Tenango de Doria y en Puebla, los de Honey, Pahuatlán y Tlacuilotepec”.

Mientras sigue el litigio y se mantiene la resistencia de los pueblos, TransCanada pierde dinero: tiene a sus filiales constructoras pagando en dólares por la renta de maquinaria y aún no finaliza la construcción del proyecto entre las poblaciones de Francisco Z. Mena, en Puebla y Tenango de Doria en Hidalgo. Esto atrasa el proyecto y que cada vez los gastos se multipliquen para la trasnacional.

“Elaboramos una demanda madre, la inicial que explicara todo. El acto reclamado, las fechas, el proyecto, todo. Nos llevó cinco meses hacerla porque planteaba leyes tratados y toda la defensa, el tema de la violación de la consulta, los temas de salud, la discriminación que sufre la gente y lo que plantea y pide el Consejo Regional. Es una base de datos o un mapa de ruta completo del caso que nos sirve para generar más y más denuncias”, explicó Raymundo Espinoza.

En una segunda demanda se exigen que se repongan los procedimientos de consulta a los que está obligada la empresa TransCanada ya que solamente consideran comunidades indígenas 15 localidades de más de 400. En tres demandas más se plantean los casos en Puebla, en específico con pobladores de las comunidades de Chila de Juarez, de Honey; San Pablito, de Pahuatlan y Cuautepec de Tlacuilotepec.

“TransCanada planteaba el arranque del funcionamiento del gasoducto a partir del 1 de enero de 2018. Ya anunció que iniciará hasta 1 de enero del 2019. Ya ganamos un año. tiempo muy bueno, estamos por ver si podemos atrasarlo más”, dice Espinoza.

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VIENEN POR TODO

Los integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios tienen como primer opción la cancelación del proyecto, aunque reconocen que es muy complicado. La segunda opción es que cambien el trazo para no afectar casas, comunidades, cerros ceremoniales, manantiales y ríos subterráneos de la región y que, finalmente, le permitan a la gente participar de manera activa en la generación de los estudios de impacto social y ambiental así como de medidas para prevenir riesgos porque eso le da certeza a la gente.

“Sí, se trata de un tema legal, pero vamos más allá. Hemos tratado de que se de una transformación de víctimas a sujetos activos de su propio proceso legal para empoderarlos. Y eso ha pasado, eso ha sido la gran clave. La gente lo entendió”.

Los vecinos de las comunidades que integran la resistencia al gasoducto de TransCanada saben que la construcción acabará con el agua, el bosque mesófilo de montaña, las especias endémicas, además de que tendrán que modificar sus cultos si sus cerros sagrados son violados.

“El trazo, que hemos comparado que la empresa presentó a la Secretaría de Energía lo hemos recorrido a pie. Y casualmente, todo el trazo pasa por los manantiales de agua más grandes que tenemos y esto va a generar desplazamiento a largo plazo de nuestras comunidades. O utilizar el agua para hacer otros proyectos como la fractura hidráulica o como son las minas”, comenta Oliveria Montes.

Los otros proyectos incluyen el fracking utilizando el agua de manantiales de la zona, hidroeléctricas en la cuenca del río San Marcos y la explotación de minas de berilio en Cuautepec, comunidad de Tlacuilotepec. El berilio es un mineral utilizado para construcción de reactores nucleares.

“Ya lo dijo bien el Presidente Municipal, Hernández Santos, dijo que era el primero de muchos proyectos que estaban por iniciar y ahora nosotros ya sabemos cuáles son esos proyectos que están por empezar y es el fracking, la construcción de hidroeléctricas porque allá abajo tenemos un río y la explotación de las minas porque también quieren entrar a Cuautepec, porque ahí hay una gran mina de berilio. También aquí en Chila de la Sal. Eso les está llamando la atención, quieren venir por los recursos naturales que todavía tenemos en la sierra norte de Puebla”, asegura María de Lourdes Hernández, una de las más activas de la comunidad de Zoyatla.

María de Lourdes tienes seis hijos, la más pequeña de ellos la mira mientras concede la entrevista. “Yo quiero que vivan lo que yo viví, que conozcan las cosas”, dice mientras cruza la mirada con la niña.

Por Edmundo Velázquez Vargas.

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