sábado, 11 de agosto de 2018

11,012. LA RELIGIÓN UNIVERSAL DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL.


Reporte- Z

Por Rafael Gomar Chávez.
Filósofo y periodista.
Desde Michoacán.
México. Para
Tenepal de CACCINI

La religión universal del Nuevo Orden Mundial.

“La Era Tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada. Esa sociedad será dominada por una élite que no dudarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto en que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta”. Zbigniew Brezinsky, principal consultor del Grupo Rockefeller y artífice del Nuevo Orden Mundial. De su obra La Era Tecnotrónica.

La agenda del Nuevo Orden Mundial (NOM) sigue adelante, la Élite quiere todo el poder y sólo podrán detenerlos los pueblos organizados que puedan vivir con un sistema económico, político y social totalmente diferente al modelo neoliberal. El despertar de los pueblos detonado por los pueblos originarios de México y el mundo es un hecho íntimamente relacionado con el despertar ciudadano que llevó al triunfo a López Obrador en México y a Martín Samaguey en nuestra Zamora.

Con los gobiernos del PRI-PAN el sistema neoliberal se aplica en México de acuerdo a las directrices del Fondo Monetario Internacional; la historia oficial nos dice que el neoliberalismo comenzó con Salinas de Gortari incluido el sexenio de Miguel de la Madrid, pero las bases del neoliberalismo, sobre todo en lo concerniente al control social por medio de la represión y la transformación del Estado benefactor al Estado policiaco, se iniciaron desde el perverso Díaz Ordaz y el no menos maquiavélico Luis Echeverría.

El Estado policiaco se fortaleció con el gobierno del segundo sexenio del PAN a la cabeza del belicoso Felipe Calderón, quien haciendo honor a su apellido, hizo de nuestro país una caldera donde hierve la desigualdad, los crímenes y la impunidad. Peña Nieto siguió aplicando el guión del NOM e intentó profundizar con la fascista Ley de Seguridad Interior.

Por todo eso la tarea primordial del gobierno de López Obrador es desmontar las bases del sistema neoliberal, que pretende imponer el NOM.

Recordemos que las metas del NOM son: 1, reducir drásticamente la población mundial; 2, controlar todos los recursos naturales del planeta y 3, subordinar a todos los sistemas productivos a las necesidades de las empresas multinacionales. De esto se sigue que se impondrá una sola moneda, un solo idioma, una sola religión, un solo gobierno, y muchas otras consecuencias más, incluida la extinción de los pueblos originarios.

El móvil principal detrás de la meta número 1 es el temor de la Élite ante el peligro de perder el control demográfico, el aumento poblacional representa un peligro para la Élite que quiere mantener la hegemonía de la raza anglosajona; cuanto más habitantes menos control. El control total de los alimentos está relacionado directamente con el control social, lo mismo que la meta 3.

Además de la guerra la Élite utiliza otros mecanismos de empobrecimiento espiritual de los pueblos de la Tierra, la degradación espiritual se inicia con el empobrecimiento material, la propagación de la ignorancia y la falta de educación o su control total, correlativamente se debilita a los pueblos convirtiéndolos en enfermos crónicos dependientes de medicamentos que no curan, sólo mantienen a los pacientes en un estado de dependencia.

En nombre de la libertad se promueve el aborto, la medida más drástica de las políticas de reducción de la natalidad cuyas secuelas son una profunda depresión y la pérdida del sentido de la vida, ¿no es el aborto la expresión más evidente de la miseria espiritual que se promueve desde los centros de poder del NOM?

Parte fundamental de la agenda del NOM relacionada con la degradación espiritual de los pueblos es la imposición de una nueva religión, de un nuevo dios laico, sin identidad personal, el nuevo dios es el Universo y la energía universal que promueve la Nueva Era (New Age). El propósito es destruir el cristianismo, borrar de la historia universal a Cristo, a su Iglesia y su mensaje de amor, pobreza y solidaridad; por eso la Iglesia de los Pobres, la iglesia anónima es perseguida con saña, pero esa es otra historia.

viernes, 10 de agosto de 2018

11,011. ENRIQUE ALFARO Y LÓPEZ OBRADOR.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI

Por Ernesto Hernández Norzagaray.
SinEmbargo. Agosto 10, 2018.

Enrique Alfaro llegará al Gobierno de Jalisco con un gran capital político. Foto: Cuartoscuro.

En los últimos años he vivido temporadas en Guadalajara y esas estadías me han permitido ver el estilo de gobernar de Enrique Alfaro que en su accionar cotidiano provoca inmediatamente confianza, un valor escaso entre los políticos mexicanos y que le ha permitido ganar elecciones y lo ha convertido en una referencia política regional.

Este político egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y de El Colegio de México, donde estudió una maestría en Estudios Urbanos, que le ha sido fundamental para dar sustancia a su paso vertiginoso por la política bajo la bandera del partido Movimiento Ciudadano (MC) que Dante Delgado lo presume como ejemplo de eficacia política.

Sin embargo, el pasado 6 de julio, y por alguna razón poderosa, señaló que nunca se había afiliado a MC, pero su plataforma la había utilizado para lanzar su proyecto político que, como sabemos, lo llevó sucesivamente al Congreso del Estado (2007-2010), la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zuñiga (2011-2012), la Presidencia Municipal de Guadalajara (2015-2017) y, muy pronto será Gobernador del estado de Jalisco (2018-2024).

Afirmó, además, de que éste será su último cargo público y que luego se retirará de la vida política. En 2024 apenas tendrá 51 años. Una edad en que muchos políticos apenas empiezan a despegar el vuelo a lo alto. Pero, mientras son peras o son manzanas, llegará al Gobierno de Jalisco, con un gran capital político. No le afectó el tsunami lopezobradorista y ganó la elección con casi el 40 por ciento de la votación emitida.

Ahora, se propone llevar a cabo una gran obra política en su estado natal, donde existen serios rezagos y mayores desafíos, aun cuando se le buscó atemorizar lanzando amenazas de muerte presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación en plena campaña electoral a través de tres mantas ubicadas estratégicamente en algunas de las principales avenidas tapatías.

Son altas las expectativas que tienen los ciudadanos tapatíos en este político y es motivo de atención de quienes vemos la política desde otros estados. Jalisco es uno de los estados con mayor densidad demográfica y es pieza clave en las relaciones que el gobierno de AMLO, tendrá con los estados gobernados por políticos que no militan en Morena.

Aunque hay que distinguir entre aquellos gobernados por priistas, panistas o verdes, y aquellos como MC y PRD, que en 2006 y 2012, fueron en coalición con Andrés Manuel, dicho coloquialmente “donde hubo fuego, cenizas quedan”, pero más allá de lo estrictamente partidista, la experiencia y personalidad de Alfaro y su sólida formación política, inspirada en valores ciudadanos, lo presenta como un político espejo donde terminaran viéndose otros y para empezar se planta en defensa del federalismo y en contra del centralismo.

Alfaro Ramírez, es un político con una gran cantidad de seguidores en redes sociales y recientemente subió un texto a Facebook donde sucintamente pone sobre la mesa lo que habrá de ser su gobierno de refundación y la relación que sostendrá con Andrés Manuel, a partir de un tema fundamental, el federalismo, el de “los coordinadores estatales de delegados en los estados del país”, que AMLO ha señalado serán para detener la corrupción en el manejo de los recursos federales. Ante esto, Alfaro se pronuncia con respeto, pero contundente:

“Aquí en Jalisco la decisión también fue muy clara: casi un millón cuatrocientos mil personas me otorgaron el honor de gobernar el estado, ser el gobernador que más votos ha recibido en la historia de Jalisco y el que ha ganado con la ventaja más amplia en los últimos veinticuatro años; es una responsabilidad a la que dedicaré todo mi tiempo, sin distracciones.

Por ello mi postura es clara: mi relación con el gobierno de la república será directa con el presidente y con sus secretarios de estado, no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal; no existe en nuestro marco legal ninguna figura que funja como vínculo entre entidades federativas y el ejecutivo federal, los delegados federales nunca han tenido facultades de decisión ni autonomía técnica; existen, siempre y cuando sean indispensables para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo, incluso hay que entender que dotar a las delegaciones o cualquier otra figura de carácter administrativo de facultades de control, fiscalización del ingreso y gasto público federal sería una violación flagrante al orden constitucional.

El Pacto Federal que da vida a nuestro país debe ser cuidado y respetado por todos los mexicanos, principalmente por quienes conformamos el poder público. En Jalisco vamos a hacer valer ese pacto federal con energía y con respeto, tal como lo establecen los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución; a Jalisco lo gobernarán los jaliscienses, quienes estarán bien representados en los poderes de la Unión y del estado.

El próximo presidente de la república encontrará en el próximo gobernador de Jalisco un aliado en la lucha contra el régimen de corrupción que hasta hoy domina la vida pública e institucional de nuestro país, esa también ha sido nuestra lucha de origen…, con el presidente de México coordinación y voluntad para construir acuerdos, siempre; subordinación y sometimiento al margen de nuestras leyes, jamás.

No hay espacio para la simulación, mucho menos para la mezquindad, en Jalisco esperamos del próximo presidente de la república respeto al pacto federal, a la soberanía de nuestro estado y a nuestro derecho de gobernarnos; en Jalisco esperamos que el ejercicio del poder desde la presidencia de la república pueda superar los intereses electorales y de partido.

En México se ha luchado durante décadas contra el centralismo, el autoritarismo y el uso faccioso del poder público, Jalisco ha sido pilar, ejemplo en esta lucha, y lo seguirá siendo”.

Así, concluye que la relación será directamente con el presidente, y quizá le asiste la razón máxime que es un aliado en la lucha contra la corrupción que es fundamental en ambos gobiernos, estamos ante un dilema que si López Obrador no lo toma en cuenta podría esto podría terminar en una controversia política y constitucional innecesaria que al final seguramente perdería. No hay espacio para los superdelegados habiendo como bien lo dice Alfaro: “control, fiscalización del ingreso y gasto público federal”. Y en el caso de Jalisco, el superdelegado, es nada menos Carlos Lomelí, el candidato perdedor de Morena. De ese tamaño se busca la cuña. Al tiempo.

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Por Ernesto Hernández Norzagaray.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C. 2007-2010, ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, 15Diario, Riodoce y Ha recibido premios de periodismo autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

11,010.EN ESTE MUNDO NO HAY LADRONES.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI

Por Diego Petersen Farah.
SinEmbargo. Agosto 10, 2018.

El reloj, el vino caro, la ropa de marca, el avión privado, el desplante es lo que les permite a los líderes sindicales sentarse de tú a tú con los empresarios y políticos; lo que les hace representar dignamente (que no con dignidad) a sus bases. 
Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro.

“En este pueblo no hay ladrones”, es el título de un cuento de Gabriel García Márquez que gira el torno al robo de las bolas de billar del único centro de diversión de un pueblo perdido. El hurto saca lo peor de los prejuicios de los habitantes de una población donde aparentemente nada sucedía. Algo similar sucede en el mundo de los sindicatos de gobierno. Ahí tampoco hay ladrones, aunque detrás exista un enorme corrupción. Ni Napoleón Gómez Urrutia, ni Carlos Romero Deschamps ni Elba Esther Gordillo, los tres grandes representantes del sindicalismo acaudalado, no tienen empacho en presumir que viven en la abundancia.



“La Maestra” está libre de toda culpa. El papelón del gobierno de Peña (para variar) es de pena ajena. Solo hay de dos sopas: o estamos ante un gobierno absolutamente incompetente, incapaz de sacar a un burro de un maizal, o de probar los delitos ante el Poder Judicial, o peor, ante una administración que, por el contrario, es capaz de todo, incluso inventar delitos, burros y maizales, para encarcelar al enemigo político.

Jurídicamente ninguno de los tres próceres del sindicalismo es un ladrón, pues la legislación vigente les permite manejar enormes cantidades de dinero sin tener que dar cuenta de ello, salvo claro que se lo pidan los agremiados. Pero para eso, para que a ningún sindicalista desconfiado se le ocurra exigir cuentas a los “líderes morales” (el chiste de cuenta solo), justamente para eso, existe la cláusula de exclusión, que consiste en que el sindicato puede pedirle a la dependencia de gobierno que corra al susodicho acusado de lesa confianza. Esas dos prebendas de los sindicatos de Estado, la cuota obligatoria y la clausula de exclusión son los dos pilares sobre el que se sostienen estos poderes fácticos que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores representados.

Hace seis años, en la transición entre Calderón y Peña Nieto, se hizo una reforma laboral que todavía hoy sigue siendo motivo de discusión, pues tocaron lo que se consideraba derechos conquistados por los trabajadores. Lo que no se tocó fueron los derechos de los sindicatos, particularmente los de trabajadores de gobierno, pues se requerían sus votos en el Congreso.

En el mundo sin ladrones de los Gordillo, Gómez Urrutia o Romero Deschamps, los trabajadores no tienen derecho a saber qué se hace con sus cuotas. Para los líderes pasearse por el mundo derrochando el dinero de los sindicatos no sólo no es mal visto, por el contrario, es una manifestación de poder, de poder real. El reloj, el vino caro, la ropa de marca, el avión privado, el desplante es lo que les permite sentarse de tú a tú con los empresarios y políticos; lo que les hace representar dignamente (que no con dignidad) a sus bases.

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Por Diego Petersen  Farah.

11,009. PURO CUENTO.


LA FERIA

Por el Sr. López.
Periodista critico.
Desde el Estado de
Chiapas. México. Para
Tenepal de CACCINI

Puro cuento.
La abuelita Virgen (Virginia, la de los siete embarazos), fue una señora decentísima, por eso no se llevaba con su consuegra, la abuelaza Elena, la paterno autleca, que “tenía sus cosas”. Tía Beatriz y tío Samuelito, también fueron decentísimos (todos de Toluca, del lado materno); tío Daniel y tía Elena, dechados de decencia también fueron… pero entre todos juntaban 69 de cociente de inteligencia, que no es retraso mental, pero casi. Decentérrimos, buenas personas, de modales impecables, pero dolía la cabeza platicar con ellos. La decencia no es garantía de mucho; la inteligencia tampoco (Hitler fue muy inteligente). Bueno, cada quien.

Sin tratar a una persona, por sus hechos y fama se puede saber con certeza si es o no, gente decente. Igual, si es o no, inteligente. De José Agustín Ortiz Pinchetti (nacido en 1937; edad 81 años y contando), nadie puede poner en duda que es un hombre decente y muy inteligente. Su prestigio coincide con la realidad.

Abogado egresado de la muy exigente la Escuela Libre de Derecho; Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Priista de 1967 a 1969 (Movimiento Democratizador de Carlos Madrazo). Asesor jurídico de las secretarías de Hacienda, Educación, Comercio y Agricultura. Ya sin partido, Consejero Ciudadano del Consejo General del entonces IFE; con AMLO y ya con partido -el PRD-, Secretario de Gobierno del entonces DF -2000-2003-; luego, Diputado Plurinominal federal -2003-2006-; Secretario de Relaciones Políticas del Gabinete Legítimo -de mentiritas-, de AMLO; Secretario para el Fortalecimiento de Ideas y Valores Morales, Espirituales y Cívicos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena -2012-2015-; actualmente, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El día en que AMLO recibió su constancia de mayoría, festiva ocasión salpicada por la liberación de la maestra Elba Esther Gordillo, don José Agustín, entrevistado por Carmen Aristegui, declaró:

“Al llegar a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador no va a castigar a funcionarios corruptos de esta época, va a olvidar y perdonar, va a intentar aplicar borrón y cuenta nueva (…) el gobernador de Chihuahua, Javier Corral ha cometido un error al perseguir a César Duarte porque esto le quita recursos y energías que deberían estar destinados al gobierno (…) a partir de que entre el nuevo gobierno, va a ser totalmente estricto y no admitirá ninguna manipulación o corruptela (…) Vamos a ver un cambio en lo político, en lo jurídico y en lo ético, una nueva forma de ejercer el poder (…) Andrés Manuel no iniciará acciones legales, sí permitirá que la Fiscalía General actúe de manera autónoma en los procesos (…) (hablando del sobreseimiento del asunto de Elba Esther Gordillo): esto me hace pensar que habrá una excarcelación de personajes importantes (…) el pragmatismo de Andrés Manuel es formidable y se va a ir demostrando conforme avance su proyecto”. Señor decentísimo.

No sabe uno por dónde empezar: “no va a castigar a funcionarios corruptos de esta época” (o sea, él, por encima de leyes, tribunales y obligaciones, cree que puede determinar no “castigar” -aplicar la ley-, a los que hayan delinquido en un periodo de tiempo que a él le parezca bien). “Olvidar y perdonar… borrón y cuenta” (¿de lo que los funcionarios corruptos hayan robado de nuestro dinero, el de todos?... ¿quién lo autorizó a disponer semejante cosa?). Perseguir la corrupción resulta ser que “quita recursos y energías que deberían estar destinados al gobierno” (haberlo dicho antes: sobran leyes, dependencias, auditorías: no desperdicien dinero ni energías). Según don José Agustín, Andrés Manuel “permitirá que la Fiscalía General actúe” (¿le va a “permitir”?...).

Por supuesto no sabe uno qué tiene en la cabeza AMLO, ni qué va o no va a hacer, pero don José Agustín lo conoce, lo conoce muy bien, y ninguna de las afirmaciones o suposiciones vertidas en la entrevista está alejada de lo que el mismo AMLO ha declarado en varias ocasiones.

Perdonar a corruptos, olvidar sus fechorías con los recursos del erario, con los dineros de todos los mexicanos, puede parecer una estrategia inteligente para, desde el “borrón y cuenta nueva”, empezar fresquecito con un de “aquí pa’l real” oficial. Bueno. Si fuera facultad presidencial perdonar y olvidar la corrupción, habría que suponer que los funcionarios públicos, aliviados de la preocupación de que les caiga al menos parte de todo el peso de la ley, se portarían todos bien… pero no, don José Agustín: los que van a perdonar, a los que les van a olvidar sus raterías, son los que ya se van. Siempre ha habido esa impunidad para con los altos funcionarios de la administración federal saliente (¿a ver: cuántos exsecretarios, exoficiales mayores o exdirectores generales de paraestatales  están bajo proceso o en la cárcel?), la diferencia aquí es decirlo, hacerlo oficial. Eso es cinismo.

El Presidente de la república tiene la obligación de hacer cumplir las leyes. Sabido es que la actual Secretaría de la Función Pública, está pintada en la pared; sabido es que eso asegura la impunidad que fomenta la corrupción: robar al erario desde las alturas del poder es menos peligroso que quitarle el chupón a un bebito de meses. Eso hay que combatir.

Antes no había una dependencia del Poder Ejecutivo encargada de la fiscalización de los recursos del erario. Cada secretaría y entidad tenía su auditoría interna, a las órdenes del titular de cada una, para revisar el correcto ejercicio de los recursos. El órgano federal de fiscalización de los recursos del erario era la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso de la Unión, hoy Auditoría Superior de la Federación (ASF), que funciona y funciona bien… pero siempre con limitados recursos y sin dientes.

Para combatir la corrupción, lo primero es olvidar lo del borrón y cuenta nueva, y cabildear con el Congreso para que la ASF tenga el tamaño y recursos económicos y legales que necesita. Lo demás es puro cuento.

11,008. DE “LA QUINA” A “LA MAESTRA”.



Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI

 

Por Francisco Ortiz Pinchetti.

SinEmbargo. Agosto 10, 2018.

 

 “La Quina” y “La Maestra”, líderes sindicales enemistados con el gobierno en turno y luego encarcelados. Fotos: Cuartoscuro.

 

Por supuesto existen claras similitudes entre los casos del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales, “La Maestra”. Ambos alcanzaron inmenso poder en sus respectivos emporios sindicales y los dos fueron finalmente víctimas –independientemente de sus fechorías evidentes– de una venganza política que los privó de su libertad, al primero durante ocho años y a la segunda durante cinco años y medio.

 

Hay coincidencia también en que tanto Joaquín como Elba Esther no fueron acusados por los verdaderos delitos graves que pudieron cometer, sino que se les fincaron acusaciones endebles y laterales como si se pretendiera desde un principio dejar abierta la puerta de su liberación, una vez cumplido su “castigo”.

 

Me tocó documentar en varios reportajes la riqueza inmensa de “La Quina”, el poderío económico y político de su emporio sindical y las atrocidades propias de un cacicazgo que se inició en 1961, todavía durante el gobierno de Adolfo López Mateos, y que resistió otros cuatro sexenios: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Con cada uno de esos presidentes tuvo el líder petrolero conatos de enfrentamiento, que en realidad eran hábiles maniobras suyas para encarecer el precio de su apoyo al régimen priista.

 

Un supuesto respaldo económico de “La Quina” en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas (que ganó en todas las zonas petroleras del país), que incluiría el patrocinio para la edición de un panfleto contra Carlos Salinas de Gortari, habría tensado sus relaciones con el candidato presidencial del PRI. Tuvo con él un enfrentamiento público, eso sí, en los inicios del gobierno y unos días antes de ser detenido, al oponerse a las posibles intensiones del nuevo mandatario de “privatizar” la industria. A esos factores se habría sumado la necesidad de legitimación a través de un golpe mediático de un Presidente cuya elección había sido ampliamente cuestionada.

 

El 10 de enero de 1989, un comando militar irrumpió muy de mañana en la casa de “La Quina” en Ciudad Madero, que fue tomada literalmente por asalto. El líder petrolero fue detenido en pijama. También una docena de sus incondicionales. El operativo fue dirigido personalmente por el célebre subprocurador federal Javier Coello Trejo, que ganaría luego el apodo de “el Fiscal de Hierro”.

 

Según la versión oficial, un agente del ministerio público, Gerardo Antonio Zamora Arrioja, habría sido recibido a balazos y asesinado en la puerta de la residencia. En el pequeño vestíbulo de la entrada –en el que estuve en más de una ocasión, por cierto-–, los militares habrían “encontrado” cajas que contenían metralletas y otras armas, destinadas a una supuesta sublevación contra el gobierno.

 

La verdad fue que en ese lugar no ocurrió muerte alguna. Tampoco hubo disparos. Constaté que en ninguna funeraria de Ciudad Madero o Tampico se recibió el cadáver, que nadie vio, y que el acta de fallecimiento fue enviada por “fax” desde la Ciudad de México (Zamora Arrija murió efectivamente en esas fechas, pero en Ciudad Juárez).

 

Por otro lado, era absurdo el almacenamiento de cajas repletas de armas largas en el recibidor de la casa, donde Joaquín solía atender cada miércoles a decenas de petroleros y familiares de éstos que acudían a hacerle alguna petición.

 

“La Quina” nunca fue acusado por la enorme corrupción que encabezaba (sobre todo referida al tráfico de contratos y plazas) y en la cual estaban involucrados ex funcionarios y funcionarios de Pemex. Fue acusado de homicidio y acopio de armas, pero finalmente sentenciado sólo por éste último delito a 35 años de prisión. Sin embargo, fue “amnistiado” en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Murió en Tampico en noviembre de 2013.

 

Por su parte, Elba Esther, (a quien su antecesor y protector Carlos Jonguitud Barrios puso el mote de “La Flaca” allá por 1973), tuvo diferencias con Enrique Peña Nieto desde la campaña presidencial de 2012. La lideresa chiapaneca coqueteó con su apoyo y el de su partido Nueva Alianza a AMLO, que no ocurrió en los hechos, aunque sí se mostró intransigente ante la petición de apoyo del nuevo mandatario a la Reforma Educativa.

 

Aunque fueron ampliamente documentados y difundidos los despilfarros de la maestra en viajes, lujos, joyas, casas, ropa, para lo cual dispuso de mil 978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la maestra –detenida en febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca– fue acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.

 

El sindicato pudo haberla acusado de desvío de recursos, pero nunca lo hizo. Ella siempre alegó que el uso ilimitado de los dineros sindicales por parte de la dirigencia era “habitual y legal”.

 

Los delitos que se le imputaron acabaron por desvanecerse y el magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, declaró su inocencia y ordenó su liberación el pasado martes 7 de agosto, justo en la víspera de la entrega de la constancia de mayoría al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y a menos de cuatro meses de que EPN deje el cargo.

 

La coincidencia ha provocado especulaciones sin cuento. Se habla sin ninguna evidencia de un “acuerdo” entre Peña Nieto y su sucesor, cuya virtual secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que la decisión de liberar a la ex dirigente del sindicato magisterial, fue “acertada” e incluso que “se lo merecía”. La coincidencia de fechas en que se da la liberación de “La Maestra” es sorprendente, eso sí. También la semejanza de su caso con el de Joaquín Hernández Galicia. Es el sistema político mexicano que… ¿se va? Válgame.

 

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Por Francisco Ortiz Pinchetti.

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

11,007. CORRAL: LA GENTE VOTÓ HARTA DE LA CORRUPCIÓN, Y SI AMLO PERDONA A PEÑA TRAICIONARÁ ESE MANDATO.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI

Por Sugeyry Gándara.
SinEmbargo. Agosto 10, 2018.

De ser cierto que la reconciliación nacional tiene como premisa “el perdón y olvido” en los casos de corrupción política, y se le da impunidad a Enrique Peña Nieto eso sería una traición a la voluntad de los mexicanos que dieron el voto a Andrés Manuel López Obrador, dice Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua.

“Sería muy desalentador no volver a contar con el Gobierno federal para el combate de la corrupción política”, plantea en entrevista con SinEmbargo el político panista.

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Si AMLO perdona y olvida la corrupción de Peña Nieto, sería una
Traición al pueblo: Javier Corral.

El mandatario chihuahuense asegura que la investigación contra el priista César Duarte Jáquez pone a personajes como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso en el escenario de la operación fraudulenta y el desvió de recursos públicos. De ahí que para él y la entidad que gobierna es importante conocer cuál será la postura del hoy Presidente electo de México en el combate y persecución de los corruptos de esta administración federal.

ADEMÁS
Calderón reclama a Corral cercanía con AMLO, y él le revira: “La amargura no te permite distinguir la civilidad”.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– El pasado 1 de julio, el pueblo de México le dio el triunfo presidencial a Andrés Manuel López Obrador y a una gran parte de los candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) motivado por el hartazgo de la corrupción política, por lo que de ser cierto que la reconciliación nacional tiene como premisa el “perdón y olvido” y el Gobierno de Enrique Peña Nieto queda impune, sería una traición a la voluntad popular, al pueblo que votó por Andrés Manuel López Obrador, afirma el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en entrevista con SinEmbargo.

El pasado 8 de agosto, José Agustín Ortiz Pinchetti, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, afirmó que López Obrador no castigará a los funcionarios corruptos de la actual administración. AMLO “va a olvidar y perdonar” e intentará establecer un “borrón y cuenta nueva”, expresó durante una charla con la periodista Carmen Aristegui.

Además, Ortiz Pinchetti tildó como “un error” la investigación penal contra el ex Gobernador priista César Duarte, pues dijo que la persecución “quita recursos y energías que deberían estar destinados al gobierno”.

Javier Corral Jurado, actual Gobernador de Chihuahua, califica como sorpresivas, escandalosas y absurdas las declaraciones del representante de Morena.

“Esta grotesca concepción de la reconciliación lo que haría, de ser cierto, es perpetuar la injusticia. Porque el borrón y cuenta nueva no pudre los problemas o los elimina; al contrario, crecen. […] Cuando el conjunto de esos raterillos saben que se perdona a los grandes ladrones de México, eso en realidad es un aliciente”, comenta el mandatario chihuahuense.

El político panista considera que es preocupante que Ortiz Pinchetti emita este tipo de declaraciones, porque se entiende que son una interpretación de lo que él ha platicado con el Presidente electo.

Corral Jurado explica que todas las transiciones de un régimen a otro o de una época a otra han requerido sí, una dosis de perdón y de reconciliación, pero también están basadas en la justicia.

Establecer un “borrón y cuenta nueva” a la corrupción política, considera, va en sentido contrario a la motivación que tuvieron los mexicanos que votaron por López Obrador: el hartazgo por la corrupción política.

“Ningún gobernante puede perdonar a nombre de las personas, de la sociedad y del pueblo, a quienes le causaron agravios en su patrimonio o en sus derechos humanos”, sentencia.

El Gobernador de Chihuahua expone que la interrogante de fondo es sí Enrique Pena Nieto quedará impune.

“¿Qué tanto y qué realmente piensa hacer López Obrador? ¿Es lo que dice José Agustín Ortiz Pinchetti? Si eso es cierto y si eso es lo que piensa López Obrador –olvidar y perdonar a los corruptos–, ¿otorgarle impunidad a Peña Nieto? ¿No serán sancionados en realidad Odebrech, la ‘Estafa Maestra’, el socavón del Paso Express, la ‘casa blanca’, César Duarte, Etileno XXI, OHL?”, se preguntó el mandatario.

Javier Corral arguye que el castigo de los delitos, desde una perspectiva penal y administrativa, no es una revancha política o un asunto personal, sino una obligación.

ADEMÁS
Corral inicia una marcha de 15 días para exhibir a nivel nacional corrupción priista en Chihuahua.

Si el nuevo Gobierno no se propone en serio combatir la corrupción y atajar la impunidad, cualquier política, programa o expresión social que plantee estará condenada al fracaso, no tendrá éxito, y entonces se puede complicar incluso todo lo demás, añade.

No obstante, el mandatario de Chihuahua estima que sólo se trata de una falta de claridad por parte de AMLO en el tema de combate de corrupción: “Hay mucha, mucha confusión que es necesario aclarar”.

A Chihuahua, dice, le interesa conocer la posición de López Obrador porque la investigación del caso Duarte toca a altas esferas políticas y pone a personajes como Enrique Peña Nieto y Luís Videgaray Caso en el escenario de la operación fraudulenta y el desvió de recursos públicos del priista César Duarte.

“Es una investigación que en función del entramado que descubrió, coloca indiscutiblemente a Enrique Peña Nieto, también como uno de los responsables de estos desvíos multimillonarios. Si alguna investigación ha tocado a los altos niveles de la política en México, esa es la de Chihuahua. De ahí que a nosotros nos interese tanto la definición de López Obrador en este tema”, expone.

Corral Jurado denuncia que Peña Nieto, a través de su Gobierno, ha puesto en marcha toda una operación de protección a Duarte, quien tiene siete órdenes de aprehensión y éstas están detenidas en la Procuraduría General de la República (PGR).

“Está tratando [el aparato gubernamental federal] de conseguirle amparos al ex Gobernador –y lo están logrando–, para tratar de derribar esas órdenes de aprehensión en las solicitudes de extradición y que sólo se le pueda juzgar por otros delitos exclusivamente de la corrupción política local y del enriquecimiento ilícito del ex Gobernador del estado”, considera.

El mandatario insiste en el tema de las declaraciones de Pinchetti para afirmar que el representante de Morena se equivoca al decir que la persecución provoca un desgaste y derroche innecesario de energía. El pacto de impunidad que parte desde la Presidencia de la República es lo que dificulta la sanción y el combate a la corrupción política en México, afirma.

“Se equivoca mi estimado amigo, porque lo que nos ha hecho perder recursos y energía es que Peña Nieto ha blindado a César Duarte, no el empeño ni el profesionalismo de una Fiscalía que ha demostrado ante jueces locales la comisión de delitos por desvíos multimillonarios en Chihuahua, ese es el gran equívoco de esta visión”, asegura.

Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, dice que si el nuevo Gobierno, encabezado por López Obrador, no se propone combatir en serio la corrupción y atajar la impunidad, cualquier política, programa o expresión social que plantee estará condenada al fracaso, no tendrá éxito. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

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–En relación a las declaraciones de Ortiz Pinchetti, ¿Qué impresión tiene sobre la postura que tendrá López Obrador en el tema de corrupción política?

–El discurso de López Obrador, en distintos ámbitos, ha sido que él no va a iniciar ninguna persecución judicial contra nadie y que serán las instituciones las que se encarguen de desahogar los asuntos que ya están planteados. En la Conago [Conferencia Nacional de Gobernadores] él así lo dijo: que los asuntos que ya estuvieran encaminados serían los que tomarían su curso, su trámite, también las [denuncias] que otras organizaciones y grupos de la sociedad. Pero que él, en lo personal, no haría ningún tipo de “persecución”. Yo quiero entender que él habla de no entrar en una cacería de brujas o en persecuciones de carácter político, porque el ejercicio y el cumplimiento de la Ley, en la persecución de los delitos, no depende de la voluntad del Presidente de la República y de si quiere o no hacerlo: está obligado a cumplir la Ley.

Sin embargo, desde Morena, personajes muy cercanos a López Obrador hablan de que él sí va a olvidar y perdonar a los corruptos. Lo ha dicho en artículos publicados, por ejemplo, Ricardo Monreal; la mejor defensora de Alejandro Gutiérrez es Yeidckol Polevnsky Gurwitz y ahora un personaje muy identificado con López Obrador –por cierto muy amigo mío–, José Agustín Ortiz Pinchetti, salió a dar una escandalosa declaración, absurda, grotesca. Yo mismo me asombré cuando me platicaron. No lo podía creer. Lo primero que pensé es que alguien estaba usurpando a Ortiz Pinchetti. Me resulta un absurdo plantear que la reconciliación nacional tenga como premisa el perdón y el olvido de los casos de corrupción porque es ir a contrapelo, en sentido contrario a una de las motivaciones más importantes que se expresaron en la elección del 1 de julio: el hartazgo frente a la corrupción política. Esta grotesca concepción de la reconciliación lo que haría, de ser cierto, es perpetuar la injusticia. Porque el borrón y cuenta nueva no pudre los problemas o los elimina, al contrario, crecen. Y los raterillos, que son transversales a los partidos, los poderes de Gobierno y de la Unión, siguen viendo un aliciente de esa impunidad. Cuando el conjunto de esos raterillos saben que se perdona a los grandes ladrones de México en realidad es un aliciente.

¿Qué tanto y qué realmente piensa hacer López Obrador? ¿Es lo que dice José Agustín Ortiz Pinchetti? Si eso es cierto y si eso es lo que piensa López Obrador –olvidar y perdonar a los corruptos, ¿es otorgarle impunidad a Peña Nieto? Porque en el fondo  de esta cuestión, hay que decirlo con toda claridad, la gran pregunta es: ¿se van a quedar impunes EPN y su gobierno? ¿No serán sancionados Odebrech, la “Estafa Maestra’, el socavón del Paso Express, la “casa blanca”, la casa de Malinalco, César Duarte? ¿No serán realmente sancionadas Etileno XXI y OHL? El gran asunto es ver si puede haber reconciliación sólo con dosis de perdón y sin dosis de justicia.

Todas las transiciones de un régimen a otro o de una época a otra, sí han requerido dosis de perdón y de reconciliación pero también basadas en la justicia, porque ningún gobernante puede perdonar a nombre de las personas, de la sociedad y del pueblo, a quienes le causaron agravios en su patrimonio o en sus derechos humanos. ¿Lo interesante es saber qué tan cerca está hoy José Agustín. Me llama mucho la atención, entiendo que está haciendo una interpretación de lo que ha platicado con él [con AMLO] por eso es muy preocupante este hecho. De ser cierto, sería una traición a la voluntad popular del 1 de julio, sería muy desalentador no volver a contar con el Gobierno federal para el combate de la corrupción política. Porque nosotros continuaremos en ello. Nosotros tenemos un mandato popular claramente vinculado a un ofrecimiento de justicia para Chihuahua, en términos del resarcimiento del saqueo de los recursos públicos en Chihuahua. Hay un momento de mucha confusión en este tema del combate a la corrupción; mucha, mucha confusión que es necesario aclarar.

Javier Corral, Gobernador de Chihuahua; Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente electo de México, y Olga Sánchez Cordero, quien será la futura Secretaría de Gobernación, en el arranque de los foros Por la Pacificación y Reconciliación Nacional, en Ciudad Juárez. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuro.

–¿Hay entonces un mal entendido con José Agustín?

–Es que no sé que está pasando con José Agustín. He llegado a pensar que ha perdido agilidad mental.

–Usted estuvo con López Obrador en días pasados, ¿le dio la impresión que el perdón y olvido protegerá a los corruptos?

–Yo no abordé propiamente el tema con él. No hablamos de los casos de corrupción política del gobierno anterior de Chihuahua [el de César Duarte] o del actual Gobierno federal [que encabeza Enrique Peña Nieto]. No hubo una especificidad en el detalle. Lo que sí percibo es falta de claridad por parte de él en el tema de corrupción política, porque el castigar los delitos, desde una perspectiva penal, administrativa y de recuperación de los recursos, no puede ser entendida como una revancha política o un asunto personal. La paz y reconciliación que quiere López Obrador sólo se podrá generar si realmente hacemos justicia a las víctimas de violencia y le regresamos a la gente el dinero robado, el dinero del saqueo, que además lo necesitamos para hacer muchas cosas. Yo sí percibo falta de claridad de él en este tema, pero tampoco creo que la interpretación que está haciendo Pinchetti sea la correcta, quisiera creerlo así.

– ¿A qué atribuye esa ambigüedad en el tema de corrupción?

–Realmente no tengo una explicación. Durante la campaña varios advertimos que se había planteado un pacto de impunidad entre Peña Nieto y el entonces candidato [AMLO] que se supone debe de tener contraprestaciones y lo que no me cuadra es: ¿qué le debería o qué le debe López Obrador a Peña Nieto? ¡Nada! No lo necesitara para nada. El manejo que la PGR tuvo en la campaña para mermar la campaña de Ricardo Anaya, el uso faccioso de la PGR, estuvo planteado para beneficiar a José Antonio Meade y bajar a Anaya. El gran beneficiario terminó siendo López Obrador. Pero ni siquiera eso. Yo no sé cual es la explicación de esto [la falta de claridad en el tema de corrupción] no la entiendo. Por eso quiero creer que a lo mejor es una estrategia del momento para tener una transición más tersa, un relevo más civilizado, coordinado y de mayor confianza, y poder llegar hacer ya en el Gobierno federal, desde el principio, acciones con mayor conocimiento y mayor información. A lo mejor es una estrategia de precaución en la transición. Obviamente yo voy a platicar con él [AMLO] del caso de Chihuahua. Hemos tenido un buen acercamiento durante su visita a Ciudad Juárez, hemos hablado fundamentalmente del tema de inseguridad, de violencia, de víctimas, de programas sociales, obras inconclusas en el estado, y ha sido un buen tono: franco y honesto. Sólo a Calderón le pareció indebido que nos acercaremos en ese tono; pero habrá el momento en que yo tenga que tratar eso  [el caso de Duarte] y la investigación profunda de corrupción, y lo voy a tratarcon absoluta claridad, franqueza y directamente, porque ahí está en la PGR todo el caso más lo que se va acumular en las siguiente semanas con relación al mismo ex Gobernador.

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–De ser cierto,  lo dicho por Pinchetti, ¿cree que AMLO no va a facilitar la búsqueda y extradición de César Duarte?

–Se metería en un berenjenal. Hay una corriente muy importante en la expresión popular del 1de julio en torno de la corrupción política del país. Simple y sencillamente traicionaría esta parte que concurrió de manera decidida a otorgarle su confianza. Pero no sólo ello: estoy seguro que cualquier expresión social y política que se plantee [en su Gobierno] si no se propone en serio combatir la corrupción y atajar la impunidad, estará condenada al fracaso, no tendrá éxito, y entonces se puede complicar incluso todo lo demás. Hay una concepción muy errónea en la declaración de José Agustín cuando dice es un error haber perseguido a César Duarte porque el Gobernador de Chihuahua ha perdido recursos y energía en esa persecución. Se equivoca mi estimado amigo, porque lo que nos ha hecho perder recursos y energía es que Peña Nieto ha blindado a César Duarte, no el empeño ni el profesionalismo de una Fiscalía que ha demostrado, ante jueces locales, la comisión de delitos por desvíos multimillonarios en Chihuahua. Ese es el gran equívoco de esta visión. Lo que dificulta la sanción y el combate a la corrupción política en México es el pacto de impunidad que parte desde la Presidencia de la República y corroe en muchos niveles de gobierno. Ese es el problema que hace que este tema se vuelva desgastante, no el tema en sí mismo.

–Sobre esta denuncia, que EPN obstruye la justicia, la investigación de la Fiscalía de Chihuahua no ha tocado a personajes de alto nivel, como un Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, etcétera, ¿qué pasó con ello?

–Yo creo que al  contrario de esa visión, Chihuahua es el único estado del país que realmente tocó los altos niveles de la política nacional, porque Alejandro Gutiérrez no es ningún personaje menor. Es ni más ni menos que el ex Secretario General Adjunto del PRI nacional y el hombre clave en la operación y la comunicación política de Gobierno y partido, entre Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. No es un personaje menor, se trata de un personaje clave en una operación de desvío multimillonario que no sólo ocurrió en Chihuahua sino en varias entidades del país. Y digo que es Chihuahua el único caso porque en todos los demás [donde se iniciaron procesos contra ex gobernadores] las investigaciones se quedaron encapsuladas en personajes de lo local, como si el raterío o rateriaje hubiera sido solamente para el disfrute personal del ex Gobernador, su familia y sus principales colaboradores, y no es cierto. Toda esa desviación de recursos públicos fueron mucho para favorecer a las campañas del PRI en otros estados y al PRI nacional.

Si alguna investigación toca a los altos niveles de la política en México, es la de Chihuahua. Y es una investigación que en función del entramado que descubrió coloca indiscutiblemente a Enrique Peña Nieto también como uno de los responsables de estos desvíos multimillonarios. El Presidente de la República no estuvo distante ni fue de su desconocimiento una operación como ésa, donde se trasladaron recursos federales de los estados para las campañas del PRI. No es ajeno, como no lo es el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray. Si alguna investigación ha tocado a los altos niveles de la política en México es la de Chihuahua. De ahí que a nosotros nos interese tanto la definición de López Obrador en este tema. Muchos estados quizá están festejando la declaración de Luis Pinchetti o esa ambigüedad con la que López Obrador se ha manejado en el tema de corrupción política. Para nosotros el tema del combate a la corrupción y el seguimiento del caso César Duarte definirá en mucho nuestra relación con el Gobierno de López Obrador, porque para nosotros es crucial el tema de recuperar el fruto de lo robado, porque son miles de millones de pesos los que están en juego, porque el proceso penal no sólo busca llevar a la cárcel a César Duarte: buscamos recuperar lo que se robaron.

–¿Qué falta para que se abran procesos contra esos altos funcionarios?

–Lo que falta es que efectivamente el Poder Judicial federal haga su parte en el caso de Alejandro Gutiérrez, porque atrajeron la investigación, nos quitaron la investigación a Chihuahua en una connivencia con la Procuraduría General de la República. Esperaría a que el Ministerio Público federal, en una etapa nueva del país, actué realmente como el persecutor de los delitos y no como el protector de los delincuentes, que en este caso así han actuado. También lo que es muy importante es que se complete el proceso de extradición de César Duarte. El proceso es fundamental para el desahogo de muchos de estos procesos que siguen, porque el propio César Duarte ha sido clave.

¿Por qué ha sido tan protegido César Duarte por Peña Nieto? ¿Por qué en los demás casos rápidamente actuaron contra algunos ex gobernadores, los detuvieron e incluso les regresaron dinero? ¿Por qué esa actitud de Peña Nieto con otros Gobiernos y otros casos? ¿Por qué la diferencia con el caso de César Duarte? Porque nosotros no hemos querido negociar ni negociamos, y porque es claro que abrimos las  investigaciones para que se conociera el modus operandi de la corrupción política en México, que fue lo que ha puesto en evidencia el caso Chihuahua. Insisto: de ahí la importancia que para nosotros tiene la definición del Presidente electo en estos temas y porque están siete ordenes de aprehensión pendientes de procesar en la PGR y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Las tienen detenidas porque están ahí los casos más relevantes en monto y en destino de los recursos públicos. Está tratando [el aparato gubernamental federal] de conseguirle amparos al ex Gobernador y lo están logrando, para tratar de derribar esas órdenes de aprehensión en las solicitudes de extradición y que sólo se le pueda juzgar por otros delitos exclusivamente de la corrupción política local y del enriquecimiento ilícito del ex Gobernador del estado. Eso es lo que ha estado en marcha en estos meses, es toda una operación de protección.

“¿Por qué ha sido tan protegido César Duarte por Peña Nieto? ¿Por qué en los demás casos rápidamente actuaron contra algunos ex gobernadores, los detuvieron e incluso les regresaron dinero? ¿Por qué esa actitud de Peña Nieto con otros Gobiernos y otros casos? ¿Por qué la diferencia con el caso de César Duarte? Porque nosotros no hemos querido negociar ni negociamos”, dice Javier Corral.
Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

– ¿Usted ve a AMLO persiguiendo penalmente a Enrique Peña Nieto?

–Eso es lo que no tengo claro.

– ¿Por qué?

–Porque ahí sí ha habido muchas manifestaciones de él. En el caso de Peña Nieto ha habido más claridad al decir: “yo no voy a iniciar nada”. Ahora, López Obrador tampoco ha dicho que se va a oponer a quienes las iniciemos. No podría oponerse. Él ha dicho que la Ley será la guía; ha dicho que “nadie por encima de la Ley”. Pues no podría oponerse al desahogo o al desarrollo de estas investigaciones, incluso habrá muchos grupos de la sociedad civil que se encarguen de llevar estas causas de corrupción política del Gobierno de Peña Nieto a tribunales nacionales e internaciones. Peña Nieto ha obstruido el acceso a la justicia en Chihuahua y, en ese sentido, si AMLO lo hace o no lo hace [investigar a EPN] será su decisión y tendrá su consecuencia, pero tampoco impedirá que otros lo hagamos.

– ¿Y si cae en el mismo juego de obstaculizar?

–No veo eso porque es entrar en una profunda contradicción. No lo veo obstaculizándolos. No veo, sinceramente, que vaya a continuar el mismo ambiente de agresión, obstrucción y obstaculización a Chihuahua. Eso sí no lo veo.

– ¿Se requiere ya un mensaje claro y contundente del Presidente electo sobre el tema de corrupción política?

–Claro que se requiere, porque ya inicia formalmente un proceso de entrega-recepción y uno de los asuntos más importantes del nuevo Gobierno federal es que debe revisar el estado y los términos en los que se han realizado los procesos de extradición por parte de la PGR y la SRE. Es fundamental que ese proceso de entrega-recepción dé cuenta no sólo del caso de César Duarte, hay decenas de solicitudes de extradición sobre distintos tipos de delincuentes. Saber cómo se han manejado las extradiciones, las solicitudes, y dónde están los documentos y expedientes en fundamental. No vaya a ser que al rato se diga que la nueva administración desapareció documentos, pruebas, expedientes, elementos, o que lo plantearon mal, lo hicieron indebidamente. Es uno de los temas más importantes de la transición del proceso, formalmente hablando.

– ¿Qué opina sobre la postura del nuevo Gobierno en el tema de la Fiscalía Anticorrupción?

–Yo creo que ahí se tiene que avanzar hacia una verdadera independencia del Ministerio Público, particularmente en el tema de la Fiscalía Anticorrupción. En el tema de la Fiscalía Anticorrupción se tiene que asegurar una independencia, una autonomía y una desvinculación con el Presidente de la República. Esto lo digo con asidero jurídico y político: Chihuahua es el primer estado, de todo el país, que promovió una Reforma Constitucional de carácter local para que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción ya no dependiera el Gobernador del Estado.

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Por Sugeyry Gándara.