Enviado
por SinEmbargo.
Desde
la Cd., de México. Para
Por
Shaila Rosagel.
Las
entrañas del “monstruo” que deja Enrique Peña Nieto en materia de crisis
humanitaria en el país, revelan que la magnitud de la tragedia es peor de lo
que se imaginaban, dice en esta entrevista con SinEmbargo Alejandro Encinas
Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de
la Secretaría de Gobernación en la administración federal que iniciará a partir
de diciembre.
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“El
primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que
estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la
dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son
reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin
identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas
desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos
humanos de distintas instituciones públicas”, afirma Encinas Rodríguez.
El
futuro Subsecretario no sólo acepta que se sacó la rifa del tigre con la
encomienda que tendrá a partir del 1 de diciembre, sino que sabe que tendrá que
lidiar con un “tigre rabioso” que votó por un cambio en julio de este año y que
espera resultados y justicia del nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel
López Obrador.
Ciudad
de México, 12 de octubre (sin embargo).- La agenda de las víctimas en
un país plagado de fosas clandestinas, desaparecidos y
cadáveres sin identificar que se pierden en el mundo de la burocracia
gubernamental y en la falta de protocolos, es para el próximo Gobierno una de
las asignaturas más importantes por el impacto que tendrá lo que se haga en los
mexicanos que salieron a votar por Andrés Manuel López Obrador y
el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el 1 de julio, reconoce en
esta entrevista Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en
la administración federal que iniciará a partir de diciembre.
Encinas
Rodríguez acepta que no sólo se sacó “la rifa del tigre” con la posición que le
encomendó el futuro Presidente de la República, sino que además tendrá que
lidiar con “el tigre rabioso” de un país ensangrentando y adolorido por la
crisis profunda de violación de derechos humanos que dejará la administración
de Enrique Peña Nieto.
“El
primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que
estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la
dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son
reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin
identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas
desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos
humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades
policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener
que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la
población”, dice Alejandro Encinas.
El
próximo Subsecretario de Derechos Humanos traerá como primera encomienda el
caso Ayotzinapa y darle respuestas a los padres y madres de los 43 normalistas
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala,
Guerrero, en septiembre de 2014. También tendrá la agenda de todas las víctimas
dolientes que ha dejado a su paso la violencia desbordada en el país.
Esas
víctimas que le gritaron a López Obrador “ni perdón, ni olvido” en el Centro
Cultural Universitario Tletelolco a principios de septiembre. Alejandro Encinas
los sabe y lo asume, asegura.
“Lo
primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado
para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión
Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la
están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo
de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia
de búsqueda porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que
tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para
hacerlo”, explica.
En
el caso Ayotzinapa, dice Encinas, se abrirá el 27 Batallón con destacamento en
Iguala, Guerrero, a la nueva Comisión de Justicia para la Memoria y la Verdad
que se creará por decreto el 1 de diciembre, en caso de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de las controversias presentadas por
el Gobierno federal en contra de la Comisión mandatada por el Primer Tribunal
Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
Los
elementos del Ejército que estuvieron presentes aquella noche y madrugada del
26 y 27 de septiembre deben dar cuenta de lo que lo que saben, como fue la
demanda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que llegaron al país a
formar parte de la investigación en marzo de 2015.
“Aquí
no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores
públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados
a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una
persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos
elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la
institución militar”, afirma.
Alejandro
Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
***
–Usted
probablemente trae una de las asignaturas más difíciles para el próximo
Gobierno que es todas las víctimas, este México ensangrentado, se sacó la rifa
del tigre.
–El
tigre con rabia.
–La
rifa del tigre con esta posición que tendrá usted en la Secretaría de
Gobernación. Me gustaría saber hasta ahorita, ¿cuál es su diagnóstico de lo que
está dejando este Gobierno de Peña Nieto?
–Hay
que asumir que no hay tarea sencilla para el próximo Gobierno federal; el país
está en un proceso de descomposición y deterioro de la vida institucional muy
profundo, que se expresa en esta crisis humanitaria y de violación a los
derechos humanos de manera muy cruenta, pero que la encontramos en todos los
ámbitos de la administración pública. Problemas serios de corrupción, problemas
serios de mala administración, mal ejercicio de los recursos públicos, y pues
un problema de pobreza, desigualdad, de inseguridad que es gravísimo en el
país.
El
primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que
estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la
dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son
reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin
identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas
desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos
humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades
policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener
que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la
población y vamos a tener que informar y comunicar de manera muy clara y
transparente porque evidentemente no será sencillo cambiar las cosas de la
noche a la mañana, sino que será un proceso.
Primero
para frenar este nivel de descomposición, revertirlo, y en muchos casos, en lo
que a mí me corresponde, avanzar en el conocimiento de la verdad no solamente
de los hechos graves que se han cometido contra los derechos humanos, sino
garantizar la aplicación de la justicia para las víctimas y sus familiares.
–No
sé si usted esté de acuerdo en que uno de los puntos más importantes por los
que se dio el triunfo de López Obrador es precisamente este: la violencia, la
inseguridad, las víctimas.
–Sí,
yo creo que es la indignación. Una indignación muy profunda en la sociedad y el
hartazgo. El hartazgo de los privilegios de una clase política que se corrompió
con esta situación de zozobra, no sólo por el problema de inseguridad, sino de
falta de certidumbre en el desarrollo del país. Y por supuesto esta indignación
por la violencia y la inseguridad que ha afectado a la vida y al patrimonio de
muchas familias, tenemos que asumirlo como parte fundamental en el resultado
electoral y tenemos que dar respuesta a esa indignación.
–Ahora
con la cancelación de los foros por la paz, son cinco estados, pero al menos
tres tienen una grave situación: Veracruz, Tamaulipas y Morelos. Veracruz con
todo el tema de Javier Duarte; Tamaulipas, la violencia; y bueno Morelos, las
fosas.
–Independientemente
de la cancelación de los foros que se hizo por parte de nuestros compañeros del
área de Seguridad Pública, nosotros vamos a seguir manteniendo la relación y
los encuentros con todos los grupos de víctimas. Este viernes yo voy a estar en
San Luis Potosí, vamos a estar el día 19 de octubre en Zacatecas, vamos a tener
relación con varios grupos de víctimas en Veracruz. Más allá de los foros,
mantener el diálogo de interlocución será una tarea permanente y sistemática no
sólo de aquí al primero de diciembre, sino ya en el ejercicio de la
responsabilidad que nos han encomendado.
–¿Cuál
es su estrategia Alejandro, una vez que llegue a su puesto, para combatir todos
estos problemas que usted traerá en su agenda?
–Lo
primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado
para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión
Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la
están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo
de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia
de búsqueda, porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que
tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para
hacerlo.
Tenemos
que trabajar en todo lo que es la Comisión Nacional para frenar la violencia
contra las mujeres, la Comisión Nacional para atender la situación de
refugiados, en fin, muchos de los instrumentos nacionales que se crearon en la
ley, pero que en realidad ni existe. Esto a fin de dar causa a todas las
inquietudes y demandas de la población, hacer que la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas funcione realmente. Que se desburocratice, que tenga una
capacidad de respuesta inmediata, que el Sistema Nacional de Protección a las
Niñas, Niños y Adolescentes tenga los recursos y los instrumentos para
enfrentar situaciones tan difíciles como ha sido la desaparición y el homicidio
de menores, particularmente de niños y niñas, que no se habían dado cuenta de
este fenómeno a nivel nacional. Un primer paso es hacer que las instituciones
funcionen para atender las demandas de la población afectada, pero también para
ejercer los derechos que le corresponden a cada quien.
–Ahorita
que habla de hacer que las instituciones funcionen, esta crisis tremenda que
hay con los servicios forenses en todo el país, con los Semefos. Nos acabamos
de enterar que en Coahuila hay 49 cuerpos que fueron donados a la Facultad de
Medicina y que pueden ser de desaparecidos y no saben ahorita dónde están los
cuerpos. Hablaba con Javier Sicilia [Zardain] y me decía que será muy costoso
poder arreglar todo esto. ¿Cuál es el plan?
–En
este caso lo que urge es un Sistema Nacional Forense que establezca protocolos
únicos de actuación en todos los órdenes de Gobierno para nos solamente la
identificación de los cuerpos que se vayan encontrando en las fosas
clandestinas, sino los decesos que se dan de muchas personas en la vía pública
o por accidentes, en donde no hay ningún control real, ni mucho menos de
infraestructura, ni la logística adecuada para hacer laboratorios de
antropología forense, bancos de ADN, hasta las mínimas condiciones de
identificación de un cadáver.
Vemos
en el caso de las fosas de Tetelcingo, por ejemplo, cómo la propia autoridad
sembró cadáveres ahí sin haberlos identificado, violando todo tipo de
protocolos. En algunos cementerios se han encontrado personas que traen
identificación y que se han reportado como desaparecidos. Hay que poner orden y
por eso se requiere de un sistema nacional con la participación de las
entidades federativas.
–¿Los
recursos de dónde van a salir Alejandro?
–Tienen
que salir del ámbito federal, pero también del ámbito local. Si hablamos de un
sistema nacional, no puede una situación tan crítica como esta absorber todo el
Gobierno federal. Menos aún, porque es una competencia de los gobiernos
estatales y municipales. Yo tuve la experiencia como Jefe de Gobierno me tocó
hacer todo el Servicio Forense de la Ciudad de México, que es el mejor del
país. Esto tiene que replicarse en todas las entidades. Pero tenemos que
prepararnos de manera distinta; apenas van dos generaciones de estudiantes de
Medicina Forense egresados de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de
México], esto hay que reproducirlo en todas las universidades públicas para
estar a la altura de este reto.
–Me
decía Javier que se necesita pedir ayuda internacional, recursos, ¿cómo se
puede hacer?
–Hay
organismos que facilitan recursos, otros nos pueden dar intercambio de
experiencia. Ya hemos tenido reuniones con distintas embajadas que nos han
ofrecido este tipo de servicios y por supuesto que lo vamos a tener.
RETOMAR
CASO AYOTZINAPA.
–Entrando
en materia del caso Ayotzinapa. Carlos Beristain del GIEI [Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes] dice que se tiene que investigar
a Tomás Zerón y a Murillo Karam, ¿qué tan prioritario es investigar a estos
personajes?
–El
objetivo fundamental de la Comisión de la Memoria y la Verdad que está por
integrarse es conocer la realidad de los hechos: qué pasó, dónde están los
muchachos, quiénes son los responsables. En el momento que se abra esta
investigación y se vayan deslindando responsabilidades podrá identificarse las
acciones, omisiones, dolos, negligencias, de las autoridades que intervinieron
en el proceso de investigación. Y si de ahí se deslinda una responsabilidad
para cualquier servidor público del orden federal o local, vamos a actuar en
consecuencia.
–Él
habla de que una de las principales solicitudes que hizo el GIEI cuando llegó
fue que se abriera la información del 27 Batallón. Hacer entrevistas con
personas que ya tienen detectados y nunca se les permitió. Incluso cuando dieron
su último informe antes de irse, dijeron las preguntas que les habrían hecho.
En este nuevo Gobierno, ¿se les va abrir esta posibilidad?
–Sí,
parte de la idea de esta Comisión de Justicia para la Memoria y la Verdad es
que efectivamente todas las líneas de investigación se desahoguen, no quede
pendiente como lo ha mandatado el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, y las
declaraciones de testigos o de víctimas que fueron violentados sus derechos ese
día y también de muchas de las autoridades que presuntamente tienen información
sobre los hechos de esa noche en Iguala.
–¿Aunque
sea del Ejército?
–Aquí
no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores
públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados
a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una
persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos
elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la
institución militar.
–Le
preguntaba yo a Beristain si serán ellos mismos los que vendrían o serían
otros. ¿Qué tiene pensado el nuevo Gobierno?
–La
propuesta de los padres y madres de los muchachos de Ayotzinapa es que ellos se
reincorporen. Esto lo estamos trabajando ya con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) porque ellos disolvieron el GIEI y crearon un mecanismo
de seguimiento. Por supuesto que hay todas las condiciones para restablecer un
acuerdo con la Comisión Interamericana y que el GIEI pudiera rearticularse.
–¿Con
los mismos miembros?
–Con
los mismos miembros. Yo no veo ningún impedimento para ello.
–¿Qué
tan importante sería que fueran ellos?
–Pues
ayuda, porque ya hicieron todo un proceso de investigación, están al tanto de
los detalles; conocen además otras investigaciones como la que hizo la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en México, como hizo la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que estamos esperando que emita una recomendación
adicional sobre el caso Ayotzinapa, y eso ahorraría mucho tiempo.
–¿Cómo
ve los tiempos en los que se irán viendo resultados en el caso Ayotzinapa?
–Lo
primero es esperar la resolución de la Corte sobre las controversias que
presentó el Gobierno federal contra la sentencia que emitió y luego ratificó el
Tribunal de Tamaulipas de crear la Comisión de la Verdad. En caso de que no se
ratifique, nosotros a partir del 1 de diciembre, el Presidente ya en funciones,
emitirá un decreto para su creación. Habrá que proceder a la instalación de la
misma; por supuesto que esto va acompañado de un proceso jurídico previo que ya
está en marcha que es la creación de la Fiscalía General de la República, el
nombramiento del nuevo fiscal que va a tener autonomía y de una Fiscalía que va
a tener fiscalías especiales: la Anticorrupción, la Electoral, de Asuntos
Internos, y una que es muy importante la de Derechos Humanos. Esto va a abonar
mucho en poder concretar el compromiso que ya se estableció con los padres y
madres de los muchachos de Ayotzinapa para crear esta Comisión de la Verdad.
–Si
vemos todas las variables de un país: lo económico, lo político, educativo y
esta parte del México desangrado que incluye seguridad, las víctimas, ¿qué
tanto valor de peso tiene esta parte para el próximo Gobierno?
–Para
nosotros es muy importante, no solamente dar una señal de que las cosas
cambiaron, sino fundamentalmente dar resultados. No es un asunto de imagen, es
un asunto de convicción, de que puede haber justicia en este país. Ese es
nuestro objetivo fundamental.
–¿En
cuánto tiempo se verán resultados?
–Es
muy difícil. Estamos hablando de cuatro años de los hechos de Ayotzinapa, hay
que asumir que este periodo pudieron alterarse, esconderse y alterado muchas
pruebas. No quisiera ser irresponsable y fijar un tiempo.
–Pero
no sólo de Ayotzinapa, sino para ver algo en general, de todo el paquete que
usted trae.
–A
partir del 1 de diciembre habrá un cambio no sólo de actitud, sino de actuación
de Gobierno en estos temas. El primer paso es que el Estado asuma su
responsabilidad en esta tarea, y lo vamos asumir.
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