viernes, 5 de julio de 2019

12, 091. 1. -LOS HOMBRES DE CALIDAD. 2. -LA HONESTIDAD ES PRIMERO. 3. -LOS HOMBRES DE DOS CARAS.


Reporte- Z

Por Rafael Gomar Chávez.
Filósofo y periodista.
Desde  Michoacán.
México. Para
Tenepal de CACCINI

1. -Los hombres de calidad. 2. -La honestidad es primero. 3. -Los hombres de dos caras.


En la carrera por la calidad no hay línea de meta Kearns.

1. -El nombre de Carlos Kasuga tal vez no le diga nada al hombre común, pero en el mundo empresarial es bien conocido el mexicano hijo de japoneses que creó en nuestro país una réplica de la próspera empresa japonesa de bebidas, Yakult.  Kasuga afirma que para construir su empresa, se dio a la tarea de buscar en nuestro país, a los hombres que deberían de ser en primer lugar, honestos, los llamó hombres de calidad.

Kasuga recorrió algunos estados del país, buscando como Diógenes con su lámpara, a los hombres buenos, además de hablar ante empresarios y trabajadores de su filosofía empresarial, que no a todos los empresarios les gusta, sobre todo a los que no les gusta compartir el fruto del trabajo; don Carlos se convirtió, tal vez sin proponérselo, en un gurú empresarial que tal vez obtiene más dinero de sus conferencias que de su empresa.

Para don Carlos los hombres de calidad se diferencian del resto de los mortales porque practican cuatro valores: el bien ser (honestidad, puntualidad, limpieza, y trabajo) el bien hacer (hacer todo bien desde el principio), el bien estar (dar más de lo que  se recibe) y el cuarto es el bien tener, éste último es una consecuencia de los tres primeros valores, podrás tener una mejor calidad de vida.

2. -No fue fácil para don Carlos Kasuga encontrar a los hombres de calidad que necesitaba para su empresa, en un país como el nuestro, los hombres de calidad no abundan, o son difíciles de encontrar; lo que abunda son los ladrones, los gandayas, los que aprovechan cualquier oportunidad para robar o quedarse con algo que no es suyo, es triste pero es así.

La educación es la diferencia, afirma don Carlos, la educación y la práctica de los valores, en especial de la honestidad (si no es tuyo, debe ser de alguien más); con frecuencia Kasuga señala las diferencias entre la educación que se imparte en Japón y la que se imparte en nuestro país, allá se cultivan valores, aquí, subordinación; en Japón puedes dejar tu bici en la calle y la encontrarás al volver, si pierdes tu cartera, la persona que se la encontró te la devolverá íntegra porque en Japón se les enseña a los niños que si encuentran algo que no les pertenece seguramente que es de alguien más, en México si te encuentras un cartera en la calle sacas el dinero y tiras la cartera mientras dices: “Gracias Señor, ¿Cómo sabías que necesitaba este dinero?”.

3. -Es difícil encontrar a los hombres de calidad, pero con frecuencia te encuentras a los hombres de dos caras, los hipócritas y perversos que sonríen y te saludan mientras te la dejan caer doblada, como diría el buen Paco Ignacio Taibo; los encontrarás en cualquier parte, pero  en especial en los partidos políticos, en las oficinas de gobierno y en algunas grandes empresas en donde para llegar a puestos de alto nivel, pisotean a su hermano, si se interpone.

¿Cómo transformar nuestra atroz realidad? Sembrando valores en nuestros hijos, y en las empresas, enseñando con el ejemplo sobre todo el valor de la honestidad que significa básicamente decir la verdad y no tomar lo que no es tuyo.

Los hombres de dos caras trabajan en las sombras, y su modus vivendi es sembrar resentimiento, conflictos y temor, un ambiente en el que la hipocresía florece. Los políticos que ayer sembraron violencia y muerte, máxima expresión de los hombres de dos caras, de los tartufos, hoy acusan al gobierno de incapaz de contener la ola de violencia y muerte, como si en 7 meses se pudiera cambiar un país que durante casi 40 años fue sometido a una estrategia perversa de represión y control masivo para perpetuar la partidocracia con un disfraz democrático.

Cada mexicano debe decidir en su conciencia si se suma a la corriente que sabotea los proyectos del gobierno, o si apoya honestamente la transformación de un sistema que ha dejado tras de sí violencia, muerte y una profunda desigualdad entre los millonarios, el Club del 1%, y el resto de los mexicanos. En el trabajo, en al hogar, en la sociedad, es hora de sumar y apoyar, no de dividir.

12, 090. DROGAS: TIEMPO DE REGULAR.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI.

Por Antonio Salgado Borge.
SinEmbargo. Julio 05, 2019.

"La alternativa es, claro está, es aceptar que es necesario regular todas las drogas y canalizar los miles de millones de pesos que hoy son…

“Desde luego, quienes defienden el prohibicionismo en materia de drogas podrían aceptar lo dicho por la Comisión Global sobre Políticas de Drogas o el estudio de The Lancet, pero argumentar que, dado que todas las drogas causan algún daño, entonces todas, incluyendo el alcohol o el tabaco, tendrían que ser prohibidas”. Foto: Semar, Cuartoscuro.

Tal como está planteada actualmente, la división entre drogas legales e ilegales tiene poco sentido.

La conclusión de un reporte de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, dado a conocer recientemente por la revista The Economist, es contundente: el sistema que se utiliza actualmente para clasificar a las drogas según sus riesgos o beneficios carece de fundamento científico. De acuerdo con esta importante Comisión, un claro ejemplo de ello es que siguiendo el método actual aquellas sustancias sin posible uso medicinal, sin importar lo bajo que sea el riesgo que implican, entran automáticamente a la lista de drogas consideradas como altamente peligrosas. [1]

No es la primera vez que un argumento de esta naturaleza es planteado tan claramente. El ejercicio más notable es quizás la investigación sobre el daño que producen algunas drogas, publicada en 2010 por The Lancet, una de las revistas de investigación científica más importantes del mundo. En ese influyente artículo, 14 drogas distintas son jerarquizadas de acuerdo con el nivel de peligro que representan. A su vez, el nivel de peligro está determinado por dos criterios complementarios: (a) el daño que la droga causa a la persona que la consume y (b) el daño que la droga causa a la sociedad a través de la persona que la consume -desde accidentes o crímenes hasta el costo que la atención médica representa para el Estado-.

El ranking que se deriva de este estudio es el siguiente:

1) Alcohol.

2) Heroína.

3) Crack.

4) Metanfetaminas.

5) Cocaína.

6) Tabaco.

7) Anfetaminas

8) Cannabis (mariguana).

9) Benzodiazepina.

10) Ketamina.

11) Metadona.

12) Éxtasis.

13) LSD.

14) Hongos [2].

Considerando lo anterior, es fácil ver que las conclusiones de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas son consistentes y que las evidencias las respaldan. Por tanto, quienes insisten en prohibir todas las drogas tienen que enfrentar una tensión importante esperando ser resuelta: por una parte, los criterios empleados actualmente para prohibir las drogas contradicen a los estudios científicos más importantes. En este sentido, tomar como referencia estos criterios implicaría un cambio radical en nuestra manera de concebir las drogas. Por otra parte, no parece haber forma racional de justificar otros criterios disponibles para sostener el prohibicionismo.

Quienes defienden la prohibición de todas las drogas pueden intentar resolver esta tensión rechazando el segundo cuerno de esta tensión; es decir, postulando que, contrario a lo que parece, sí hay forma de justificar la pertinencia de sostener prohibición radical. Una forma de hacerlo es argumentando que lo ideal sería reemplazar los criterios científicos respaldados en estudios por criterios basados en alguna religión. Sin embargo, un problema inmediato con este enfoque es que no necesariamente todas las religiones tienen los mismos puntos de vista en este sentido. Todavía más problemático resulta aceptar en una democracia que criterios exclusivamente religiosos terminen por delinear las políticas de un Estado que tendría que ser laico. La religión queda, entonces, fuera de la lista de opciones en la mesa de los prohibicionistas que quieran defender su punto racionalmente.

Desde luego, siempre se puede decir que no es necesario apelar a criterios religiosos pues basta con considerar criterios morales seculares. Pero si este es el caso, por principio de cuentas, se tendría que establecer que tipo de teoría de normatividad moral será la suscrita. El problema es que, contra lo que suele suponerse, la normatividad moral es una pista con varios carriles con antigüedad milenaria. No es posible revisar aquí todas las opciones disponibles, pero si se trata ilustrar la clase de problemas que esto implica basta con considerar la posibilidad de optar por un esquema de una ética de virtudes. Si tomamos prestado el marco teórico de esta teoría moral, y si adicionalmente, estirando la liga para fines del argumento, consideramos que consumir drogas es contrario la virtud y que el Estado tiene que prohibir lo que es contrario a la virtud, entonces todas las drogas tendrían que ser prohibidas. Desde luego, suponer que el Estado debe ser una policía de virtudes es, claramente, inaceptable. Lo importante aquí es que el proceso para determinar qué constituye o qué no constituye una virtud es más complejo de lo que esta opción supone.

Alguien que insista en defender el prohibicionismo duro podría decir que, en lugar de apelar a la evidencia científica sobre los efectos de las drogas, o en vez de tomar como referencia la religión o la moral, tenderíamos que basarnos en la costumbre. Esto es, que lo mejor es dejar las cosas como están porque que ya es demasiado tarde para revisar o hacer cambios legales radicales. Un argumento de este tipo, sin embargo, tampoco se sostiene. Y no se sostiene, en primer lugar, porque no tiene sentido determinar lo legal o lo ilegal con base en lo que ha sido o es permitido en un rango de tiempo determinado. Si este fuera el caso, las mujeres no hubieran podido votar o la esclavitud jamás hubiera sido abolida. Por ende, éste no puede ser un argumento válido para establecer los criterios para lidiar con las drogas. Otra forma de responder al argumento de la costumbre es objetando que, evidentemente, el mundo no inició ayer y que hay drogas que fueron permitidas más tiempo del que llevan prohibidas -como la mariguana o los hongos-. Esto es, si se quiere usar la costumbre como base sin incurrir en contradicciones, entonces drogas que actualmente son ilegales deberían ser permitidas.

Desde luego, quienes defienden el prohibicionismo en materia de drogas podrían aceptar lo dicho por la Comisión Global sobre Políticas de Drogas o el estudio de The Lancet, pero argumentar que, dado que todas las drogas causan algún daño, entonces todas, incluyendo el alcohol o el tabaco, tendrían que ser prohibidas. El primer problema con este enfoque es que no sería consistente si el Estado no prohíbe a rajatabla y sin matices todo lo que causa algún daño, desde alimentos con poco valor nutricional hasta relaciones sociales destructivas. Pero esto es obviamente problemático. Algunos productos nocivos -por ejemplo, los refrescos- pueden ser prohibidos a menores de edad y su consumo puede ser desincentivado mediante impuestos, restricciones en publicidad o etiquetado adecuado; pero prohibir a adultos el consumo de todo lo que no les conviene sería un sinsentido y un ataque a las libertades individuales.

Finalmente, quienes defienden el prohibicionismo pueden adoptar un enfoque híbrido y postular que sólo las drogas que causan el mayor daño deben ser prohibidas. Pero entonces tendrían que elegir un parámetro para hacer un “corte” en nuestra lista. ¿Deberíamos prohibir la mitad más peligrosa, las primeras tres en la lista, o sólo la primera? En cualquier caso, no hay duda de que el alcohol tendría que ser prohibido, pues no sólo es la sustancia que más lesiones causa cuando se consideran los criterios de daño al individuo y daño a la sociedad en conjunto; cuando se consideran estos criterios por separado el alcohol es también es la droga que más lastima a la sociedad y el cuarto lugar en lo referente a daños causados al individuo. Pero esta opción resulta inaceptable cuando se considera que el alcohol es legal actualmente, en buena medida, porque las consecuencias de prohibirlo fueron más graves que las de permitirlo. Por ende, volverlo ilegal implicaría repetir un error sobradamente documentado -en México conocemos a nuestra manera muy bien las consecuencias de esta dinámica-.

Para quienes defienden el prohibicionismo no parecen quedar opciones sobre la mesa. La alternativa es, claro está, es aceptar que es necesario regular todas las drogas y canalizar los miles de millones de pesos que hoy son empleados en “combatirlas” a políticas o programas enfocados completamente en la salud o en la educación. Los efectos de lo hecho por países como Portugal, que descriminalizó todas las drogas en 2001, tendrían que ser un referente en este sentido -en México, esto incluso podría implicar una disminución en la violencia derivada de la disputa por las rutas de comercialización-. Lo importante aquí es que si lo que si lo que verdaderamente se busca es tratar las drogas de acuerdo con el daño que éstas generan, entonces no hay otro criterio que el que ofrecen los estudios científicos más confiables. Y que, si este es el caso, no tiene sentido seguir esperando para reformular la política para lidiar con las drogas con base en este criterio.

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Por Antonio Salgado Borge.
Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

12, 088. EL CÁRTEL POLICIACO QUE PROHIJÓ GARCÍA LUNA.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI.

Por Ricardo Ravelo.
SinEmbargo. Julio 05, 2019.

"García Luna se ha mantenido impune pese a estos antecedentes y no obstante que es el artífice de la desgracia que vive el país en…

Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.

Infiltrada por el crimen organizado, con elevados niveles de corrupción que la volvieron inoperante, la Policía Federal se resiste a desaparecer en el Gobierno de la Cuarta Transformación: miles de efectivos de esa corporación realizan paros y protestas y sin argumentos sólidos se niegan a adherirse a la Guardia Nacional, cuyas operaciones ya iniciaron en 151 regiones del país.

Este embrollo se suma a otros conflictos que brotaron aparentemente por acciones injustas: el despido de trabajadores de Notimex y Canal 11, por ejemplo, donde la situación laboral es ríspida a pesar de que los directivos de esas empresas oficiales están cumpliendo con las liquidaciones de ley, según han dicho sus respectivos directivos.

La protesta de los policías federales, sin embargo, ya alcanzó niveles de confrontación política. Al señalamiento del Presidente López Obrador de que detrás de la protesta “hay mano negra” Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, le puso nombre y apellido: dijo que el instigador de esta revuelta de policías es el ex Presidente Felipe Calderón y, por otra parte, también fue señalado Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación y actual Senador del PRI como otro de los que, soterradamente, empujaron el conflicto.

Tan pronto como su nombre apareció en este enredo Felipe Calderón salió a desmentir que esté detrás del conflicto policiaco, pero si Alfonso Durazo lo señaló como principal agitador del problema es que debe tener pruebas o evidencias de ello.

El levantamiento de agentes federales, en el fondo, no tiene razón de ser. En este caso le asiste la razón al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo: no se está despidiendo a nadie injustamente, por el contrario, en esta transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional se están respetando las prestaciones de ley, incluso se les otorgó un seguro privado, que es independiente del ISSSTE, además, a los agentes se les está enviando a zonas del país donde radican sus familias, en la mayoría de los casos, y se evita en lo posible que estén recorriendo la República, como ocurría en otros sexenios, sin tener objetivos claros en el combate a la delincuencia.

El movimiento de los agentes federales está motivado por un rechazo a la Guardia Nacional, pero sin argumentos. La posición del Gobierno federal es más que elástica por lo que ya se dijo y porque su incorporación al nuevo cuerpo de seguridad es voluntario y no obligatorio; el policía que no quiera estar será remitido a otras áreas de seguridad, pues la Policía Federal dejará de existir en un lapso de 18 meses, según expuso la mañana del jueves 4 el Presidente López Obrador durante su conferencia mañanera.

“Hay mano negra”, dijo el Presidente en un video difundido el miércoles 3, poco después de que los agentes federales realizaron un paro de diez horas con bloqueos en las vialidades de la Ciudad de México y en algunas casetas de las autopistas de Hidalgo, Querétaro y Morelos, generando un verdadero caos vial, irritación social y cuantiosas pérdidas económicas. Los paros y protestas continuaron el jueves 4, sin que autoridad alguna pudiera, hasta ese momento, llegar a un acuerdo con los manifestantes.

La Policía Federal fue el último experimento que realizó Genaro García Luna, entonces poderoso Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. García Luna fue el artífice de los modelos policiacos con los que operaron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y en todos fracasaron porque no terminaron con la corrupción policiaca.

Corrupción sin límite.

 La historia de la Policía Federal remite a casos de corrupción emblemáticos, infiltración del crimen organizado y acciones criminales que desde el sexenio de Vicente Fox a la fecha continúan a lo largo y ancho del país.

Cabe destacar, por ejemplo, que en el Gobierno de Vicente Fox –se recordará por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán a tan sólo un mes de haber iniciado su gobierno– cientos de policías federales adscritos al estado de Guerrero formaban parte del escuadrón de la muerte que servía a los intereses del cártel de Sinaloa y, en particular a la célula de los hermanos Beltrán Leyva, cuando eran amos y señores en esa entidad del Pacífico mexicano.

De las filas de la Policía Judicial Federal –antecedente inmediato de la actual Policía Federal –emergieron figuras como Adrián Carrera Fuentes, director de esa corporación en el Gobierno de Carlos Salinas, quien terminó al servicio de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Al arrancar el Gobierno de Vicente Fox se enquistó en el poder un personaje siniestro que por años operó en los sótanos del Cisen bajo las órdenes de Jorge Tello Peón, el mismo que estaba a cargo de la seguridad del país cuando “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de Puente Grande: Genaro García Luna, el experto en seguridad que dio forma a dos proyectos policiales en un par de sexenios –Fox y Calderón– y que terminaron convertidos en un verdadero fiasco.

Con Fox surgió la Agencia Federal de Investigación (AFI), y no fue diferente a la Judicial Federal, de donde salieron sus agentes; más tarde, ya con Calderón, García Luna creó la Policía Federal Preventiva (PFP), otro instrumento que utilizó para brindar protección al crimen organizado, según evidencias documentadas. Y después prohijó a la Policía Federal que por desgracia devino en un cártel tan pernicioso como el propio crimen organizado.

Un dato, revelador por donde se le mire, es la intercepción que sufrió García Luna en una carretera de Morelos en tiempos de Calderón. Agentes federales relataron en una carta dirigida entonces a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que titular de la Secretaría de Seguridad Pública fue bajado de su vehículo por sicarios al servicio de Arturo Beltrán Leyva, quien en esos años radicaba en Tepoztlán, Morelos.

Hasta el refugio del capo fue llevado García Luna –según la misiva– y, frente a “El Barbas”, tuvo que aceptar el regaño porque no estaba cumpliendo los acuerdos pactados con el cártel. Beltrán Leyva, según aquella carta, se quejó de que García Luna no estaba respetando los compromisos y que de no hacerlo acarrearía consecuencias. Después del regaño, el funcionario federal fue llevado de nuevo a su vehículo.

Fue evidente que la Policía Federal en manos de García Luna no actuó en contra del cártel de Sinaloa mientras Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, se mantuvo al frente de esa organización. Si fue eficaz en contra de Los Zetas, rivales de Sinaloa, y de otros grupos antagónicos como La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios.

Aquel episodio con Beltrán Leyva no fue el primero que puso en evidencia a García Luna por sus presuntos nexos con el narcotráfico: en el juicio que enfrentó Joaquín Guzmán Loera en Nueva York el exfuncionario federal fue acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa para que les dejaran operar con libertad el tráfico de drogas. Se habla de millones de dólares que, según esos testimonios, eran entregados en maletas a García Luna en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Quizá por ello la Policía Federal fue un instrumento del régimen panista para proteger intereses del crimen, según queda claro ahora. Nunca fue sometida a un saneamiento a fondo y siguió operando con elevados índices de corrupción y nadie duda que por esa razón ahora los agentes federales se resistan a ser parte de la Guardia Nacional, donde saben que los controles son más estrictos porque sus mandos son militares.

García Luna se ha mantenido impune pese a estos antecedentes y no obstante que es el artífice de la desgracia que vive el país en materia de seguridad.

La Policía Federal, en realidad, fue su instrumento en la corrupción. Tan contaminada estaba esa corporación que ni el propio Felipe Calderón echó mano de esa institución cuando le declaró la guerra al narcotráfico –guerra fallida, por cierto –porque tales acciones las realizó el Ejército y la Marina, aunque con pésimos resultados. Los agentes federales, si acaso, fueron utilizados para realizar algunos operativos, instalar retenes, pero lo curioso de todo esto es que iban de un lado para otro sin información para detener a los criminales.

En aquella guerra hubo acciones de risa. Un ejemplo: Cuando los policías solicitaban el apoyo de una aeronave, por ejemplo, durante la implementación de los llamados Operativos Conjuntos, ésta se tardaba horas en arribar al lugar, lo que impedía la captura de algún narcotraficante importante. En pocas palabras, los agentes federales jugaban al policía porque sus acciones eran muy limitadas ¿Por qué? Así convenía al régimen.

Los agentes se acostumbraron a la corrupción, al cobro de viáticos sin trabajar, a los operativos sin resultados, a recibir dinero del narcotráfico, a patrullar el país con acciones “pantalla” porque en su historia reciente no hay capturas relevantes de capos del narcotráfico. Al Chapo Guzmán jamás lo molestaron, por ejemplo. Estaba arreglado con la cúpula del poder.

Para decirlo con todas las letras: la Policía Federal se convirtió en un cártel pagado por el Estado y al servicio del crimen organizado. Por esas razones, en los años noventa, desapareció la Dirección Federal de Seguridad –la policía siniestra del sistema –y por esas mismas razones ahora se disolverá, en 18 meses, la Policía Federal. Quizá por ello es mencionado Felipe Calderón como instigador del conflicto, pues al desaparecer la Policía Federal también desaparece un instrumento político del panismo.

Nada ha cambiado en la Policía Federal. La corrupción sigue en sus filas, según dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y lo ejemplificó con un caso escandaloso:

La mañana del jueves 4, dijo en la conferencia mañanera que se indaga la compra de un equipo de inteligencia –conocido como “Rafael”– en 2 mil 458 millones de pesos cuando, en realidad, su costo es menor. Para Alfonso Durazo existen evidencias de un sobreprecio que tuvo beneficiarios directos y por esa razón el caso ya se investiga.

Lo grave es que el Gobierno federal insista en que todos estos elementos contaminados se incorporen a la Guardia Nacional. Quizá sea mejor que no lo hagan y que los agentes sean adscritos a otras áreas, de otro modo la nueva corporación policiaca corre el riesgo de caer en los mismos vicios del pasado.

En medio de este conflicto policiaco, la inseguridad galopa por todo el territorio, imparable. A esto también se suman los conflictos laborales por los despidos de trabajadores de Notimex, la agencia noticiosa del Gobierno, y del Canal 11, quienes protestan por que aducen que sus despidos son injustos.

No es todo: Al Gobierno de la Cuarta Transformación –que el 2 de julio celebró el triunfo de López Obrador –le llueve a cántaros: sigue el problema del desabasto de medicamentos, continúan los conflictos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco y el impedimento legal –a través de amparos –para echar a andar la obra en Santa Lucía. Y a todo esto se suma la recesión económica, pues el Gobierno federal tiene paradas las obras más importantes por falta de dinero, lo que quiere decir que el presupuesto sigue sin ser dispensado para poner en marcha el país. Lo más grave de todo es que al Gobierno de nada le sirve tener guardado el dinero, pues se da como un hecho que en este año habrá subejercicio porque no les dará tiempo gastarse todo lo que tienen retenido.

Francisco Lozada: Robar a los cañeros.

Acusado de actos de corrupción y de tener presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco, Francisco Lozada Bravo, dirigente de la Unión Cañera Gramínea –abastecedora del ingenio San Cristóbal– desapareció la semana pasada y nos comentan que ni siquiera asistió a un foro cañero al que estaba invitado en el puerto de Veracruz, donde se dieron a conocer avances en materia de producción de azúcar y los nuevos horizontes que se exploran con la caña de azúcar.

Según las pesquisas que obran en una carpeta de la Fiscalía General de la República contra una célula del cártel de Jalisco que opera en la Cuenca del Papaloapan, Francisco Lozada ha amasado una fortuna que, según los análisis más elementales, no es posible obtenerla de las ganancias ni del rendimiento de la caña de azúcar, menos del presunto robo de recursos destinados a los caminos, otorgados por la industria azucarera.

En su haber existen ranchos, extensiones de cañaverales de más de cien hectáreas, casas que se valúan hasta en diez millones de pesos, caballos de carrera, Cuarto de Milla, por lo menos, con un costo de más de un millón de pesos, y decenas de vehículos de lujo que adquiere cada vez que un capricho lo atenaza.

Se asegura que una parte de su riqueza –amasada en dos zafras, algo verdaderamente increíble–proviene de la corrupción que ha prohijado en la organización Gramínea, donde no se le audita ni se le exigen cuentas, pues el abono para fertilizar los sembradíos de caña lo vende a los cañeros con sobreprecios, de igual forma existen presuntas negociaciones leoninas con los directivos del ingenio San Cristóbal que afectan al productor de caña pero a él le reditúa ganancias millonarias. En pocas palabras, ha traicionado al gremio cañero y el ejemplo está a la vista de todos: mientras Lozada Bravo se enriquece cada vez más y los productores siguen sumidos en la desgracia.

Sin embargo, el líder cañero, de acuerdo con las indagaciones de la FGR, estaría vinculado a una célula del Cártel de Jalisco que opera en la Cuenca del Papaloapan y que está bajo la protección de las policías municipales. A este grupo estarían ligados otros políticos de la zona, también relacionados con el gremio cañero, que ya son investigados a nivel federal.

El jueves 4 se le buscó vía telefónica al líder cañero para concertar una entrevista y conocer su opinión sobre los señalamientos que pesan en su contra, pero se negó a otorgarla. En breve charla por WhatsApp, dijo:

“Yo me dedico a trabajar y soy enemigo de ese ambiente”, dijo en referencia al crimen organizado, particularmente al Cártel de Jalisco, grupo con el que se le relaciona.

Luego añadió: “Yo sólo trabajo hasta donde me corresponda y que los demás hagan lo pertinente, de mi pueden hablar eso y más…”, y luego cortó la comunicación.

Según algunos productores de caña consultados, Francisco Lozada ya prepara su reelección al frente de la Unión de Cañeros de Gramínea, en Carlos A. Carrillo, Veracruz, lo que parece inminente a menos que la FGR o un cártel rival al de Jalisco se le atraviese en el camino. Lozada Bravo no parece estar dispuesto a dejar su cargo ni a celebrar elecciones democráticas, pues su posición es más que ventajosa: Su fortuna aumenta en cada periodo y nadie le exige cuentas.

Lo que sí es un hecho es que su caso ya es motivo de escándalo en el gremio cañero al que pertenece, pues tampoco dan crédito a un enriquecimiento descomunal en menos de dos años.

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Por Ricardo Ravelo.
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

12, 087. LA FISCALÍA GIRA ORDEN DE ARRESTO CONTRA LOZOYA, SU HERMANA, SU ESPOSA Y SU MADRE; SON FUGITIVOS.


Enviado por SinEmbargo.
Desde la Cd., de México. Para
Tenepal de CACCINI.

Además de la orden de aprehensión, Lozoya y su familia cuentan con una ficha roja por fugitivos. Foto: Cuartoscuro.

Por Redacción/SinEmbargo.
SinEmbargo. Julio 05, 2019.

La esposa, la madre y la hermana de Emilio Lozoya, además de la orden de aprehensión, “cuentan con Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos”.

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Lozoya pide por escrito a Juez que cite a declarar a EPN, Videgaray, Coldwell, Ochoa Reza y Messmacher.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Algunos miembros de la familia de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, actualmente prófugo, ya tienen una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de captura contra la esposa, la madre y la hermana del ex director de Pemex, por el caso Odebrecht.

“Ayer, la Fiscalía General de la República obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de Emilio “L”, Marielle “E”, Gilda “A”, Gilda “L” y Nelly “A”. Estas mismas personas cuentan con Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (PEMEX)”, indica la FGR en un comunicado.

Además, la FGR señaló que a pesar de que este caso se inició desde 2017, hasta la fecha no se había obtenido la judicialización. Y añadido que el Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria “para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.

Sobre esta orden, Javier Coello, abogado de Lozoya, confirmó que las cuatro órdenes de aprehensión son en contra de la madre, esposa y hermana del ex director de Petróleos Mexicanos. “Es la mamá de Emilio Lozoya, dice Nelly [mamá], Mariel es la esposa, Gilda es la hermana”, destacó el litigante en entrevista con MVS.

Informó que la orden contra Lozoya no sorprendió, pero la de la familia no la esperaban. “Con todo respeto, esto confirma mi teoría de que es una persecución contra toda la familia”, dijo Coello.

Además negó que su cliente esté en Alemania, como trascendió en días pasados y dijo que está en México. Destacó que lo que pasa con el caso “no es procuración de justicia”.

“Usted haga la conjetura, no sé en qué se haya basado la Fiscalía General y si ocultaron pruebas están violando la ley”, argumentó sobre la carpeta de investigación.

El paso siguiente sobre las órdenes presentadas será el amparo, informó. “Me voy al amparo para conocer la orden de aprehensión para ver en qué se basó”.

Descartó la posibilidad de que se entregaran las personas imputadas, “por eso no lo presente (a Lozoya)”, destacó Coello. Adelantó que en el tema de Odebrecht “van a haber otros que saben cómo está esto”.

Finalmente desmintió versiones periodísticas que plantearon que Lozoya estuviera pidiendo la posibilidad de ser tratado como testigo protegido.

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Juez impide a la FGR transferir o vender casa en la CdMx de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

PIDE SER TESTIGO PROTEGIDO.

Al pasado 3 de julio, el diario El Heraldo afirmó que Lozoya Austin interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar a la figura de testigo protegido, a fin de que colabore en la investigación por la probable compra irregular de la planta Agronitrogenados.

A través de su abogado, Coello Trejo, el exfuncionario federal habría informado a la FGR que está dispuesto a dar datos sobre la verdad jurídica, así como aclarar la participación de funcionarios “del nivel que sea”.

El rotativo recordó que el Código de Procedimientos Penales, en su artículo 256, señala que los criterios de oportunidad se aplican cuando se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia, mientras que el artículo 257 se establece que se extinguirá la acción penal contra el acusado o imputado que obtenga el beneficio de ley.

Según El Heraldo, la figura jurídica también detalla que se podrá acceder al principio cuando el acusado aporte datos esenciales para la persecución de un delito más grave que el que se le acredita, que la información derive en la detención de un imputado diverso y que se comprometa a comparecer en el proceso penal.

Este criterio de oportunidad se podrá ordenar en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. El medio aseveró que la solicitud de principio de oportunidad fue registrada por los abogados del ex director de Pemex a mediados del mes pasado y el agente del Ministerio Público de la Federación, encargado del caso, se encuentra analizándola.

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Emilio Lozoya está dispuesto a cantar y pidió a la Fiscalía ser “testigo protegido”, dice El Heraldo.

Lozoya Austin expone en el documento que se mantiene vigente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en acciones de lavado de dinero, cuya conducta no amerita prisión preventiva oficiosa; y por ello, en caso de que se le otorguen las garantías, estaría dispuesto a colaborar.

A su vez, la FGR reportó que la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, en la que se revisa la participación de exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex en la presunta compra irregular de Agronitrogenados, en 2014, a un sobreprecio de 475 millones de dólares, sin que probablemente Pemex obtuviera algún beneficio, está en la etapa final de integración.

El expediente contiene los nombres de 15 personas, entre secretarios, subsecretarios y coordinadores de Pemex, los secretarios de Hacienda y Medio Ambiente, quienes debieron conocer, por normativa, la compra que encabezó Lozoya Austin.

El 1 de junio pasado, al menos dos medios dieron a conocer, citando fuentes oficiales, que Lozoya Austin escapó de las autoridades mexicanas, y habría dejado el país rumbo a Alemania desde el pasado 30 de abril, sin embargo, su abogado afirma que el ex funcionario federal está en México.

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Por Redacción/SinEmbargo.

12, 086. ES DE SABIOS RECTIFICAR.


LA FERIA.

Por el Sr. López.
Periodista critico.
Desde Chiapas.
México. Para
Tenepal de CACCINI

Es de sabios rectificar.
Macro se llamaba un tío abuelo de la abuela Elena (la paterno-autleca, la de allá de Jalisco), del que contaba no supo nunca cuántos hijos tuvo, ni cuántas tierras ni cuántas cabezas de ganado, porque era mucho de todo, de hijos, de tierra y ganado, que andaba suelto en los montes (para vender, mandaba caporales y  vaqueros, y regresaban con cuantas reses les hubieran dicho… a veces centenares). Fallecido el fino caballero a fines del siglo XIX, su esposa legítima (la tercera legítima, enviudó dos veces), resultó ser su heredera universal y -contaba la abuela- era una señora de no más de 40 de edad, muy desconfiada, que lo primero que hizo fue contratar topógrafos y mandarlos con 20 peones a marcar con mojoneras los linderos de sus propiedades: los proveyó con buenas monturas, una recua de mulas con bastimento, dinero suficiente… y jamás volvieron a ser vistos. Desconfiaba también la viuda de caporales y vaqueros, segura que bajaban cabezas y las vendían por su cuenta: los despidió a todos y contrató en su lugar a gente de por ahí mismo de Autlán y desde la primera vez que los mandó a bajar reses, nunca volvió ninguno. Los hijos legítimos del difunto Macro, de mala manera le dieron a escoger a su mamá o madrastra, entre quedarse encerrada en la Casa Grande de la hacienda, o irse a Guadalajara (eso hizo y decían que hacía otras cosas, pero no le interesa y además, muy su asunto de ella); los hijos llamaron a los anteriores caporales y vaqueros y volvieron las cosas al estado que guardaban antes: sí les robaban reses, claro, pero volvieron a ganar carretadas de dinero. Cosas de antes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, dice (en www.fao.org/3/j7507s/j7507s10.htm), que el Banco Mundial (BM) afirma que ponen en riesgo la estabilidad política de un país ‘el riesgo de golpe militar, rebeliones, terrorismo político, guerra civil, conflictos armados, entre otros’; y que la estabilidad política es un pilar de la democracia plena. Señala también (ya en plan de molestar), la importancia de dos cosas: la primera, ser políticamente estables y que así sean percibidos por los otros países; y, segunda, que los inversionistas confíen en la estabilidad de un país y su seguridad, pues les interesa (algo) que ‘factores extra sectoriales no afecten la rentabilidad del negocio’. En conclusión: sin estabilidad política y/o sin seguridad pública, se pone en riesgo ‘la capacidad de una región o país para atraer inversiones’, y eso disminuye el crecimiento económico y en su lugar, lo que crece son los problemas sociales. Señores de la FAO: no necesitábamos que nos lo dijeran ustedes ni el BM. No somos tan tarugos… ¿o sí?

Sin embargo, este menda lo menciona porque pareciera recomendable que alguien le notifique eso al gobierno federal actual. En buen plan.

Ya sabemos que la inseguridad pública viene de antes; ahora sabemos que está creciendo.

No supimos antes que hubiera descontento entre los integrantes de nuestras fuerzas armadas y policiacas, ahora ya sabemos que cuando menos algunos, están que trinan.

La inseguridad pública es la única asignatura pendiente que acepta nuestro Presidente y ha dicho que sin eso no habrá 4T… y no solo se ha agravado la inseguridad sino que ahora atestiguamos actos de abierta rebeldía e insubordinación de parte de la Policía Federal a causa de errores, metidas de pata y majaderías innegables en su contra. En este país desde hace 149 años cuando menos, no pasaba algo así.

No están contentos todos en las fuerzas armadas, pero podemos confiar en su disciplina. Tampoco están contentos todos los policías federales, pero su disciplina no es militar… ni debe ser.

Este Presidente y este gobierno federal, han descalificado, desdeñado e insultado a nuestra Policía Federal que según el Inegi, tiene el 70% de confianza de la ciudadanía.

Nuestros policías federales arriesgan diario la vida y ponen los muertos.

No es correcto olvidar su activa colaboración para meter a la cárcel a la Tuta y al Chapo, y en cintura a los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y los Zetas, digo, por si le parece poco. En nuestra Policía Federal no son santos, nadie es santo y debe haber elementos podridos… bueno, pues contra ellos, pero no contra todo el Cuerpo que merece respeto (y lo tiene).

Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública nuestro Presidente nombró a tal Alfonso Durazo, señor con dos licenciaturas, un doctorado… y cero experiencia en seguridad pública (y privada):

De 1973 a 1982: chambeó en la Dirección General de Información y de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación (Segob); de 1983 a 1985: subdirector de Difusión en Programación y Presupuesto; de 1992 a 1993, secretario particular de Colosio; muerto él fue secretario general de Desarrollo Social de la hoy CdMx y después, titular general de Comunicación Social de la Segob. De 1995 a 1996, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Luego, secretario particular, vocero y coordinador de Comunicación Social de Vicente Fox.

Le renunció a Fox el 5 de julio de 2004, y publicó en la prensa nacional el largo texto de su renuncia, en la que aparte de bailarse el zapateado en la esposa del Presidente,  dice:

“(…) es necesario restituir tranquilidad al ambiente político; cerrar el capítulo de la confrontación, para evitar que las instituciones se contaminen con el conflicto político a niveles que resulten irreversibles (…) este proceso de descomposición política que estamos viviendo se atribuye cada vez más a los tiempos de democracia que hoy conoce el país. Es imprescindible revertir la percepción social de que la democracia puede llevarnos a la degeneración del Estado (…) Por el bien del país, el presidente de la República no puede tener proyecto político después de gobernar”.

Ojalá nadie le lleve el chisme a nuestro Presidente: don Durazo piensa esas cosas… o las pensaba, ya ve que es de sabios rectificar.

12, 085. DE “ALTO NIVEL”, ¡UN EJÉRCITO DE UN MILLÓN 400 MIL SUJETOS!


Reporte- Z

Por Rafael Gomar Chávez.
Filósofo y periodista.
Desde Michoacán.
México. Para
Tenepal de CACCINI

De “alto nivel”, ¡un ejército de un millón 400 mil sujetos!


La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente. Solón, uno de los 7 Sabios de la Antigua Grecia.

Los legisladores de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC (los mismos que aprobaron el gasolinazo y el Pacto Contra México) protestaron y expusieron argumentos durante más de cinco horas, pero al final no pudieron evitar que se aprobara la Ley de Austeridad Republicana, en especial, la relacionada con la prohibición de que durante 10 años, los funcionarios de nivel alto jerárquico trabajen en consorcios privados, parece una injusticia, pero no lo es tanto si se recuerda los casos más recientes que involucraron a ex-presidentes Zedillo, Salinas y Calderón, sujetos que fungían como “consejeros” de consorcios privados.

Eso de “consejeros” es sólo un eufemismo para disfrazar la venta de información privilegiada que los ex-presidentes tienen en su poder, sin mencionar a otros ex-funcionarios que hicieron exactamente lo mismo que los ex-presidentes.

Y, ¿Cuántas personas son parte de los niveles jerárquicos de alto nivel?, me pregunté inocentemente, bueno se trata de ¡un millón 400 mil servidores públicos! ¡Casi un millón y medio de jerarcas que seguramente llegaron a esos puestos de alto nivel gracias a sus nexos con los jerarcas de los partidos políticos!

¿Porqué no investigar cuántos de esos sujetos “de alto nivel” son millonarios? Porque seguro que uno de los argumentos del PRIANRD más el MC, expresado como  interrogantes sería: ¿pero cómo se van a mantener los pobres ex funcionarios si no pueden trabajar en un consorcio trasnacional en donde sí les paguen lo que valen sus conocimientos y gran experiencia?, ¿qué harán para sobrevivir los pobres, poner un puesto de tortas? ¿Vender golosinas en la vía pública? ¿Acaso no saben que muchos de ellos, la mayoría, tienen maestrías, doctorados o cuando menos un diplomado en una universidad extranjera, como esas en las que el corrupto ex presidente Salinas de Gortari dictaba sus conferencias magistrales?

Siguiendo con las interrogantes, ¿No vulnera los derechos constitucionales y humanos de esos buenos mexicanos que se la rifaron durante tantos años poniendo el trasero para que los jefes de jefes de los partidos políticos los patearan, impedirles poner en juego su experiencia y conocimientos para vivir como ellos merecen, es decir, con todos los lujos y privilegios de lo que se conoce como la burocracia dorada? ¿Qué importa si venden información privilegiada?  Los quejosos interpondrán una querella ante la Suprema (¿por qué “Suprema”?) Corte de Justicia y conociendo a estos sujetos es posible que prospere.

La Ley de Austeridad Republicana golpea los privilegios de los ex jefes de jefes, los ex presidentes, a quienes se les quitó sus millonarias pensiones, por lo que los legisladores del PAN propusieron que cuando menos se mantenga la protección a los ex jefes de jefes y a sus familias, ya que de lo contrario estarían expuestos a secuestros y otros delitos del crimen organizado, argumentaron los panistas. ¿Porque los expresidentes y sus familias deben tener guardias y guardaespaldas y el resto de los mexicanos no? Tienen miedo, pero sólo están cosechando el repudio de los mexicanos, como le pasó a Vicente Fox que fue expulsado vergonzosamente de una de las marchas que se organizaron contra el gobierno de López Obrador hace algunos días, el otro panista ex presidente Felipe Calderón, comprendió que no es querido por el pueblo y se abstuvo de participar en las manifestaciones fifí de protesta.

La ley del karma, así conocida por los amantes del universo esotérico y de las ciencias ocultas, nos dice que nadie se salva de las consecuencias de sus actos, sean buenos o sean malos, nosotros humildes mortales, conocemos esa mentada ley como la ley del sembrador, que de una manera sencilla afirma que nadie puede cosechar lo que no ha sembrado, o dicho propositivamente, cada quien cosecha lo que siembra y cultiva, si Calderón y Peña sembraron violencia, eso cosecharán tarde o temprano, en esta vida o en la otra, pero de que sufrirán las consecuencias de sus actos, lo sufrirán, según Hermes, el tres veces Maestro.

Y ¿el dibujo de Frida?, es sólo una imagen bella, nada qué ver con el tema.

12, 084. AUTORIDADES DEBEN TRABAJAR DE MANERA COORDINADA EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS.


Por Adriana Hernández Iñiguez.
Diputada por el distrito de
La Piedad, Michoacán.
México. Para
Tenepal de CACCINI


Boletín Informativo.
AHI-I-035

La diputada Adriana Hernández Iñiguez llamó a los distintos órdenes de gobierno a estar alertas para evitar afectaciones en la región del Bajío

Morelia, Mich. 04 de julio de 2019. -Para evitar afectaciones a la economía del Bajío, es necesario que las autoridades de los distintos niveles de gobierno trabajen de manera coordinada en esta temporada de lluvias, así lo afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, quien refrendó su apoyo con los agricultores de la región.

La legisladora mencionó que el cambio climático y diversos factores generan que los eventos meteorológicos aumenten y potencien los daños en el sector agropecuario, lo que a su vez, provocaría afectaciones en la economía y en la calidad de vida de las personas que integran este sector.

En ese sentido, la diputada, originaria de La Piedad, afirmó que aún están a tiempo de tomar las medidas necesarias ya que, de acuerdo a las autoridades federales, se prevén fuertes lluvias en 19 estados del país, entre ellos Michoacán, ocasionadas por la onda tropical número 10, que se localizará frente a las costas de Colima y Jalisco.

Hernández Íñiguez recordó que a finales del mes pasado se desbordó un canal de riego agrícola que, inclusive, afectó un albergue de jornaleros en Yurécuaro.

De igual forma, resaltó que en septiembre del año pasado diversas localidades fueron afectadas por las lluvias que, ocasionaron daños a cultivos, sobre todo de maíz.

“Las lluvias afectan la infraestructura vial y los servicios, la agricultura y la ganadería por lo que debemos estar alertas y atentos a las indicaciones que brinden las autoridades y trabajar en equipo, dijo la legisladora tricolor, quien recordó que el Bajío michoacano se encuentra en la región hidrológica Lerma– Santiago–Pacífico, una de las más dinámicas del país, pero también una de las que presentan mayores retos en materia ambiental, dado el deterioro sostenido que ahí se ha venido padeciendo desde hace décadas.

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